Creemos que en buena medida la situación a la que nos enfrentamos en la actualidad dista de ser la ideal, y si bien no ponemos en cuestión la independencia de la función jurisdiccional, sí sostenemos que adolece de exceso de parlamentarización o, si se quiere, de exceso de politización partidista, especialmente desde la aprobación de la Ley Orgánica 1985, que a todas luces parece hacer significado un retroceso del camino iniciado en 1978.
No se trata de una cuestión nueva y en cierta medida parece consustancial a casi todos los regímenes políticos, ya que los poderes ejecutivos no quieren estar sometidos al control jurisdiccional en la medida que puedan, de ahí que el sistema propicie y bendiga un no siempre sano reparto de cuotas judiciales entre los partidos políticos dominantes, lo que en la práctica nos lleva al reparto ideológico-partidista de los miembros del Consejo del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional.
De hecho, la “contaminación” partidista y política de la Justicia no es ya un secreto, sino que los propios órganos judiciales lo manifiestan de forma pública y notoria. Recordemos, por poner sólo un ejemplo, el manifiesto al que se adhirieron medio millar de jueces españoles, pertenecientes a todas las asociaciones existentes, en enero de 2010, en el que se reclama la “despolitización” y la “independencia” judicial. Baste a modo de ejemplo la referencia textual a la “ocupación progresiva” de la magistratura que “desde 1985 inició el poder político dominante”, advirtiendo que la situación actual “choca con la democracia misma y el sistema de división de poderes diseñado en la Constitución”. El citado documento propone “un gran pacto de estado” para evitar la “injerencia política” y defiende la elección democrática de los órganos internos, posturas que no hacen sino reflejar un creciente malestar de los órganos jurisdiccionales ante la constatada injerencia del poder político que se ha manifestado en diversas actuaciones legislativas, en diversas sanciones a jueces, en diversas decisiones de los órganos de régimen interno y en determinadas decisiones de órganos jurisdiccionales colectivos e individuales.
No nos hubiéramos atrevido nosotros a llegar tan lejos, pero recordemos que han sido los propios jueces y magistrados los que elaboraron el manifiesto mencionado, lo cual no impide que sigamos manifestando nuestra postura inicial de que en España la independencia judicial existe y está garantizada por la Constitución, lo que no impide que podamos y debamos mejorar la situación actual.
