martes, 29 de enero de 2013
Los retos internacionales de Obama - E. Kostka Fernández
John Kerry es veterano de Vietnam y proclive a la negociación. Chuc Hagel es un gran conocedor del conflicto árabe-israelí, no en vano fue un alto funcionario durante mucho años en Oriente Medio. John Brenan ha sido en los cuatro primeros años de gobierno de Barack Obama su principal asesor en asuntos de lucha antiterrorista y uno de los protagonistas de la captura de Osama Bin Laden.
Tres caras nuevas para puestos estratégicos que pueden anunciar cambios en la política exterior estadounidense. Varios son los puntos calientes: Irán, Siria, Oriente Medio, Corea del Norte, China, Rusia, Afganistán, Latinoamérica y Guantánamo.
El peligro nuclear de Irán será, sin duda, el conflicto más delicado que deberá enfrentar la administración de Obama. La inestabilidad se incrementará tras las recientes elecciones en Israel y las próximas de Irán. Éste es el gran riesgo que ha de afrontar Barack Obama, pero también la comunidad internacional. Los analistas no se atreven a hacer predicciones, dadas las características de actores políticos como Israel e Irán. El peor escenario posible sería un ataque aéreo contra las centrales iraníes por parte de Israel, que arrastraría a los Estados Unidos a un conflicto que quiere evitar a toda costa. Es conocida la mala relación entre Barack Obama y el primer ministro israelí recién reelegido Benjamín Netanyahu, pero nadie duda del apoyo estadounidense a Israel en caso de conflicto.
Estados Unidos espera que las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad surtan efecto, para no tener que cumplir con su amenaza de usar “todas las opciones”. Obama quiere jugar la carta de la negociación con Teherán y un conflicto bélico con tintes nucleares es la última opción de la agenda presidencial, que presumiblemente sólo iniciarían Israel o Irán, nunca Estados Unidos. El objetivo de la política exterior es claro: que Irán renuncie a su programa nuclear por medios pacíficos.
En todo esto tiene mucho que ver lo que está sucediendo en Siria. No olvidemos que se trata del único aliado de Irán en la región. En este caso el objetivo es que mediante resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, se acabe con el régimen de Damasco y se ponga fin a la guerra civil que asola esta nación. Pero la oposición de China y Rusia en el Consejo de Seguridad, impide de momento una intervención militar como en Libia. Algo que no es descartable en el recién iniciado mandato de Barack Obama, a pesar de que existen actualmente negociaciones para ofrecer una salida a Bachar al Asad y puede producirse una solución sin la intervención exterior. Está por ver.
Aunque la postura estadounidense ha sido de conciliación y apoyo a la democratización en Oriente Medio, el nombramiento de Chuck Hagel como Secretario de Defensa permite ciertas esperanzas de que el conflicto regional no vaya a más y se puedan establecer cauces de diálogo con el nuevo gobierno israelí.
En el norte de África la “primavera árabe” no parece encontrar el verdadero camino a la estabilidad de la región y todo indica que seguirá siendo objeto de preocupación de la política exterior estadounidense, como ocurrió recientemente en Bengasi, con el asalto a la embajada estadounidense, o está ocurriendo estos días en Egipto, donde los muertos en los disturbios ya se cuentan por centenares.
Corea del Norte seguirá siendo punto de atención de la política exterior norteamericana, sobre la que existe cierta expectativa en conocer en qué consistirán los cambios que Kim-Jong-Un ha anunciado un en su mensaje de año nuevo. Como en el caso de Irán, no es previsible una intervención iniciada por Estados Unidos, sino en apoyo de su aliado Corea del Sur.
También actores tradicionales de la política exterior estadounidense como China o Rusia serán objeto de atención de la política exterior dirigida por John Kerry. La batalla en estas primeras décadas de siglo con China será comercial y ya ha empezado. Estados Unidos acusa a Pekín de mantener artificialmente el valor del yuan y de violación sistemática de los derechos de propiedad intelectual de productos americanos. Las negociaciones comerciales entre ambos países y el programa nuclear de Corea del Norte, aliado actual de Pekín, serán dos prioridades del departamento de Estado. El eje Asia-Pacífico será clave en la política exterior estadounidense durante los próximos años y China es la llave.
Respecto a Rusia, Barack Obama es partidario de cooperar con Moscú para avanzar en la eliminación del arsenal de armas nucleares y encontrar en esta nación un aliado para pacificar los puntos calientes de la seguridad internacional. Rusia ya no es el problema que fue, pero seguirá siendo objetivo prioritario de la política exterior norteamericana.
Durante el segundo mandato, Obama retirará las tropas de Afganistán, prevista para 2014, sin que ello suponga renunciar a una posición geoestratégica en la zona, pero sí le permitirá poner fin a la guerra más larga de la nación estadounidense y, lo que resulta importante en estos tiempos, la retirada permitirá reducir el presupuesto militar, actualmente el 4,9% del PIB, tal y como anunció en su programa electoral.
En referencia a Latinoamérica, el proyecto más ambicioso de Barack Obama será la consolidación del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica. Washington tiene interés en abrir el gigante espacio de libre comercio entre los países que conforman el nuevo bloque: Brunei, Chile, Nueva Zelandia, Singapur, Australia, Estados Unidos, Perú, Vietnam y Malasia, esperando que en un cercano futuro se unan Canadá, Japón y México. Pero también mantendrá un ojo sobre las revoluciones bolivarianas, sin que por el momento se le consideren una amenaza o factor desestabilizador de la región.
Un gran asunto está pendiente en la agenda del presidente estadounidense: Guantánamo. En su primer cuatrienio Obama ha sido incapaz de cumplir su promesa electoral y poner fin al penal ilegal situado en la isla de Cuba. Todo indica que ahora sí cumplirá, aunque no de forma inmediata.
Los retos son muchos, pero Barack Obama es consciente de que está en juego el mantenimiento del liderazgo de Estados Unidos en el mundo, o al menos el protagonismo de su nación en un orden internacional que se vislumbra a todas luces multipolar, con actores que no desean ser secundarios como Europa, Rusia o China, y donde también quieren tener voz India, Brasil y alguna otra nación con poder nuclear.
martes, 22 de enero de 2013
Un presidente, dos mandatos y tres juramentos - E. Kostka Fernández
La ceremonia inaugural del segundo mandato presidencial de Barack Obama como cuadragésimo cuarto presidente de los Estados Unidos se celebró dos veces, el domingo 20 de enero en privado en la Casa Blanca y al día siguiente frente al Capitol. La razón de esta duplicidad se debe a una decisión del Tribunal Supremo estadounidense, que establece que el mandato presidencial empieza al mediodía del 20 de enero siguiente a las elecciones, pero cuando ese día cae en domingo el Presidente tomará juramento en privado y al día siguiente realizará el juramento público. Ésta es la séptima vez que el presidente estadounidense jura su cargo un 21 de enero.
Hay también razones de seguridad en la decisión, pero sobre todo la tradición histórica en una nación en la que la fijación de las fechas políticas tiene mucho que ver con la programación en función de la climatología, las cosechas y las largas distancias que debían recorrer los electos. Por ejemplo, las elecciones presidenciales se celebran siempre el primer martes después del primer lunes del mes de noviembre del año electoral, porque por entonces las cosechas ya se habían recolectado y el frío todavía permitía los desplazamientos.
Desde los inicios de la nación, el acto de investidura presidencial se celebró siempre el día 4 de marzo, a excepción de la toma de posesión de George Washington, que fue el 30 de abril de 1789 y las provocadas por la muerte o dimisión del presidente. Sin embargo, en 1933 se aprobó y se ratificó la vigésima enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, promulgándose que tras las elecciones presidenciales, el nuevo Congreso se constituiría el 3 de enero y el presidente tomaría posesión de su cargo el 20 de enero. En los siglos XVIII y XIX cuatro meses se consideraban necesarios para adoptar las medidas del traspaso de poderes y para que los electos se pudieran desplazar hasta la Capital. En el siglo XX dos meses eran suficientes, por eso se aprobó la enmienda que propuso por entonces el senador George Norris.
A lo largo de la historia de los Estados Unidos, la inauguración presidencial y el discurso inaugural han permitido a cada presidente ofrecer una visión sobre el futuro, sostenida en la herencia del pasado de la nación. En esta ocasión Barack Obama no hizo grandes promesas, sino generalidades como: “Estados Unidos seguirá siendo un faro de alianzas fuertes en todos los rincones del mundo”, tampoco vislumbró sus prioridades, pero sí hizo guiños electorales como si aún estuviese en elecciones. Entre ellos: “responderemos a la amenaza del cambio climático, conscientes de que si no lo hacemos, estaremos traicionando a nuestros niños y a las futuras generaciones”, para a continuación abonar el terreno para una de sus futuras acciones legislativas, la reforma migratoria, afirmando que “nuestro camino no estará completo hasta que no encontremos una mejor manera de dar la bienvenida a los esperanzados inmigrantes que siguen viendo a Estados Unidos como la tierra de la oportunidad”.
El tercer golpe de efecto mediático convierte a Obama en el primer presidente en hablar sin rodeos en una ceremonia de investidura sobre los derechos de los homosexuales, exaltando ante el casi millón de conciudadanos que le escucharon en directo, que “nuestro recorrido no estará completo hasta que a nuestros hermanos y hermanas gay se les trate igual que a todos los demás según la ley porque, si nos han creado iguales de verdad, entonces el amor que profesamos debe ser también igual para todos”.
sábado, 19 de enero de 2013
Barack Obama toma posesión de su segundo mandato - E. Kostka Fernández
En el
segundo mandato de los presidentes estadounidenses, desde mediados del siglo
pasado, ha primado más la política internacional y pasar a la historia de la
nación, que la política interna. Comprensible en un sistema electoral de 2
mandatos. Barack Obama no va a ser una excepción. El Presidente se enfrentará a
importantes retos que marcarán su destino histórico como Presidente.
Consiguió salir reelegido Presidente con una cifra de paro superior al 7%, algo que no había logrado ningún otro mandatario en la joven historia de la nación, tras un mandato de corte de centro izquierda y muy alejado del socialismo que proclamaban los editoriales conservadores, con batallas como la sanitaria y con golpes de efecto hacia la minoría mayoritaria latinoamericana, verdaderos artífices de la segunda victoria del Presidente afroamericano.
Consiguió salir reelegido Presidente con una cifra de paro superior al 7%, algo que no había logrado ningún otro mandatario en la joven historia de la nación, tras un mandato de corte de centro izquierda y muy alejado del socialismo que proclamaban los editoriales conservadores, con batallas como la sanitaria y con golpes de efecto hacia la minoría mayoritaria latinoamericana, verdaderos artífices de la segunda victoria del Presidente afroamericano.
En los
próximos meses, Barack Obama tendrá que decidir dónde ser enérgico, dónde ser
cuidadoso, dónde ganar tiempo, qué aparcar y qué ejecutar. Encima de la mesa el mismo
dejó en su anterior mandato asuntos como el migratorio, el equilibrio
presupuestario, el problema energético, el control de armas, Irán, Corea del
Norte, Oriente Medio. Los analistas internacionales coinciden es que es muy
difícil salir airoso de cualquiera de los conflictos mencionados. Algunos
aconsejan cautela, otros exhortan al Presidente a ser audaz, ambicioso y
demostrar que la ola humana de emocionante apoyo del 2008 sí ha podido, “yes we could”. No lo tiene fácil.
La llama de esperanza de que algo podía realmente cambiar se ha ido apagando y el Presidente Obama, al menos en sus primeros 4 años, ha dado verdaderas muestras de que dijo que todo iba a cambiar, pero no ha cambiado casi nada, salvo el Presidente, titulaba la semana pasada el diario NewYorker.
La llama de esperanza de que algo podía realmente cambiar se ha ido apagando y el Presidente Obama, al menos en sus primeros 4 años, ha dado verdaderas muestras de que dijo que todo iba a cambiar, pero no ha cambiado casi nada, salvo el Presidente, titulaba la semana pasada el diario NewYorker.
Su primer
mandato se caracterizó por ser poco ejecutivo y trasladar al Congreso la
redacción de normas tan relevantes como la reforma sanitaria. Comparativamente
con anteriores Presidentes, Barack Obama ha hecho un menor uso de sus
capacidades de impulso legislativo y los poderes ejecutivos para vetar
decisiones del Congreso.
En el ámbito doméstico la legislación sobre el control de armas, especialmente las de asalto, se presenta como una oportunidad estratégica para que Obama deje su huella en la historia política de la nación y, además, resuelva un problema que ha frustrado a los demócratas por décadas.
La Casa Blanca no ha detallado la agenda del segundo mandato de Barack Obama. Una vez que se llegue a un acuerdo presupuestario y fiscal, el Presidente Obama "buscará trabajar en varios asuntos que son determinantes para nuestro futuro, desde la inmigración hasta energía, pasando por la educación y la seguridad nacional", afirmo Jamie Smith, portavoz presidencial.
Difícilmente mantendrá la ilusión que generó hace poco más de cuatro años, pero seguro que lo intentará, si los Republicanos le dejan.
En el ámbito doméstico la legislación sobre el control de armas, especialmente las de asalto, se presenta como una oportunidad estratégica para que Obama deje su huella en la historia política de la nación y, además, resuelva un problema que ha frustrado a los demócratas por décadas.
La Casa Blanca no ha detallado la agenda del segundo mandato de Barack Obama. Una vez que se llegue a un acuerdo presupuestario y fiscal, el Presidente Obama "buscará trabajar en varios asuntos que son determinantes para nuestro futuro, desde la inmigración hasta energía, pasando por la educación y la seguridad nacional", afirmo Jamie Smith, portavoz presidencial.
Difícilmente mantendrá la ilusión que generó hace poco más de cuatro años, pero seguro que lo intentará, si los Republicanos le dejan.
martes, 2 de octubre de 2012
Un orden internacional en transformación - E. Kostka Fernández
Todo ello, unido al proceso de formación de entidades supranacionales y de organizaciones internacionales que se inicia tras la II Guerra Mundial, muestra en la actualidad un orden internacional en transformación, que obviamente afecta a los estados, a las relaciones entre los actores jurídicos y al Derecho Internacional.
Los procesos de creación de entidades supranacionales, la mejora de los transportes de comunicación, la aparición de las tecnologías de la información, la internacionalización de los mercados, la liberación del comercio y otros muchos factores han contribuido a forjar el concepto de “globalización”. Todos estos hechos han incidido de forma directa en el debilitamiento de los estados nacionales, de su soberanía en el sentido clásico y de sus fronteras cada vez más difusas. Esto tiene relevancia, puesto que el Derecho Internacional moderno se elaboró en el marco de una sociedad internacional de Estados soberanos, y aunque lo siguen siendo, han ido perdiendo relevantes parcelas de soberanía, que han cedido a organizaciones políticas supranacionales y a organizaciones internacionales, una veces en forma de unión de estados por medio de tratados internacionales, como es el caso de la Unión Europea, y otras veces constituyendo estados federados, confederados o fórmulas similares.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX se fueron constituyendo diferentes organizaciones internacionales de integración regional y hoy, al menos desde la perspectiva económica, el orden internacional está formado por actores estatales que pertenecen a organizaciones internacionales de integración, con claros intereses económicos y políticos como Mercosur, Nafta o la U.E.
Pero, además, el Derecho Internacional se ve afectado por los procesos de mundialización de la economía, de liberalización del tráfico de mercancías, de capitales y de personas, en definitiva, por lo que se conoce como procesos de integración de mercado y globalización, cuya consecuencia más inmediata es la interdependencia de los estados y de las organizaciones en que se integran, y cuyas manifestaciones más patentes son los fenómenos migratorios, la deslocalización empresarial, el incremento de inversiones internacionales y de sociedades transnacionales, así como la creación de instrumentos financieros y de financiación mercantil internacional.
Las transformaciones a las que hacemos referencia muestran claras implicaciones para el Derecho Internacional, entre las que destacamos en primer lugar la necesidad de la cooperación internacional como elemento vertebrador del Derecho Internacional, cuya manifestación externa la constituyen los distintos foros de naturaleza convencional.
En segundo lugar, y como consecuencia del incremento de la interdependencia económica de los estados, se hace precisa una mayor cooperación internacional para definir los mecanismos de regulación y los instrumentos jurídicos de equilibrio entre las naciones, con organismos ya institucionalizados como el GATT o por la constitución en los años noventa de siglo XX de la Organización Mundial del Comercio.
En tercer lugar el escenario internacional descrito hace que aparezca un nuevo sujeto internacional con personalidad jurídica: la organización internacional, que surge de la integración de estados y que se configura como un ente político, económico y dotado de ordenamiento jurídico propio, como es el caso de la Unión Europea. Este hecho, introduce un tercer plano en el ámbito del Derecho Internacional o, si se quiere, un nuevo ámbito de actuación que da origen a la especialidad del Derecho Internacional de la integración, justificada por la creciente complejidad e interdependencia económico-política entre los estados.
En cuarto lugar se produce una clara incidencia en la fuentes del Derecho Internacional, puesto que a las fuentes de orden estatal y convencional, debemos sumar las institucionales de las organizaciones de integración regional, cuya relevancia jurídica para el Derecho Internacional, quedará determinada por el vínculo jurídico-político que una a los estados que integran la organización internacional.
En quinto lugar es preciso señalar que la incidencia de los fenómenos descritos es directa sobre la regulación de los intercambios comerciales, en el régimen de contratación y en las relaciones entre los sujetos, con claras incidencias en el Derecho Internacional, haciéndose preciso, por tanto, fórmulas de unificación de la regulaciones estatales y de las organizaciones de integración.
Todo lo cual constituyen los desafíos a los que ha de hacer frente la comunidad internacional en la primera mitad del siglo XXI.
miércoles, 30 de mayo de 2012
Que se investigue hasta el final - Kostka Fernández
¿Por qué se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas? Quizás para evitar que los depositantes, que nada tuvieron que ver con la gestión, no salgan perjudicados de una nefasta gestión y, presuntamente delectiva, de quienes las dirigieron, con el amparo y el beneplácito de los partidos políticos, los sindicatos y el Banco de España.
¿Por qué no interviene el Fiscal del Estado y se depuran responsabilidades civiles y penales, si las hay? Seguramente por miedo a que se descubra que no sólo los gestores fueron los responsables, sino también los que los nombraron y legitimaron sus actuaciones.
Los ex directivos de la cajas de ahorro, los que ya se fueron, cobraron en A, sin contar el B, sin contar las comisiones ilícitas por créditos concedidos y sin contar los autocréditos para especular que se otorgaban, unos 93 millones de euros aproximadamente, que en la antigua moneda son 15.474 millones de pesetas. Pero ahí no termina la cosa, puesto que una buena parte de esos directivos todavía tienen cantidades pendientes de abonar en conceptos como pensiones o pagos adeudados. Por ejemplo, el que fuera director general de Caixa Penedés, que hoy forma parte de Banco Mare Nostrum, reclama por vía judicial 3,7 millones de euros que dice que aún le adeuda su antigua entidad por su salida de la Caja. O, por ejemplo, los 14 millones de euros que ahora reclama el directivo de Bancaja Aurelio Izquierdo, o los 10 millones de euros que pacto a su salida el ex director general de Catalunya Caixa, Josep María Loza. Por no hablar de los macro escándalos de Caixa Galicia y de Caixanova.
Bankia, que ha protagonizado el mayor rescate de la historia de España, con cerca de 23.500 millones de euros, está ahora en manos de José Ignacio Goirigolzarri, ex consejero delegado del BBVA hasta octubre de 2009, cuando abandonó la entidad tras recibir una liquidación de 52 millones de euros, que ponía fin a los enfrentamientos con el presidente del banco, Francisco González.
Al antiguo presidente de Bankia, Rodrigo Rato, que presentó su dimisión el 7 de mayo, le corresponde un plan de pensiones de 1,2 millones de euros, que está previsto que perciba en acciones. No menos escandalosas fueron las indemnizaciones, sueldos y pensiones que se autoimpusieron Narcís Serra, su número dos y su número tres poco antes de quebrar Caixa Catalunya.
En todos lados cuecen habas a "caldeiradas", quizás por eso no quieran los políticos que se investigue. Pero la fiscalía está obligada, por mucho daño que se haga a la credibilidad financiera internacional de España, sino cometerá prevaricación y tendremos que ser los ciudadanos los que denunciemos a todos.
jueves, 17 de mayo de 2012
La salida a bolsa de Facebook - Kostka Fernández
Sí es cierto que tiene unos 900 millones de usuarios. Pero en el mundo de las nuevas tecnologías la permanencia y la fidelización es inversamente proporcional, a la velocidad con la que el mercado presenta nuevos productos y destierra otros. En realidad Facebook existe porque la visitan internautas que en cualquier momento pueden dejar de visitarla, porque se cansan, o porque aperece un nuevo producto en el mercado.
Sus gestores sacan la compañía a bolsa con una valoración de entre los 93.000 y los 104.000 millones de dólares (entre 73.000 y los 82.000 millones de euros). Un valor desmesurado, irreal e inflado. Facebook tendría, según el mercado, un valor similar al de Amazon, Cisco, el doble que HP, la mitad que Microsoft y cinco veces menos que Apple. Todas estás compañía venden productos, no visitas a internet. Como siempre las cosas valen lo que pagan por ellas y todo indica que hay inversores dispuestos a pagar lo que piden, porque en el mundo digital el precio es siempre relativo. El último ejemplo lo tenemos en la compra de Facebook de Instagram, una red social sin ingresos, con 20 meses de vida y 30 millones de usuarios, por la que pagó 1.000 millones de dólares.
Otros ejemplos para no olvidar son la compra de Google de YouTube en 2006 por 1.650 millones de dólares, la compra de Microsoft de Skype en 2011 por unos 8.250 millones de dólares y la más llamativa la compra de Rupert Murdoch, que pagó por MySpace en 2005 unos 580 millones de dólares y la vendió en 2011 por 35 millones de dólares.
Así es la economía digital. No escarmentamos. Yo no compraría acciones de Facebook, o por lo menos si las comprara no trataría de venderlas de último, como los que lo hieron con las acciones de Terra. ¿Se acuerdan?
miércoles, 16 de mayo de 2012
El Ministro "socio liberal" de Holland - Kostka Fernández
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| Manuel Valls |
Es el diputado situado en el ala más liberal del Partido Socialista. Se define como "socio-liberal a la francesa" y partidario de la tercera vía del ex primer ministro británico Tony Blair. Aunque ideológicamente alejado de Holland, a pesar de estar en el mismo partido, ambos se acercaron notablemente en la pasada campaña presidencial.
El Ministro de Barcelona entra en uno de los puestos más importantes del nuevo Ejecutivo francés, tras la victoria de François Hollande en las elecciones presidenciales del 6 de mayo de 2012. Sustituye en el cargo a Claude Guéant, uno de los hombres más cercanos al ex presidente Nicolas Sarkozy.
Su conocimiento de los barrios más conflictivos y su gestión de la seguridad ciudadana en Evry, en las afueras de París, le otorgaban méritos para alcanzar el Ministerio del Interior. Se presenta como partidario de armar a la policía municipal, de combatir los guetos en los barrios de las grandes ciudades, de penalizar el consumo del cannabis y de luchar contra la inmigración ilegal. Sin duda encarna la postura más conservadoras del socialismo francés.
Ya en 2007 estuvo a punto de entrar en el primer Gobierno de Sarkozy, pero Manuel Valls prefirió fidelidad al partido, a pesar de ser un crítico dentro de su partido. Esa postura le generó una creciente popularidad, especialmente en su circunscripción como diputado, en su ciudad como alcalde y finalmente en el ámbito nacional.
Valls nació el 13 de agosto de 1962, hijo del pintor catalán Xavier Valls y de la italiana Luisangela Galfetti. Es sobrino-nieto de Manuel Valls i Gorina, compositor del himno del FC Barcelona, de donde le viene la afición por el club blaugrana que cultiva en la actualidad.
Instalado en Francia en su adolescencia, comenzó muy joven a militar en movimientos de izquierda y a los 17 años se afilió al Partido Siocialista, aunque no obtuvo la nacionalidad francesa hasta los 20 años, lo que le impidió votar en 1981 por François Mitterrand.
Su entrada en el partido, cuando era estudiante de Historia, se debió a su afinidad a la línea defendida por centrista Michel Rocard, que le nombró ministro de Relaciones con el Parlamento en 1988, con tan sólo 26 años. Manuel Valls volvió a un cargo político en 1997 de la mano de Lionel Jospin, que le eligió consejero para la Comunicación y la Prensa.
Tras fracasar en un primer intento para convertirse en diputado en 1997, fue elegido alcalde de Evry en 2001 y logró entrar en la Asamblea Nacional al año siguiente.
En las primarias de 2011, Valls apoyó al principio a Dominique Strauss-Kahn, antes de que un escándalo sexual acabara con las aspiraciones del ex director del Fondo Monetario Internacional, lo que le animó a presentar su propia candidatura. Fue penúltimo de los seis candidatos, con el 6% de los votos, pero Hollande le rescató para su candidatura y lo integró en su equipo.
miércoles 2 de mayo de 2012
El modelo español se servicios sociales - Kostka Fernández
Este objetivo se plasmó en las constituciones europeas del siglo pasado y en la Constitución española de 1978, concretamente en el artículo 9.2. Se introduce así una nueva dimensión de profundo calado político, desde el momento en que los poderes públicos no son observadores neutrales, ni se limitan a paliar las consecuencias de las situaciones de dificultad que afectan a la ciudadanía; sino que los poderes públicos están obligados a actuar positivamente en favor de las personas que están en riesgo de quedar al margen de la sociedad, creando las condiciones para que todas las personas disfruten de una real igualdad de oportunidades.
Sobre ese principio se fueron construyendo en España los diversos sistemas de bienestar del nuevo Estado social, que, además, por su peculiar diversidad, fueron tomando formas diferenciadas, en función del ejercicio de competencias exclusivas por las diversas comunidades autónomas. En el caso de la Comunidad Autónoma gallega, por ejemplo, los servicios sociales corresponden como competencia exclusiva a esta Comunidad, tal y como se deduce del artículo 27.23º del Estatuto de autonomía de Galicia.
En el análisis de los Servicios Sociales es necesario destacar que existen diversos modos de hacer frente a las necesidades sociales y distintos sistemas de prestación de asistencia a las necesidades sociales. Históricamente la Iglesia y el Estado han tenido el protagonismo en esta faceta, aunque no la exclusividad, ya que han existido otras modalidades de atención social de origen privado.
Si repasamos rápidamente la evolución histórica de la acción social, distinguimos diferentes fases. La primera está basada en la caridad y es la más antigua ya que se inicia en la Edad Media de la mano de la Iglesia. En esta etapa las situaciones se abordaban intentando reducir sus manifestaciones más extremas, pero nunca haciendo frente a las causas que la ocasionaban. La segunda etapa de la acción social es la beneficencia pública y privada, apareciendo organizaciones especializadas en la realización de prestaciones caritativas, de mera subsistencia, en favor de los más necesitados. Estas actividades por primera vez se financiaban con fondos públicos y tiene como rasgo esencial que esta beneficencia no genera derechos y no se consolida el derecho a obtener la prestación. Es pues el momento en que aparece la intervención pública para afrontar las necesidades sociales. En España este modelo impera hasta el siglo XX con especial presencia de la esfera pública, donde ya podemos hablar de existencia de un verdadero aparato administrativo e institucional al servicio de los problemas sociales de la población. Las leyes franquistas serán las últimas que incluyan el término “beneficencia” en su legislación, que la democracia sustituye por “servicios sociales”.
Lo cierto es que la Constitución española de 1978 no menciona la palabra beneficencia, lo que se produjo como nos recuerda el senador constituyente y miembro de la Comisión Constitucional Lorenzo Martín-Retortillo porque “se postula la desaparición de la alusión a la beneficencia, de forma que quede sólo la referencia como de competencia de la comunidades autónomas de la asistencia social”.
En la transición a la democracia, desde un primer momento los servicios sociales estaba previsto que fueran una de las competencias que el nuevo modelo constitucional iba a atribuir a las Comunidades autónomas. Así lo pone de manifiesto el hecho de que en los decretos que instauraban los Consejos de Gobierno preautonómicos en Cataluña, País Vasco y Galicia, se mencionan los servicios sociales como competencias a gestionar. Por entonces el modelo de asistencia social pivotaba en torno al conocido Instituto Nacional de Servicios Sociales, modelo que es el que piensan que puede ser transferido a las comunidades autónomas, como así fue finalmente. El citado Instituto fue suprimido por Decreto 530/1985, de ocho de abril, y sus competencias transferidas a las comunidades autónomas, quedando una mínima parte no traspasada que se incorporada al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO).
En la Constitución española se habla de “asistencia social”, como por ejemplo en el artículo 148.1.20 al referirse a las competencias de las comunidades autónomas. En sus disposiciones sobre política social la Constitución no contempla los servicios sociales en el sentido técnico y así por ejemplo en el artículo 50 de la Constitución los utiliza para referirse a “salud, vivienda, cultura y ocio”. Los distintos estatutos de autonomía tomaron caminos diversos en la asunción de las competencias en servicios sociales y en el modelo que instauraban, bajo el principio de diversidad con condiciones básicas que imponía el Estado. En el modelo se incluyó a las corporaciones locales como partícipes de la asistencia social, como así lo pone de manifiesto la Ley 7/1985 de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, si bien ajustándose a los siguientes términos: las comunidades autónomas se reservaban la potestad legislativa y, en general, la reglamentaria; la responsabilidad financiera era en su mayoría de la Comunidad Autónoma; y a las corporaciones se le daba acciones ejecutivas o de gestión.
El modelo de transferencias de servicios sociales - Kostka Fernández
La doctrina tiende a analizar la disyuntiva descentralización-centralización desde una perspectiva dual: la institucional y la territorial. Ambas relevantes para conocer el espíritu del modelo de servicios sociales que se quiere establecer. Frente a un modelo centralizado que caracterizó la etapa franquista, de base institucional, la Constitución de 1978 articula un modelo de descentralización que pivota en torno al estado de las autonomías, paradigma constitucional del modelo español.
Lo cierto es que la Constitución de 1978 introduce el principio de descentralización, sin embargo, éste sólo se refiere a la acción de la Administración Pública, tal y como se desprende del artículo 103.1 de la Carta Magna, por lo que la descentralización territorial no se entiende en la Constitución como una mera descentralización, sino como un proceso de transferencia de competencias, alguna de ellas exclusivas de las Comunidades autónomas. Este es el caso de los servicios sociales, ya que como señala el artículo 148.1.20 de la Constitución, las comunidades autónomas podrán asumir competencias, entre otras, en materia de asistencia social. Se trata, por tanto, de una competencia transferible a las comunidades autónomas.
De la configuración constitucional de los Servicios Sociales como una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, se deriva la construcción de un modelo de servicios sociales divergente, dependiendo de cada comunidad autónoma, lo que origina que el acceso a estos servicios difiera en función del territorio que analicemos. Este hecho se percibe para una parte de la doctrina como positivo, mientras que otra parte sostiene que genera ineficacias e ineficiencias. Desde nuestro punto de vista es menos relevante de lo que algunos nos quieren hacer creer, como sostiene acertadamente Gómez Fortes, ya que la cercanía vale lo mismo para hacer el poder más democráticamente controlable, que para volverlo más vulnerable a la tentación de particularizar la gestión de lo público, de sobornar o de ser sobornado.
El debate desde nuestro punto de vista no es baladí, y menos en el contexto de crisis económica en el que nos encontramos. Baste señalar el reciente debate que se ha abierto en la sociedad española sobre la necesidad de iniciar un camino inverso al realizado desde los inicios de la democracia de continua transferencia de competencias. Treinta y cuatro años después sigue en el debate político la necesidad de cerrar de una vez por todas, el modelo autonómico que diseña el Título VIII de la Constitución, en aras a encontrar un modelo eficiente y eficaz. En este sentido las declaraciones de la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, encendió la mecha al sostener públicamente que estaría dispuesta a devolver competencias al Estado, por ejemplo educación, sanidad y justicia, y transferir a los ayuntamientos las competencias en servicios sociales, basándose en el criterio de cercanía, como prerrogativa para un mejor servicio.
lunes 9 de abril de 2012
Los presupuestos de las crisis - E. Kostka Fernández
Como señalábamos hace sólo unos días en este mismo medio, concebimos los presupuestos de un Estado como un documento técnico y político en el que se plasman las políticas públicas de un Gobierno. Los presupuestos recientemente aprobados por el Gobierno español para 2012, son a nuestro entender de unos presupuestos que deben ser integrados en un contexto económico de recesión y profunda crisis económica, que a diferencia de otras tiene varios frentes: crisis de financiación de la actividad del Estado, con primas de interés no asumibles en el largo plazo; crisis de las entidades financieras, ausencia de crédito y muchas de ellas con dificultades internas y balances contables desajustados; crisis inmobiliaria y parada de un sector hasta hace poco estratégico; crisis de financiación de las actividades del sector público; y crisis laboral en un contexto de desempleo superior al 25% de la población activa.
Ante una “situación crítica y una situación límite" como ha sido definida desde el Gobierno, no es de extrañar que nos encontremos ante el presupuesto más restrictivo en décadas, con un importante recorte del gasto y un problema muy agravado que agudiza aún más la recesión, que no es otro que la financiación del alto endeudamiento exterior. De hecho, los recortes presupuestario son casi equiparables en cifras, al coste del pago de la deuda exterior, una situación a nuestro entender insostenible.
Por todo ello no es de extrañar que el Gobierno conformara un presupuesto destinado a lograr un ajuste de 27.300 millones, lo que supone un recorte medio del 16,9% en el gasto de los ministerios, y que adoptara medidas, entre otras, la eliminación de las deducciones fiscales a las grandes empresas y la polémica. Estas últimas destinadas a compensar la bajada de los beneficios fiscales, como consecuencia de la caída de la demanda interna y de la actividad económica. Parece lógico desde nuestro punto de vista, que si como consecuencia de la reducción de la actividad económica, los beneficios fiscales que se obtienen del Impuesto de Sociedades han disminuido, se modifiquen los actuales sistemas impositivos para paliar esa reducción. Medida que parece compatible e imprescindible, si el principio inspirador del presupuesto es la reducción de déficit.
De igual modo el gobierno establecido mecanismos que permitan hacer frente a una situación absolutamente real: la existencia de rentas internas y externas no declaradas. Las sanciones por regularización no constituyen un medio eficaz para que los sujetos con rentas ocultas, las regularicen y pasen a formar parte del dinero en circulación, una cifra que el Gobierno estima en 25.000 millones de euros. Quizás no sea este el medio más ético, pero posiblemente sí el más eficaz, aunque nos parece bajo el gravamen complementario del 10% del importe de los bienes y derechos aflorados.
No podemos dejar de mencionar que toda medida adoptada por un gobierno para atraer rentas opacas es un fracaso del propio sistema fiscal, que se ve incapaz de incorporar este dinero por los medios legalmente establecidos. No es de extrañar, por tanto, que tanto los contribuyentes como la inspección fiscal vean con recelo la oportunidad desigual que todo proceso de regularización de rentas conlleva. Curiosamente como se hizo en otras ocasiones, las medidas de regularización van siempre acompañadas de declaraciones del Gobierno de turno de que la medida es extraordinaria, única y que el régimen sancionador se endurecerá.
miércoles 4 de abril de 2012
El presupuesto más restrictivo de la democracia - E. Kostka Fernández
El pasado viernes 30 de marzo el Consejo de Ministros aprobaba el Proyecto de Presupuestos para el 2012, en el que se incluían relevantes medidas de carácter general, entre las que destacan una reforma fiscal del Impuesto sobre Sociedades y medidas para la atracción de rentas internacionales no declaradas, denominadas de forma incorrecta “amnistía fiscal”. El Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno, y que ahora inicia el proceso legislativo, es quizás la Ley más importante que cada año aprueba el ejecutivo.
Es un documento técnico, pero con una profunda carga política, en el que se diseñan y se dotan las partidas presupuestarias de las políticas públicas que se han de ejecutar. Como en todo presupuesto, se hacen las previsiones de gastos y de ingresos, las partidas a las que se asignan los recursos y la entrada de recursos vía fiscalidad y otras fuentes. En los presupuestos se incluyen también el coste de la financiación que vence, una partida presupuestaria muy relevante que está directamente vinculada a la deuda pública. Pero el presupuesto es sobre todo el instrumento económico con el que un Gobierno diseña su política económica y fiscal, y en este sentido, los presupuestos de un Estado definen de forma fehaciente la política de un Gobierno y la forma en la que éste encara el contexto económico en el que se enmarca el presupuesto.
Los Presupuestos Generales del Estado 2012 aprobados por el Gobierno son absolutamente restrictivos y tendentes a la reducción del déficit público como política trasversal a las demás políticas. El principio inspirador es que el causante de los males es la financiación de la deuda exterior, cuya alto coste impide ejecutar políticas de crecimiento, agrava la recesión e impide crear empleo. Se sostiene desde el Gobierno que la manera más rápida de salir de la crisis es reducir el déficit público y el coste de la financiación exterior. Baste apuntar que el Estado destinará 13 de cada 100 euros a pagar la financiación de la deuda exterior. Si a ello añadimos un ajuste presupuestario de 27.300 millones euros, que supone el recorte medio del 16,9% en el gasto del Gobierno central, nos encontramos ante lo que podemos considerar el presupuesto más restrictivo de la reciente democracia española.
Obviamente no podemos detenernos en las numerosas medidas que siempre acompañan a un presupuesto, por lo que nos centraremos en la reforma fiscal del impuesto sobre sociedades y en la regularización de rentas internacionales irregulares.
A modo resumen destacamos los siguientes hechos presupuestarios:
• El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado presentado en el Congreso de los Diputados incluye una reducción de las bonificaciones fiscales del 5,6%, por lo que las deducciones fiscales aplicadas a todos los impuestos bajarán de 40.363 a 38.102 millones de euros.
• El recorte del déficit será de 27.300 millones de euros entre las partidas de ingresos y gastos. En total, la deuda pública española se elevará al 79,8% del Producto Interior Bruto en 2012.
• Los Presupuestos Generales del Estado prevén una caída del 9,2% en los beneficios fiscales del IRPF, hasta 1.528 millones menos, como consecuencia de la disminución del número de declarantes y de rentas sujetas a este impuesto.
• El descenso en la desgravación fiscal del IRPF es especialmente patente en la deducción por inversión en vivienda habitual, que tendrá una caída del 13,8%, a pesar de que se ha aumentado el número de contribuyentes que pueden acceder a ella en función de su renta.
• En relación al IVA la aportación de incentivos se recortará el 4,3%, debido a la crisis y a la prórroga del tipo superreducido del 4% a las entregas de viviendas nuevas.
El origen de las nuevas regulaciones del impuesto sobre sociedades se encuentra en la caída, provocada por la coyuntura económica, de los beneficios fiscales del Impuesto de Sociedades, cuya previsión de reducción es del 1,7%. Lo que parece lógico en un contexto económico de recisión, que implica menos empresas con beneficios y un empeoramiento de sus resultados contables. Las medidas aprobadas están encaminadas a encontrar fórmulas impositivas que compensen la caída de los beneficios fiscales y contribuyan, en alguna medida, a paliar el déficit.
El Gobierno espera ingresar 5.350 millones de euros adicionales, en la recaudación del Impuesto de Sociedades con diferentes medidas que pretenden eliminar la caída del tipo efectivo que pagan, especialmente, las grandes empresas.
Como avanzábamos otro de los aspectos relevantes de la aprobación por el Gobierno del proyecto de presupuestos para el 2012 son los mecanismos fiscales introducidos para la atracción de rentas internacionales no declaradas, lo que los medios de comunicación se han empeñado en llamar de forma errónea “amnistía fiscal”, que como se sabe está prohibida por Ley.
El Estado pretende regularizar algo más de 25.000 millones de euros de dinero no declarado, vulgarmente denominado “negro”, que contribuyentes españoles tienen una parte repatriado fuera de España y otra parte oculto dentro del país. Como la amnistía fiscal está prohibida por Ley, el Gobierno se ha visto obligado a que las rentas regularizadas tributen un 10%.
Asimismo se fija un gravamen del 8% para los dividendos o participaciones de fuente extranjera que se repatríen hasta el 31 de diciembre de 2012. Las previsiones del ejecutivo son recaudar con esta medida aproximadamente unos 2.500 millones de euros. Con este gravamen las entidades que no han podido beneficiarse de la exención prevista para los dividendos y rentas de fuente extranjera, por estar alguna de las sociedades en un país de reducida tributación, son incentivadas a repatriar fondos a un coste reducido, siempre que se trate de sociedades que estén dentro del grupo mercantil y perfectamente identificadas en la contabilidad de la sociedad.
Se trata de medidas que buscan aportar liquidez a la circulación de capitales generadores de riqueza y empleo, concibiéndose como un incentivo fiscal regularizador, puesto que los sujetos que se regularicen fiscalmente, pagarán sensiblemente menos que si hubieran tributado de forma normal, porque las rentas de más de 52.361 euros brutos anuales tienen un tipo marginal del 43%, mientras que el impuesto sobre las plusvalías de capital está entre el 19% y el 21%.
En definitiva, las medidas consisten en la implantación de un gravamen especial y extraordinario de atracción de rentas no declaradas, para contribuyentes sujetos a IRPF, para sujetos del Impuesto sobre Sociedades y para sujetos del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Los contribuyentes podrán presentar una declaración confidencial para regularizar su situación tributaria, cuyo plazo de regularización expira el 30 de noviembre de 2012.
miércoles 1 de febrero de 2012
África, tan cerca y tan lejos - Kostka Fernández
Atrás quedan, salvo excepciones, las escenas que de niños veíamos sobre África. El continente negro está despertando a pasos agigantados y los europeos que sólo la tenemos a 14 kilómetros ni nos enteramos, otros sí.África es ya un continente con un enorme potencial económico que algunos están descubriendo, pero los europeos le damos la espalda; no así los chinos que literalmente están comprando el continente. África posee una población que supera los 1.000 millones de habitantes y en la última década su PIB ha crecido el doble que la media del mundo occidental, si bien es cierto que su posición de partida es muy inferior. Su PIB total, que es de 1,26 billones de euros, supera al de India o Rusia y se espera en la próxima década crecimientos superiores al 6% anual. El consumo se incrementa a un ritmo dos veces superior al de los países que forman la OCDE y todo indica que África está saliendo del letargo.
Los africanos empiezan a tener acceso a bienes de consumo que hace sólo unos años eran impensables y los productos chinos se ajustan al todavía escaso poder adquisitivo de la mayoría de los africanos, especialmente los derivados del plástico y el textil. Se están empezando a construir infraestructuras de comunicación y el acceso a internet empieza a ser ya una realidad en algunos lugares. Parece que hay futuro.
Pero el futuro sólo existirá si existen sólidas y democráticas instituciones políticas nacionales y supranacionales. En el norte, la primavera árabe parece hacer brotar incipientes luces de democracia, al menos en algún grado. En Senegal, en el occidente, por ejemplo, estos días se están produciendo protestas de tinte pre-democrático después de que el Consejo Constitucional validase la candidatura del presidente Wade a las elecciones generales del próximo 26 de febrero, e inhabilitase la del cantante Youssou Ndour y otros dos candidatos independientes. Las manifestaciones rechazan la candidatura de Wade, de 85 años de edad y que aspira a un tercer mandato consecutivo, considerado por la oposición inconstitucional. El pueblo está en la calle y grita democracia.
En cuanto a la construcción de una organización supranacional estamos asistiendo al cuarto intento en los últimos 55 años. Los intentos previos de unir políticamente al continente como la Unión de Estados Africanos creada por Kwame Nkrumah en 1958, o la Organización para la Unidad Africana de 1963, o la Comunidad Económica Africana fundada en 1981 han sido un rotundo fracaso. El cuarto proyecto es la Unión Africana, de clara inspiración europea, que pretende incrementar la integración económica y política, así como reforzar la cooperación entre sus estados miembros. La organización nació a partir de la Declaración de Sirte en la ciudad homónima de Libia el 9 de septiembre de 1999, a la que siguieron una serie de cumbres en Lomé en el año 2000, donde se redactó el acta constitutiva de la U.A., en la que se hacía un llamamiento a la diáspora africana a implicarse activamente en el desarrollo de la Unión, o la celebrada en Lusaka en el año 2001, donde se aprobó el plan para la instauración de la Unión.
El camino que queda es largo y precisa de la ayuda internacional, política y económica. Sin la primera no habrá forma de derrocar las todavía salvajes dictaduras que perviven el hermoso continente africano, pero sin la segunda no habrá desarrollo y crecimiento sostenido. Son imprescindibles también instituciones económicas que permitan a consumidores, empresas y estados acceder a la financiación y generar inversión, so pena que sean terceros países, como ocurre en la actualidad, quienes no sólo financien sino exploten para su propio beneficio las ingentes materias primas de que goza el continente.
Europa no puede ni debe permanecer al margen del desarrollo político y económico de África, aunque sólo sea por las posibilidades que ofrece un mercado potencial casi tan grande como el chino, pero a sólo 14 kilómetros de distancia.
LA NAVIDAD RUSA HACE 20 AÑOS - E. KOSTKA FERNÁNDEZ
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| Mijaíl Gorbachov |
El 25 de diciembre de 1991, Gorbachov se rindió a lo inevitable y renunció como presidente de la URSS, declarando el modelo de estado federal disuelto. Transfirió los poderes, que pasaron desde entonces a Borís Yeltsin, el Presidente de Rusia. El día siguiente, el Soviet Supremo de la URSS, el cuerpo gubernamental más alto de la Unión Soviética, reconoció el desplome de la Unión Soviética y se disolvió, acto que se reconoce generalmente como el final de la Unión Soviética como Estado.
Fue el desencadenante de dos fenómenos que caracterizaron la década de los años ochenta: el desmoronamiento cada vez más evidente de las estructuras económicas y políticas de la Unión Soviética, y las tentativas de un conjunto fragmentario de reformas para invertir ese proceso. Después de la sucesión rápida de Yuri Andrópov y Konstantín Chernenko, figuras de transición con raíces profundas en la tradición Brezhnevita, Mijaíl Gorbachov fue designado líder de la URSS y comenzó a aplicar profundos cambios en la economía y en el partido, conocidos como Perestroika y Glásnost.
A finales de los años 1980, las repúblicas que componían la Unión Soviética comenzaron legalmente un movimiento hacia una declaración de soberanía sobre sus territorios, basándose en el Artículo 72 de la Constitución de la URSS, que promulgaba que cualquier República componente era libre de separarse. El 7 de abril de 1990 fue aprobada una Ley por la cual una República podía separarse, si más de dos terceras partes de los ciudadanos de la República votaban a favor de ello en referéndum. Muchas repúblicas, a lo largo de 1990, iniciaron un proceso de elecciones para elegir sus legislaturas nacionales e iniciaron nuevos procesos legislativos. Con frecuencia el resultado de estos procesos contradecía las leyes de la Unión en lo que fue conocida como "La Guerra de Leyes". En 1989, la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, que era entonces la República más grande, con cerca de la mitad de la población, convocó una nueva elección para elegir el Congreso de Diputados del Pueblo y Borís Yeltsin fue elegido Presidente. El 12 de junio de 1990, el Congreso declaró la soberanía de Rusia sobre su territorio y se apresuró a hacer leyes que sustituían viejas normas de la URSS. El período de la incertidumbre legal continuó a la largo de 1991, cuando las repúblicas se convirtieron lentamente en la práctica en independientes.
El 17 de marzo de 1991 se celebró un referéndum para decidir el futuro de la URSS y la mayoría de la población votó a favor de la conservación de la Unión, concretamente nueve de las quince repúblicas. El referéndum dio a Gorbachov un empujón secundario, y, en el verano de 1991, el Nuevo Tratado de la Unión fue acordado para ocho repúblicas que se habrían inclinado a convertir la Unión Soviética en una federación mucho más flexible. La firma del tratado, sin embargo, fue interrumpida por el golpe de estado de agosto dirigido contra Gorbachov por miembros marxistas extremistas del Gobierno, que intentó invertir las reformas de Gorbachov y reafirmar el control central del Gobierno sobre las repúblicas. Después de que el golpe fallara, Yeltsin se encumbró como un héroe, mientras el poder de Gorbachov disminuyó. El equilibrio político se inclinó de forma significativa hacia las repúblicas. En agosto de 1991, Letonia y Estonia declararon inmediatamente la restauración de la independencia plena, siguiendo el ejemplo de Lituania en 1990, mientras las otras 12 repúblicas continuaban discutiendo de nuevo los modelos de una Unión cada vez más débil.
El 8 de diciembre de 1991, los presidentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia firmaron el Tratado de Belovesh que declaró la Unión Soviética disuelta y se estableció la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Como quedaban dudas sobre la autoridad del Tratado de Belovesh para disolver la Unión, el 21 de diciembre de 1991, los representantes de todas las repúblicas soviéticas excepto Georgia, firmaron el Protocolo de Alma-Ata, que confirmó el desmembramiento y la extinción de la URSS, y volvió a plantear el establecimiento de la CEI. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachov presentaba su dimisión como presidente de la URSS, declarando el estado federal disuelto.
LEY D´HONDT ¿UNA LEY ELECTORAL JUSTA? - E. KOSTKA FERNÁNDEZ
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| Victor d'Hondt |
En España tenemos un sistema proporcional corregido, producto de los pactos de la Moncloa, que trata de favorecer la gobernabilidad, beneficiando a los partidos más votados. El sistema electoral favorece a los partidos que tienen más votos en cada circunscripción y perjudica a los partidos minoritarios que se presentan en todas las circunscripciones, permitiendo que se conformen mayorías que garanticen la estabilidad del sistema político.
En el caso del País Vasco y de Cataluña, al ser los partidos nacionalistas los más votados, el sistema los sobrerrepresenta porque sólo se presentan en unas pocas circunscripciones, perjudicando de forma clara a los partidos minoritarios, que se presentan en todas las circunscripciones.
Si aplicáramos un sistema proporcional puro en cada circunscripción, lo cierto es que la variación en los resultados sería irrelevante, porque el efecto distorsionador no está en la ley D´Hondt, sino en la circunscripción, o mejor dicho en el número y tamaño de la circunscripciones.
¿Qué pasaría si aplicamos esta ley electoral a los resultados del 20N en una circunscripción única nacional?, como sucede en las elecciones al Parlamento Europeo. Las cosas serían muy distintas, especialmente si mantenemos la actual barrera electoral existente de un mínimo del 3% de los votos para entrar en el reparto de los escaños.
El resultado de aplicar la ley de D´Hondt en una circunscripción única con barrera electoral del 3% sería el siguiente: el PP obtendría 176 escaños, mayoría absoluta justa, el PSOE obtendría 113 escaños, IU alcanzaría 27 escaños, UPyD 18 escaños y CiU 16 escaños, quedando sin representación en el Congreso de los Diputados el resto de los partidos políticos, incluidos PNV, BNG o Amaiur, ya que ninguno de ellos lograría superar el listón del 3% de los votos en el territorio nacional.
Lo cierto es que este sistema de reparto sí sería un fiel reflejo, absolutamente proporcional, de los votos emitidos por los españoles. Pero ello no significa que sea un sistema más justo o mejor, puesto que dificultaría la gobernabilidad, no se atendería al criterio de reparto en función de la población de cada provincia que exige la Constitución, no estarían representados partidos de ámbito regional y los representantes estarían muy alejados de su electorado, no representando a los territorios, sino a un solo territorio, el nacional.
A COLACIÓN DE LA REFORMA DE LA JUSTICIA - E. KOSTKA FERNÁNDEZ
Creemos que en buena medida la situación a la que nos enfrentamos en la actualidad dista de ser la ideal, y si bien no ponemos en cuestión la independencia de la función jurisdiccional, sí sostenemos que adolece de exceso de parlamentarización o, si se quiere, de exceso de politización partidista, especialmente desde la aprobación de la Ley Orgánica 1985, que a todas luces parece hacer significado un retroceso del camino iniciado en 1978.
No se trata de una cuestión nueva y en cierta medida parece consustancial a casi todos los regímenes políticos, ya que los poderes ejecutivos no quieren estar sometidos al control jurisdiccional en la medida que puedan, de ahí que el sistema propicie y bendiga un no siempre sano reparto de cuotas judiciales entre los partidos políticos dominantes, lo que en la práctica nos lleva al reparto ideológico-partidista de los miembros del Consejo del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional.
De hecho, la “contaminación” partidista y política de la Justicia no es ya un secreto, sino que los propios órganos judiciales lo manifiestan de forma pública y notoria. Recordemos, por poner sólo un ejemplo, el manifiesto al que se adhirieron medio millar de jueces españoles, pertenecientes a todas las asociaciones existentes, en enero de 2010, en el que se reclama la “despolitización” y la “independencia” judicial. Baste a modo de ejemplo la referencia textual a la “ocupación progresiva” de la magistratura que “desde 1985 inició el poder político dominante”, advirtiendo que la situación actual “choca con la democracia misma y el sistema de división de poderes diseñado en la Constitución”. El citado documento propone “un gran pacto de estado” para evitar la “injerencia política” y defiende la elección democrática de los órganos internos, posturas que no hacen sino reflejar un creciente malestar de los órganos jurisdiccionales ante la constatada injerencia del poder político que se ha manifestado en diversas actuaciones legislativas, en diversas sanciones a jueces, en diversas decisiones de los órganos de régimen interno y en determinadas decisiones de órganos jurisdiccionales colectivos e individuales.
No nos hubiéramos atrevido nosotros a llegar tan lejos, pero recordemos que han sido los propios jueces y magistrados los que elaboraron el manifiesto mencionado, lo cual no impide que sigamos manifestando nuestra postura inicial de que en España la independencia judicial existe y está garantizada por la Constitución, lo que no impide que podamos y debamos mejorar la situación actual, que por otro lado es el objetivo que perseguimos con nuestro análisis.
LEGITIMIDAD POLÍTICA EUROPEA I - E. KOSTKA FERNÁNDEZ
Es un deber de los gobernantes buscar la máxima legitimidad de la autoridad que ejercen y de las instituciones que usan para ejercer ese poder. De forma muy sincrética podemos definir la legitimidad política como el derecho a gobernar socialmente aceptado. Hemos analizado en este mismo medio el problema de la crisis de legitimidad en el proceso de construcción europea, ahora queremos ofrecer propuestas de solución, encaminadas a dotar de mayor legitimidad las instituciones, las decisiones y las políticas públicas europeas.
El objetivo debería ser la configuración de un verdadero sistema político europeo, configurado por normas jurídico-políticas que estén dotadas de la mayor legitimidad posible, por lo que resulta imprescindible que emanen de la irrenunciable soberanía de los ciudadanos europeos. Pero para ello, y en primer lugar, resulta preciso establecer un modelo identificable de organización política del territorio. Sostenemos que nos acercamos al confederalismo sin serlo, y que Europa no es un Estado, sino una unión de estados unidos por tratados internacionales, sin Constitución, y que, por lo tanto, adolecen de falta de legitimidad política primigenia, al no existir un poder constituyente. Sin Estado resulta difícil que exista soberanía, sin soberanía es muy difícil que exista legitimidad, sin legitimidad es muy difícil que exista Gobierno aceptado e interiorizado.
El Parlamento Europeo debe y puede contribuir aún más a fortalecer la legitimidad democrática, y solventar la lejanía con la que los ciudadanos perciben las instituciones europeas. La legitimidad democrática, simplificando, siempre precisa más democracia y ésta se alcanza cuando los ciudadanos sienten que las instituciones que les representan y que les gobiernan son fruto de la voluntad expresada por todos los ciudadanos de forma libre y directa, y con información clara, sencilla y cercana. Creemos esencial en la búsqueda de la legitimidad convertir al Parlamento Europeo en un verdadero poder legislativo.
Debemos avanzar hacia una legislación electoral única y hacia la plena igualdad en los principios de representación democrática. La pluralidad de sistemas electorales y las distorsiones de representación electoral, produce efectos de desigualdad en la representación política.
Debemos avanzar hacia la promulgación de una ley europea que regule los partidos políticos europeos, creando organizaciones políticas visibles y eficaces, que sirvan de correa de transmisión de las voluntades políticas y que sean verdaderos agentes de representación política de los ciudadanos.
Debemos avanzar hacia la elección directa del Presidente de la Comisión Europea. Sólo así los ciudadanos percibirán a la Unión Europea como alguna forma de entidad política real, compacta y con legitimidad de acción política. El actual proceso de designación del Presidente de la Comisión Europea, contribuye en buena medida a la ausencia de legitimidad y a la lejanía con la que los ciudadanos perciben este cargo. Su no elección de forma directa por los ciudadanos europeos es la causa principal, a nuestro entender, de la lejanía con la que los ciudadanos perciben la Europa institucional, al no percibir un claro líder europeo elegido democráticamente, que aúne los intereses de los estados miembros y que esté al frente de un ejecutivo con legitimidad democrática.
Es preciso simplificar los procesos burocráticos y hacerlos más accesibles a los ciudadanos y, en la misma línea, hacerlos perceptibles a los ciudadanos, quizá a través de la descentralización de las instituciones europeas.
Sin duda el Parlamento debe ser llamado a liderar el proceso de incremento de la legitimidad democrática de las instituciones y los procesos europeos, no sólo por ser el órgano de representación de una ficticia soberanía europea, sino porque su naturaleza electa dota por si sola de legitimidad democrática las decisiones que de él emanan.
LEGITIMIDAD POLÍTICA EUROPEA II - E. KOSTKA FERNÁNDEZ
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| Leonard Binder |
Los esfuerzos por dotar de mayor legitimidad democrática a las instituciones y a los procesos políticos europeos han sido hasta la fecha a todas luces insuficientes. Todo indica que la Unión Europea, usando términos jurídicos, realiza todos los “elementos del tipo” crisis de legitimidad política.
Hay una crisis de legitimidad de origen, al no existir un verdadero proceso constituyente soberano que cree un entramado constitucional que funde un verdadero Estado.
Hay una vulneración flagrante de la soberanía que reside en cada ciudadano europeo, quienes son despojados de ella al trasladarse supuestamente a las instituciones europeas, a través de los estados miembros.
Hay una indefinición en cuanto al modelo de sistema político que se quiere construir. Desde la Ciencia Política la Unión Europea es una unión de estados regulados por tratados internacionales, que carecen de constitución común, configurando un modelo político que se acerca al confederalismo sin serlo.
Hay una falta de democracia en los procesos de construcción europea y en la designación de cargos políticos. Los cargos europeos de mayor relevancia no son elegidos por los ciudadanos.
Si seguimos el modelo teórico del politólogo estadounidense Leonard Binder podemos identificar en la Unión Europea hasta cinco tipos de crisis de legitimidad. Existe una crisis de identidad porque los ciudadanos europeos no parecen relacionarse subjetiva y objetivamente con su sistema político. Existe una crisis de legitimidad por la naturaleza de los cambios en la autoridad política. Existe una crisis de participación derivada del escaso interés y participación en los procesos electorales y en otras formas de participación política. Existe una crisis de penetración porque no sólo resulta evidente la expansión del dominio privado en el sistema político, sino que la propia Unión Europea nace como una entidad económica antes que política. Y el quinto aspecto que menciona Binder, se refiere a la crisis de distribución que también parece obvio que existe, puesto que cada vez los estados tienen más dificultades para hacer frente a las crecientes expectativas sociales.
Por último, no podemos dejar de mencionar el importante papel que juega en la crisis de legitimidad que percibimos, el complejo y asimétrico entramado institucional y burocrático, fundamentada en los déficits de transparencia, cercanía, eficacia, eficiencia, responsabilidad, moralidad y democracia.
Hay una indefinición en cuanto al modelo de sistema político que se quiere construir. Desde la Ciencia Política la Unión Europea es una unión de estados regulados por tratados internacionales, que carecen de constitución común, configurando un modelo político que se acerca al confederalismo sin serlo.
Hay una falta de democracia en los procesos de construcción europea y en la designación de cargos políticos. Los cargos europeos de mayor relevancia no son elegidos por los ciudadanos.
Si seguimos el modelo teórico del politólogo estadounidense Leonard Binder podemos identificar en la Unión Europea hasta cinco tipos de crisis de legitimidad. Existe una crisis de identidad porque los ciudadanos europeos no parecen relacionarse subjetiva y objetivamente con su sistema político. Existe una crisis de legitimidad por la naturaleza de los cambios en la autoridad política. Existe una crisis de participación derivada del escaso interés y participación en los procesos electorales y en otras formas de participación política. Existe una crisis de penetración porque no sólo resulta evidente la expansión del dominio privado en el sistema político, sino que la propia Unión Europea nace como una entidad económica antes que política. Y el quinto aspecto que menciona Binder, se refiere a la crisis de distribución que también parece obvio que existe, puesto que cada vez los estados tienen más dificultades para hacer frente a las crecientes expectativas sociales.
Por último, no podemos dejar de mencionar el importante papel que juega en la crisis de legitimidad que percibimos, el complejo y asimétrico entramado institucional y burocrático, fundamentada en los déficits de transparencia, cercanía, eficacia, eficiencia, responsabilidad, moralidad y democracia.
