VICENÇ NAVARRO LÓPEZ

miércoles, 28 de noviembre de 2012

Antes de izquierdas que español - Vicenç Navarro

Vicenç Navarro
El 15 de noviembre de 1918, en un contexto europeo de fuertes movilizaciones obreras, Alfonso XIII convoca a Francesc Cambó, lider de la formación conservadora y catalanista Lliga regionalista y le dice: “Temo que venga un estallido revolucionario en Catalunya, que los obreros se unan a los soldados (¿). Hay que dar la autonomía a Catalunya inmediatamente (¿). Es preciso que usted vaya a Barcelona enseguida para provocar un movimiento que distraiga a las masas de cualquier propósito revolucionario”. Lo cuenta Cambó en sus memorias y lo recoge Joan Garcés en su excelente libro “Soberanos e intervenidos”. Días después eran designados dirigentes de todos los partidos políticos para formar una comisión redactora de un estatuto de autonomía. Pablo Iglesias, entre otros socialistas, advirtió a los republicanos catalanes de que si entraban en esa comisión desligaban a Catalunya de la causa de la República (entendida como un proyecto social, de izquierdas). Lluis Companys y otros líderes catalanistas de izquierdas se negaron a formar parte de la comisión, entendiendo que, efectivamente, se trataba de intercambiar autonomía a cambio de aceptar la monarquía y de postergar las luchas populares por una sociedad más justa y democrática.

El 15 de junio de 1977, en las primeras elecciones democráticas después de Franco, socialistas, comunistas y catalanistas republicanos sumaron el 70% de los votos. El presidente Suárez convocó a Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat en el exilio, y le ofreció la autonomía de Catalunya a cambio de liderar una coalición política que respetara los límites previstos al desarrollo democrático y social por las élites que guiaron la Transición. En esta ocasión, a diferencia de la anterior, las siglas de izquierda sí entraron en el pacto.

¿No resulta pavorosamente actual? En un momento en que se dan las condiciones para una revuelta social (que ya ha empezado) en defensa de los derechos humanos básicos (que están destruyendo las elites económicas y políticas), se desata la discusión sobre la independencia de Catalunya y resulta que quienes ocupan mayoritariamente la dialéctica son los nacionalistas catalanes de derechas y los nacionalistas españoles (siempre de derechas). Me declaro absolutamente a favor del derecho a la autodeterminación de todos los pueblos y el derecho a celebrar un referendo sobre la independencia en Catalunya. Pero, si no hay un proyecto de transformación social detrás del espíritu independentista, ¿tan diferente será para un catalán dejar de ser explotado por españoles para seguir siendo explotado por otros catalanes? Alguien de ERC dijo en las últimas autonómicas: “Antes catalán que de izquierdas”. ¿Seguro?

 

jueves, 11 de octubre de 2012

Las contradicciones e incoherencias de la socialdemocracia en la Unión Europea I - Vicenç Navarro

Vicenç Navarro
La elección del gobierno socialista en Francia abrió un enorme abanico de esperanzas. Por fin –se dijeron millones de europeos- se va a romper con esta obsesión con las políticas de austeridad (promovidas por la troika: el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional) y se va a poder iniciar una nueva vía, priorizando el crecimiento. Parecía que el discurso que el candidato François Hollande había utilizado durante su campaña electoral permitía así abrigar estas esperanzas.

Tales esperanzas, sin embargo, se están diluyendo rápidamente. El presupuesto presentado por el Primer Ministro Jean-Marc Ayrault al Parlamento francés el día 28 de septiembre contribuye a esta dilución. Veamos.

Lo primero que debe decirse es que el presupuesto tiene muchos elementos positivos, que representan un cambio de rumbo de 180º sobre las políticas del anterior presidente del gobierno francés, el Sr. Nicolas Sarkozy. La acusación hecha por algunas voces de izquierda en España de que no hay diferencia entre Hollande y Sarkozy es una frivolidad que debe denunciarse por su sectarismo. Más de la mitad de la reducción del déficit público (37.000 millones de euros) proceden de aumentar los impuestos de las rentas superiores y de las grandes empresas, mediante intervenciones fiscales, como incrementar el gravamen de las familias millonarias a un 75%. El entonces Presidente Sarkozy los bajó. Desde este punto de vista, el gobierno socialista se merece un aplauso. Comparado, por cierto, con lo que hizo el gobierno Zapatero, en el segundo periodo de su mandato, el gobierno Hollande está a años luz del socialismo español.

Ahora bien, habiendo dicho esto, tiene que señalarse que el presidente Hollande no ha cambiado un ápice su compromiso con la política de austeridad que antepone la reducción del déficit público a todo lo demás. Y ahí está el problema. Quiere reducir el déficit público actual del 4,5% al 3% el próximo año, para alcanzar el 0% en 2017. Y por si no fuera poco, moviliza cielo y tierra para que el Parlamento apruebe el Pacto Fiscal que la canciller alemana Merkel está exigiendo que se apruebe en todos los países de la Eurozona. Este Pacto Fiscal obligará a los Estados a no tener déficit, una política de una enorme (repito, enorme) austeridad y que creará la paralización económica en tales países. Imagínense el impacto que tendría una Ley que prohibiera endeudarse a las familias. Sería el fin del futuro de las familias, pues el endeudamiento es necesario en cualquier actividad económica que conlleve un gran gasto.

Se me dirá, como ya se me ha dicho, que en EEUU, los Estados tienen que equilibrar también sus cuentas, de manera que su déficit tiene que ser 0%. Pero EEUU es un Estado federal, con un Estado federal central (con un gasto equivalente al 21% del PIB), que ayuda a los Estados. No existe tal Estado federal en la Eurozona, y los fondos que controla lo que erróneamente se presentan como componentes de un posible Estado federal, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, son sólo un poco más de un 1% del PIB europeo.

También se me dirá que los países de tradición socialdemócrata en los países escandinavos han tenido mayoritariamente sus presupuestos equilibrados durante el periodo posterior a la II Guerra Mundial. Pero tales voces ignoran la gran carga fiscal (dentro de una política altamente progresiva y redistributiva) que existe en aquellos países, situación que no ocurre en los otros países de la UE. La peor medida, de las muchas malas medidas económicas que tomó el gobierno Zapatero en su segundo mandato, fue la aprobación (con el apoyo del PP y de CiU) del Pacto Fiscal, pacto que empeorará todavía más las dificultades de financiación del Estado del Bienestar en España y en Catalunya. Aprovecho para añadir que el apoyo del dirigente del Partido Verde, el conocido Daniel Cohn-Bendit, al Pacto Fiscal, señala el grado de acomodación y escasísima vocación transformadora de tal figura (lo cual explica su gran promoción mediática por parte de los medios de información de los diferentes establishments). François Hollande tampoco está cuestionando el Pacto de Estabilidad que ha sido el responsable –al requerir un descenso del déficit público- de que el crecimiento económico, desde que se estableció el euro, ha disminuido, y con ello ha aumentado el desempleo.

¿Por qué conserva Hollande su compromiso con la austeridad?

Una de las razones de tales medidas es el objetivo de “recuperar la confianza de los mercados”, la frase más utilizada por los neoliberales, una frase que no pasa ningún test de evidencia científica. La desconfianza de los mercados se basa, ahora, no tanto en el déficit público, sino en el escasísimo crecimiento económico, sin el cual es imposible la reducción del déficit. Y las medidas de austeridad reducirán su crecimiento, aumentando el déficit y la deuda pública. La evidencia de que ello será así es abrumadora. Incluso el Fondo Monetario Internacional acaba de reconocer que las políticas de austeridad tienen un impacto negativo muy acentuado en el crecimiento económico. El mismo FMI atribuye a los recortes el hecho de que Grecia y España tendrán el próximo año el menor crecimiento económico en el mundo.

La otra causa que explica el apoyo de Hollande a tales medidas de austeridad es su deseo de no antagonizar el establishment político y financiero alemán, como bien señala George Irvin en su artículo “The French Budget: Ni juste, ni efficace,” en Social Europe Journal. Es parte de la estrategia del gobierno Hollande recuperar el eje francés-alemán, pensando en un futuro, que considera próximo, en el que la canciller Merkel sea sustituida por una coalición del partido socialdemócrata con los verdes alemanes o incluso con la misma Democracia Cristiana alemana. La promesa que hizo Hollande en su campaña electoral de que su gobierno sería uno más en una Europa multipolar ha ido desapareciendo para recuperar el énfasis en el eje alemán-francés que augura consecuencias negativas para el resto de países de la Eurozona, pues continuará las políticas de austeridad que están llevando a Europa y al mundo al desastre.

Las contradicciones e incoherencias de la socialdemocracia en la Unión Europea II - Vicenç Navarro

Cambios en la socialdemocracia alemana

El partido socialdemócrata alemán ha hecho propuestas novedosas, en las líneas que Hollande también ha apoyado en su campaña electoral como el establecimiento de los eurobonos, la europeización de la deuda y un cambio en el BCE para dar mayor hincapié al crecimiento, y no sólo al control de la inflación. Todos estos cambios son muy positivos, y también hay que aplaudirlos. Pero el problema mayor es que el partido socialdemócrata, el SPD, no ha cambiado en un punto central: su compromiso con las políticas de austeridad que el gobierno socialdemócrata presidido por el canciller Schröder, por cierto, inició (en su Agenda 2010), y que la canciller Merkel continuó. Hoy los trabajadores alemanes están subpagados. A pesar del aumento de su productividad, los salarios reales en Alemania no han aumentado en los últimos diez años, siendo una característica de su mercado laboral una elevada tasa de precariedad, un 25%. Su Estado del Bienestar está muy deteriorado, habiéndose incrementado las desigualdades sociales hasta alcanzar niveles sin precedentes desde la II Guerra Mundial. El 10% de los alemanes, los más ricos, tienen el 53% de la riqueza privada del país, mientras que el 50% de la población alemana sólo tiene un 1% (sí ha leído bien, un 1%), según el último informe de la pobreza en Alemania del Ministerio de Trabajo alemán.


Todos estos datos son consecuencia de que el gobierno Schröder potenciara el sector exportador a costa de la demanda doméstica. La reducción de tal demanda disminuyó el crecimiento de la economía alemana, y con ello el crecimiento de la economía europea, que está en camino de una gran recesión de nuevo. Tal recesión en los países de la Eurozona, y muy en particular, de sus países periféricos (resultado de las políticas de austeridad) han afectado también a las exportaciones alemanas a estos países periféricos. Así, las exportaciones alemanas a España descendieron un 11,4%, a Portugal un 15,8%, a Grecia un 9%, y a Italia un 8,6%. Tales exportaciones fueron sustituidas por exportaciones a EEUU, China y otros países emergentes, pero el decrecimiento económico europeo está afectando negativamente al crecimiento económico mundial, afectando también tales exportaciones. Hoy la economía alemana está decelerándose muy marcadamente, y la tasa de crecimiento de la Eurozona se calcula  será en el  2012  negativa (un -0,5% del PIB de la Eurozona).


Estas son las consecuencias de estas políticas de austeridad iniciadas por el canciller Schröder y continuadas por la canciller Merkel. Y una persona clave para el desarrollo de tales políticas ha sido el que ahora es el candidato del SPD para la presidencia del país en las próximas elecciones alemanas, el Sr. Peer Steinbrück, que era el Ministro de Finanzas en el gobierno de coalición Cristiano Demócrata-Partido Socialdemócrata. De ahí que la alianza  Partido Socialista francés-Partido Socialdemócrata alemán no augura que haya el cambio tan urgente y necesario de romper con la austeridad que permita la aparición del New Deal en Europa. De ahí que aunque tales partidos socialdemócratas hayan ido mejorando sus propuestas económicas (consecuencia de las presiones procedentes de los sindicatos franceses y alemanes, así como de los partidos a su izquierda, la Alianza de Izquierdas en Francia y Die Linke (la izquierda) en Alemania, y muy en particular las movilizaciones de protesta popular frente a las políticas de austeridad) todavía están estancadas en el dogma de la austeridad y lo que llaman disciplina fiscal que está llevando a Europa y al mundo al desastre. La alternativa, que sería establecer el New Deal en Europa con políticas expansivas, encaminadas a estimular la economía mediante el crecimiento de la demanda doméstica, no está ni se la espera.


Las políticas económicas de la socialdemocracia española


Los equipos económicos del gobierno socialista del Presidente Zapatero han sido discípulos aventajados de la escuela ortodoxa liberal y su comportamiento antes y durante la crisis encaja dentro de los cánones de los libros de texto del neoliberalismo. En lugar de resolver el mayor problema que tiene el Estado español (la regresividad de su política fiscal y la pobreza del Estado que ello conlleva), el gobierno Zapatero hizo una reforma fiscal en el 2006, en la que bajó los impuestos, favoreciendo todavía más a las rentas del capital y a las rentas superiores. Tales recortes de impuestos crearon un agujero en las cuentas del Estado de casi 20.000 millones de euros La política de que “bajar impuestos es de izquierdas” le costó mucho dinero al Estado, incrementando su déficit público estructural que apareció con toda intensidad cuando estalló la burbuja inmobiliaria y el Estado dejó de ingresar los fondos coyunturales resultado del crecimiento de la burbuja.


Y cuando el déficit público se disparó, la respuesta fue también de libro de texto en la doctrina neoliberal. Recortó el gasto público, incluyendo el social, antes que revertir la bajada de impuestos que había hecho en sus años de bonanza. Así, el gobierno Zapatero congeló las pensiones (para ahorrar 1.200 millones de euros), pero no revertió la bajada de impuestos de sucesiones (que le habría significado recuperar 2.200 millones de euros).


Es cierto que el gobierno Rajoy ha acentuado todavía más estas políticas de austeridad, recortando, por ejemplo, el gasto público sanitario (6.000 millones de euros), cuando podría haber conseguido 5.600 millones de euros, revertiendo la bajada del Impuesto de Sociedades de las empresas que facturan más de 150 millones de euros al años, y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas de España.


Es sorprendente que en España, uno de los países con mayores desigualdades y menos ingresos al Estado, la socialdemocracia sea de las más conservadoras y con menos vocación transformadora en las áreas económicas y fiscales que existe en la Unión Europea. 

Existe un temor (o una complicidad) a enfrentarse, por ejemplo, con la banca, nombrando a personas de clara orientación muy liberal, como Jordi Sevilla, Pedro Solbes, Elena Salado, David Taguas, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Miguel de Sebastián, y otros, en posiciones de gran responsabilidad económica. Los resultados de tales políticas liberales son fáciles de ver: la escasa prevención de la crisis y la manera como se ha respondido a ella (que ha causado un enorme daño) son típicos productos del neoliberalismo. El hecho de que el Partido Popular haya sido incluso mucho peor, no disculpa o diluye los errores económicos de la Administración anterior.


La ausencia de autocrítica y renovación


Lo que caracteriza al socialismo español es su nula capacidad de autocrítica y renovación. Es sorprendente que durante todos estos años no ha habido ninguna voz crítica dentro del PSOE hacia tales políticas. Con la excepción de Josep Borrell, ninguna figura del socialismo español se opuso al cambio de la Constitución para incluir (bajo las órdenes de la Sra. Merkel) el infame Pacto Fiscal que fuerza al Estado a no tener ningún déficit, condenando a España a estar a la cola de la Europa Social. Como dije antes, hay que darse cuenta de las consecuencias que tendría para las familias españolas que se aprobara una Ley que les prohibiera endeudarse.

 El impacto sería enormemente negativo. Pues ésta es la situación para España. Con la excepción de Josep Borrell, no hubo nadie dentro del grupo dirigente del PSOE (repito, nadie) que se opusiera o criticara a tal Pacto Fiscal, mostrando que el PSOE es un aparato presidencialista que ha alcanzado unos niveles que generan rechazo en grandes sectores de su electorado. Tal rechazo se ha acentuado todavía más ahora en que el que lo dirige era el segundo de a bordo del Presidente Zapatero, que ha purgado a todos los demás que le pudieran hacer sombra. El aparato del Partido ha captado el mayor instrumento de las izquierdas españolas, el PSOE, y ello ha tenido enormes repercusiones negativas para todo el país. Hoy al PSOE se le ve y se le percibe por la mayoría de la población española como parte del problema, y no como la solución. Y todos los dirigentes permanecen callados, aferrados a su poltrona. Sería deseable (urgente y necesario) que las bases de tal partido, que son en su mayoría votantes de izquierda, se rebelaran, y hubiera una movilización general pidiendo que se marchen las élites que tanto daño han estado haciendo al socialismo español. El enorme hostigamiento que las clases populares están sufriendo desde el Estado gobernado por la derecha más reaccionaria que ha gobernado este país desde el fin de la dictadura, necesita un instrumento mucho más socialista y más radical de lo que tal instrumento es hoy en día. El amor a España que estos sectores populares siempre han mostrado, requieren una rebelión en contra de la falta de participación y democracia en tal Partido. El hecho de que este fenómeno sea generalizado en otros partidos no es razón de no exigirlo en el mayor partido de la oposición. Así lo necesita este país.

 

miércoles, 27 de junio de 2012


Por qué el rescate no es bueno para España - Vicenç Navarro

Vicenç Navarro
La ayuda de los 100.000 millones de euros al sistema bancario español, realizada a través del Estado español, está encaminada a ayudar a los Bancos (sin que se resuelva el problema financiero que tiene España) a costa del Estado español (tanto central, como autonómico). Hasta hoy, y a pesar del elevado déficit público, el Estado español no tenía un problema de imposible solución. En contra de la opinión neoliberal que atribuía erróneamente la crisis a un excesivo gasto público, los datos mostraban claramente que ni el déficit ni la deuda pública tuvieron nada que ver con la crisis financiera. En realidad, cuando la crisis comenzó en 2007, el Estado español tenía superávit y la deuda pública era de las más bajas de la Eurozona. La explosión de la burbuja inmobiliaria –la causa real de la crisis económica y financiera- determinó un parón del crecimiento económico y un rápido ascenso del desempleo, lo cual (resultado de la excesiva dependencia de los ingresos al Estado español del gravamen de las rentas del trabajo) originó el crecimiento tan rápido del déficit público. A mayor desempleo, menos ingresos al Estado. No fue el déficit público, pues, el que creó la recesión, sino al revés, fue la recesión la que creó el elevado déficit público. Pero, a pesar de ello, y aunque la deuda pública aumentó, ésta era todavía menor que la existente en el promedio de los países de la Eurozona. Ahora bien, esta “supuesta” ayuda de 100.000 millones de euros incrementa la deuda pública nada menos que un 10% del PIB, poniéndola ya por encima de lo tolerable. Es el Estado el que deberá esta deuda, y es el Estado el que tendrá que pagar los intereses (un 3%) a los acreedores públicos, incrementando también el déficit público del Estado español. De ahí que tal “ayuda” ha empeorado la situación y los mercados financieros lo saben y piden intereses más y más altos para comprar bonos del Estado.

¿POR QUÉ ESTA AYUDA?

Esta carga innecesaria y perjudicial al Estado (y que explica el incremento de la prima de riesgo que la deuda pública española ha tenido desde que se anunció tal ayuda) es única y exclusivamente para ayudar a los acreedores de la Banca privada. El problema en España no es la deuda pública, sino la deuda privada, y son los Bancos los que, primordialmente a través de su comportamiento irresponsable y especulativo, crearon el enorme problema de la deuda privada y ahora son los beneficiarios de estas “ayudas” pagadas por el erario público, siendo los mismos que crearon el mayor problema financiero conocido en los últimos cuarenta años.

El ciudadano normal y corriente, que no ha tenido ninguna responsabilidad en la creación de la burbuja inmobiliaria, es el que tendrá que pagar el pato y la deuda. Es una situación profundamente injusta, pues es ahora el Estado el que garantizará que la deuda de tales Bancos se pague a sus acreedores. Es difícil diseñar un sistema más injusto. Lo justo hubiera sido que fueran los Bancos los que pagaran por sus errores y absorbieran las pérdidas. O al menos que se pactara entre el acreedor y el deudor la absorción de las pérdidas. En cambio, a partir de ahora, es el acreedor –nacional o extranjero- el que sale siempre ganando, y nunca perdiendo. Y si no se le puede pagar privadamente, que sea el ciudadano medio el que le pague a través del Estado. Esto es lo que se llama rescate al sistema financiero. Y como que parte de esta deuda privada la tiene la Banca extranjera (y de una manera muy marcada la Banca alemana) tal rescate financiero es, como ha ocurrido en Grecia, Portugal e Irlanda, un rescate a la Banca alemana (y en menor medida a la francesa). Y, de nuevo, si la Banca no paga la deuda privada que tiene, la pagará el Estado español. Es la socialización de las pérdidas, haciendo al Estado responsable de la deuda bancaria.

EL PROBLEMA FINANCIERO Y DE PRODUCCIÓN DE CRÉDITO NO SE RESOLVERÁ

Es también claro que la falta de crédito tampoco se resolverá, y ello se debe a que las causas del llamado problema bancario ni siquiera se tocarán. El problema de la Banca se basa en que el desplome de la burbuja inmobiliaria –la raíz del problema bancario- no se está resolviendo. La Banca es la primera propietaria de viviendas vacías (hay 3 millones de ellas según el Ministerio de Fomento). Y el hecho de que estén vacías es porque la población no puede comprarlas o alquilarlas. Y ello se debe a que los precios continúan siendo artificialmente elevados. Se calcula que los precios de la vivienda están casi un 40% por encima del precio al que deberían estar (según la capacidad adquisitiva de la población), y ello como resultado del excesivo poder monopolístico de la Banca que no quiere bajarlos. Sólo han bajado el precio un 15% en los últimos dos años.

Y no lo bajarán hasta que el Estado les obligue a ello. En Dinamarca, una casa no puede estar vacía más de 6 semanas. Aquí están años. Cuando se hizo la propuesta en el Parlament de Catalunya de no permitir o favorecer pisos vacíos, la gran mayoría del Parlamento se opuso, con lo cual dificultaron la resolución del tema inmobiliario, que está detrás del problema bancario. Y ahí está el origen del problema bancario. Los Bancos tienen demasiado poder. Los Bancos deberían bajar el precio de las viviendas absorbiendo las pérdidas, y cuando no pudieran, deberían dejarlos colapsar (el sector bancario es demasiado grande en España) o nacionalizarlos (no para privatizarlos más tarde), a fin de garantizar el crédito. La solución es fácil de ver desde el punto de vista técnico. La dificultad es la resistencia de los gobiernos para resolverlo.


Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 22 de junio de 2012.

 

viernes 2 de marzo de 2012


Las falacias que se escriben y/o se dicen sobre salarios y competitividad en España - Vicenç Navarro

Vicenç Navarro
Una postura característica de la sabiduría convencional dominante en las élites gobernantes de la Unión Europea, tal como el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE), así como del Fondo Monetario Internacional y de los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea, es que España debe salir de la crisis a base de disminuir sus salarios, hecho que le permita aumentar su competitividad, estimulando así la economía a base del crecimiento de sus exportaciones. De ahí que el gobierno Rajoy está siguiendo el mandato de aquellas instituciones, realizando la reforma laboral más radical que se haya hecho hasta ahora en España en el periodo democrático que tiene como principal objetivo la reducción salarial y el debilitamiento, cuando no la eliminación de la protección social.

El punto débil de tal postura es que la evidencia empírica científica existente no la avala, es decir no muestra ni su veracidad, ni su certeza, ni su credibilidad. Veamos los datos (ver también mi artículo en Público “Salarios y competitividad”, 23.02.12). El argumento que asume que el estancamiento de la economía española se debe al elevado nivel de los salarios y al escaso crecimiento de la productividad, (lo cual lleva a una pérdida de competitividad, causa de la lenta recuperación económica) ignora varios hechos. Uno es que España fue uno de los países de la UE-15 con mayor crecimiento económico y mayor crecimiento de empleo durante los últimos diez años (antes de que se iniciara la crisis) y ello a pesar de tener un nivel salarial bastante parecido al actual. El salario medio (descontando inflación) de 1995 era casi el mismo que en 2008 y ello no fue obstáculo para que el crecimiento económico y la creación de empleo fueran mucho mayores que ahora, en el momento de recesión. Algo debería ocurrir, ajeno s los salarios, que explicara el estancamiento económico ahora y no entonces. Y este algo, es que la demanda doméstica y exterior fue mucho mayor que ahora, punto al que haré referencia más tarde.

Otro dato que se ignora es que tal como ha señalado Marc Weisbrot, director del Center for Economic and Policy Research en Washington, EEUU, en su artículo “Spain’s troubles are Tied to Eurozone Policies” publicado en The Guardian (11.02.11), el nivel de productividad del sector manufacturero (el sector exportador más importante) en España ha sido alrededor del 64% del nivel de productividad del mismo sector en Alemania durante el periodo 1999 (cuando España ingresó en la Eurozona) a 2009.Y durante el mismo período el salario por hora del sector manufacturero creció en los mismos porcentajes en España y en Alemania. No ha habido, pues, un declive de la productividad en el sector manufacturero (un sector clave en la competitividad española) tal como se está indicando con excesiva frivolidad, siendo el último ejemplo de tal frivolidad, las últimas declaraciones sobre competitividad del gobernador del Banco de España, el Sr. Fernández Ordóñez.

El tercer hecho que se desconoce es que, en realidad, el crecimiento de la economía alemana en los últimos años no se debe a la moderación de los salarios de los trabajadores alemanes, ni tampoco al precio de los productos exportados. La propia Comisión Europea ha indicado que el crecimiento de las exportaciones el periodo 1999-2008 (un crecimiento del 7,3%) se debió primordialmente al crecimiento de los mercados importadores. Sólo un 0,3% se debió al cambio de los precios de los productos exportados. Estudios económicos realizados en Alemania muestran que una reducción del 10% en su precio sólo aumentaría las exportaciones un 4%. Todos los datos disponibles muestran que la moderación salarial alemana no ha sido un factor en el crecimiento de las exportaciones. Sí, en cambio, ha sido un factor muy importante en determinar el enorme incremento de los beneficios empresariales. Y ahí está el punto que ni siquiera se considera. La distribución del producto creado a base de incrementar la productividad (véase mi artículo “Productividad y renta” en Público. 24.03.11). Una situación semejante ocurre en España. La variabilidad en los precios no es el mayor determinante en las exportaciones españolas. El punto clave es la demanda de los países importadores.

Los beneficios son también costes de producción

Otro supuesto también cuestionable es que los salarios de los trabajadores juegan un papel clave en determinar los precios y, por lo tanto, la competitividad de los productos. De nuevo, tal supuesto debe cuestionarse. Los costes laborales representan un porcentaje menor en los costes totales de la producción (siendo España el país donde tal porcentaje es uno de los menores), habiendo disminuido este porcentaje durante el periodo 2000-2008. La relación entre costes laborales e ingresos netos de explotación es de alrededor de un 20% en la mayoría de países de la UE, comparado con un 14% en España (ver Alvarez Peralta, I. y Luengo, F., Competitividad y Costes Laborales en la UE. ICEI Working Papers. 2011).

Es significativo comparar esta gran atención mediática en los salarios con el silencio y/o ocultación del impacto de los beneficios empresariales en la competitividad, otro elemento de los costes de producción que apenas aparece en el debate de cómo reducir los costes de producción para aumentar la competitividad. En realidad, durante todos estos años hemos visto como el crecimiento de los beneficios ha sido mayor que el crecimiento de los salarios. Hoy las rentas del capital son mayores que las rentas del trabajo. A estos beneficios empresariales hay que añadir también los pagos a directivos y accionistas, cuya contribución al coste de producto no es menor.
Es importante señalar que el crecimiento elevado de los beneficios se justifica con el argumento de que además de incentivar a los empresarios (argumento que se ignora frecuentemente en el impacto desmotivador que tiene la bajada de salarios) genera inversión, asumiendo que parte de los beneficios van a la inversión productiva. Pero ello no es siempre así. Antes al contrario, la tendencia en los últimos años no ha sido aumentar la inversión productiva, sino incrementar la inversión financiera especulativa, que es mucho más rentable que la productiva. Y ahí está parte del problema. Los súper ricos no invierten en producir coches porque hay una disminución de la demanda de coches. Pero sí que invierten, por ejemplo, en los sectores inmobiliarios, como hicieron los súper ricos alemanes (y los ricos españoles), depositando sus fondos en bancos de inversión que invirtieron en la burbuja inmobiliaria española. Esta burbuja dio grandes beneficios a los accionistas de los bancos alemanes donde se depositaba el dinero conseguido del aumento de los beneficios, consecuencia del aumento de la productividad de los trabajadores alemanes. Si en lugar de depositarlo en el sector inmobiliario español hubieran permitido una disminución de los beneficios a costa de un aumento de los salarios alemanes, el estímulo económico hubiera dependido más del consumo doméstico que de las exportaciones de capital financiero, lo cual hubiera beneficiado a toda la UE.

La desigualdad como problema en la competitividad

Y ello nos lleva al tema más silenciado de todos los temas. El impacto de las desigualdades en la competitividad. Bajos salarios quiere decir escasa demanda y baja productividad. Altos salarios quiere decir elevada demanda y elevada productividad. El dogma neoliberal asume que la baja productividad es la responsable de los bajos salarios, cuando la realidad sigue un orden inverso, pues mantener los salarios bajos es la mejor garantía de mantener la baja productividad. Si los salarios son altos, además de garantizar mayor demanda y estímulo económico, estimula a una mayor inversión, mayor incentivación y mayor productividad. De ahí el enorme error de las políticas públicas impuestas por el gobierno Rajoy. Bajar los salarios es mantener a España en el terreno de la baja productividad. La evidencia de ello es abrumadora. Rajoy y su gobierno transformarán España en un país del tercer mundo, con una enorme polarización de las rentas, donde la mayoría de la población, que deriva las rentas del trabajo, perderá todavía más su poder adquisitivo, su bienestar y la calidad de vida de sus miembros.
Esto es lo que está haciendo el gobierno que se autodefine como popular. No tengo ninguna duda de que, como en Grecia, será muy pronto muy impopular. El problema es que la posible alternativa, el socialismo español, no ha hecho suficiente autocrítica, cambiando 180º la orientación de sus políticas. Esperemos que las movilizaciones populares vayan radicalizando sus posturas, a lo cual puede contribuir el crecimiento de los partidos y movimientos a su izquierda. Esta es la esperanza. En este aspecto es muy positiva la creciente agitación por el movimiento 15-M y el movimiento sindical a fin de protestar por aquellas políticas de austeridad y recortes salariales. Tales movilizaciones son necesarias y urgentes.

Publicado en el diario digital EL PLURAL, 27 -2 -12

 

martes 7 de febrero de 2012


El gran fracaso de las políticas de austeridad – Vicenç Navarro

Vicenç Navarro
La falta de diversidad ideológica en los medios (que es especialmente acentuada en los forums económicos y financieros), con un dominio absoluto del pensamiento neoliberal, explica que auténticas frivolidades, fácilmente demostrables que son erróneas o falsas, se reproducen con toda pomposidad y contundencia, ignorando, cuando no ocultando, la evidencia empírica que las cuestiona. Así hemos visto como las políticas de austeridad con recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social, que están desmantelando el Estado del Bienestar, se presentan como necesarias para recuperar “la confianza de los mercados financieros” y hacer posible que los Estados puedan conseguir dinero prestado.

Tal proposición, sin embargo, se ha mostrado que es errónea o falsa. La evidencia abrumadora demuestra que los recortes del gasto público no han conducido a la bajada de los intereses de los bonos públicos del Estado. Todo lo contrario, estos intereses han ido aumentando y aumentando hasta alcanzar niveles insostenibles. La evidencia está ahí para todo el que quiera verla. España ha estado recortando el gasto público de una manera muy notable, reduciendo beneficios sociales (reducción que hubiera sido impensable hace sólo cinco años) de una manera muy marcada, aprobándose incluso un cambio de la Constitución Española que en la práctica dificultará la resolución del enorme déficit de gasto publico social que existe en este país. Los intereses de su deuda, sin embargo, han ido subiendo sin que tales recortes hayan tenido un mayor impacto en el nivel de tales intereses. Los intereses de la deuda pública española continúan muy altos (el Gobierno Zapatero justificó los recortes de gasto público indicando que quería prevenir que España fuera intervenida, como lo fue Portugal. Todo ello fue en balde. El Presidente Rajoy indicó hace unos días que hará lo que hizo el gobierno portugués cuando fue intervenido).
Un tanto semejante ha estado ocurriendo en Grecia, donde los recortes han alcanzado niveles que están amenazando la continuidad del sistema constitucional con probabilidad de una revuelta popular en contra del orden establecido. Los intereses de su deuda, sin embargo, han alcanzado niveles imposibles de mantener. Una situación parecida, algo menos dramática, ha estado ocurriendo en Portugal, con reducciones muy notables de las pensiones y del empleo público, así como de los servicios públicos del Estado del Bienestar, todo ello sin que los intereses de su deuda estén bajando a niveles asumibles.

Y lo mismo en Irlanda, donde los recortes en las pensiones (10% de reducción) y reducción de empleo público han sido muy acentuados (entre otras reducciones de beneficios públicos y sociales), sin que los intereses de la deuda bajen a niveles que sean más asumibles para el Estado irlandés. Una situación semejante está ocurriendo ahora en Italia.

Es importante subrayar que todos estos países (llamados PIGS en la literatura anglosajona) se caracterizan por haber sido gobernados por las derechas –incluyendo la ultraderecha (España, Grecia y Portugal)- durante la mayoría del periodo post II Guerra Mundial, lo cual explica que todos ellos tengan unas políticas fiscales muy regresivas, un gran fraude fiscal y un Estado del Bienestar muy poco desarrollado. Tienen unas instituciones democráticas muy débiles y, todavía hoy, las fuerzas conservadoras tienen un gran dominio de la vida política y mediática, con unas derechas poderosas y unas izquierdas débiles y divididas. En todos estos países, el mundo del trabajo es débil y el capital (hegemonizado por el capital financiero) es fuerte.
Resultado de ello es que, en todos estos países, la respuesta de sus Estados a la crisis (que ha disparado el desempleo) ha sido predominantemente mediante recortes del gasto público, y muy en especial del social, todas ellas medidas clasistas que afectan negativamente al bienestar de las clases populares (clases trabajadoras y clases medias). Sólo últimamente los Estados PIGS han intentado reducir los déficits a base de aumentar los impuestos, aunque ha sido predominantemente una subida de aquéllos que afectan principalmente a las rentas del trabajo y del consumo más que a las rentas del capital, acentuando todavía más las desigualdades sociales, siendo éstos países los que tienen mayores desigualdades en la Eurozona.

A pesar de estas medidas, la famosa “confianza de los mercados” no se ha recuperado. En realidad, la deuda pública como porcentaje del PIB ha continuado aumentando desde el inicio de la crisis (2007), sin que los recortes hayan hecho mella en ella. España ha subido desde el 36% del PIB al 68%, Portugal del 68% al 102%, Grecia del 107% al 161%, Irlanda del 25% al 107%, e Italia del 103% al 120%.

El desastre de las políticas de austeridad
Las políticas de austeridad han sido un desastre (y no hay otra manera de decirlo). Y era fácil predecirlo como algunos hicimos. Y era predecible, porque la causa de la crisis estaba en las políticas neoliberales que redujeron las rentas del trabajo (y con ello forzaron el endeudamiento de la población, creándose un problema de escasez de demanda) a costa de un hiperbólico incremento de las rentas del capital, origen del comportamiento especulativo de la banca, pues la baja rentabilidad del capital productivo –consecuencia de la escasa demanda- determinó un aumento de las inversiones especulativas de mayor rentabilidad (tales como la burbuja inmobiliaria).

La concienciación del impacto insuficiente de la austeridad para resolver la crisis (en realidad, más que insuficiente, es perjudicial) es ahora la llamada a que hay que facilitar el crecimiento económico. Pero la manera como ello intenta conseguirse empeorará todavía más la recesión (que en varias partes de los países PIGS es ya una gran depresión). El dogma neoliberal indica que la falta de crecimiento se debe a la escasa competitividad de tales países debido a que tienen unos salarios demasiado altos. De ahí que impongan bajadas salariales, tanto en el sector privado como en el público, como manera de mejorar la competitividad. Pero la evidencia empírica muestra que los salarios reales (no los nominales) han ido descendiendo y, sin embargo, el crecimiento económico ha ido bajando. La famosa “devaluación doméstica” parece que no ha funcionado tampoco. Y es que, tal como están las cosas, tampoco puede funcionar, pues lo que es importante para que tal devaluación funcione no es tanto el salario real, sino el diferencial con los países centrales de la Eurozona, con los cuales España comercia. Si los salarios alemanes continúan bajos (en relación con su productividad), los salarios españoles tienen que bajar mucho más para poder compensar su menor productividad, lo cual conduce a España a una situación imposible, pues tal reducción significa un descenso muy marcado de la demanda, que es el origen del problema. De ahí la incoherencia de reconocer que hay que estimular la economía a fin de crecer de nuevo, y a la vez recortar los salarios y el gasto público, que son los elementos más importantes para que tal estímulo tenga lugar. Creerse que la economía va a ser estimulada a base del incremento de las exportaciones, es olvidar que está pasando en Alemania, el gran “modelo exportador”, donde el crecimiento económico (en contra de lo que anuncia sus defensores) ha sido muy escaso, habiendo incluso descendido en el último cuarto del año. Para exportar hay que importar, y los países importadores también están en recesión.

Vamos, pues, en camino de una Gran Depresión. Hay dos maneras de resolverlo. Una es a nivel europeo, con el establecimiento de una estructura federal que permita unas políticas expansivas, con grandes inversiones encaminadas a crear empleo y establecer las infraestructuras físicas y sociales que estimulen la demanda, basadas en políticas redistributivas, tal como ocurrió a principios del siglo XX, cuando el New Deal permitió salirse de la Gran Depresión y cuando Europa, después de la II Guerra Mundial se recuperó mediante la enorme expansión de gasto público, facilitado por el plan Marshall. Esto requiere un cambio de 180º en las políticas públicas.

La otra alternativa es que los países PIGS salgan de la Eurozona (individual o colectivamente), hecho que, en contra de lo que dicen los medios, es temido por los bancos de los países centrales pues, debido a la dependencia de tales instituciones financieras a la deuda pública de estos países, podría significar el colapso de su sistema financiero. Los países deudores tienen más poder de negociación de lo que son conscientes. Sólo la amenaza de salir del euro tendría impacto en cambiar las políticas de austeridad que hoy están imponiéndose en aquellos países.

El contexto político para permitir el cambio
Para cualquier estudioso de la realidad económica, conocedor de la historia económica y libre del dogma neoliberal que hoy imbuye los forums políticos y mediáticos del país, no es difícil ver qué es lo que debería hacerse para salir de la recesión. El mayor problema, sin embargo, no es económico, sino político. Las izquierdas a principios de siglo, en los años treinta, eran poderosas, estimuladas por una gran agitación social. Fue tal agitación y el poder de las izquierdas las que posibilitaron los programas New Deal que permitieron terminar con la Gran Depresión. Sin desmerecer la importancia del Presidente Roosevelt en la génesis del programa, el hecho es que, tal como el propio Presidente indicó, sin el movimiento obrero presionándolo, el New Deal no habría existido.

Un tanto igual ocurrió después de la II Guerra Mundial, una guerra que significó el fin del nazismo y del fascismo, y que radicalizó a la población europea, y muy en especial a la clase trabajadora, cuya agitación fue determinante para que se establecieran gobiernos de izquierda o gobiernos que no podían ignorar a las izquierdas fuertes en la oposición y en la calle. Es más, la existencia de la Unión Soviética, que, como reconoció Winston Churchill, jugó un papel clave en la derrota del nazismo en Europa, representaba una amenaza al orden capitalista, amenaza que estimuló el crecimiento del Plan Marshall, que facilitó enormemente la recuperación de las economías europeas occidentales.

Hoy, las izquierdas son débiles en Europa, y una causa de tal debilitamiento ha sido la desmovilización de las bases tradicionales de las izquierdas (y muy en especial de las clases trabajadoras) consecuencia de las políticas neoliberales llevadas a cabo por los instrumentos políticos gobernantes que tradicionalmente habían representado a tales clases. El neoliberalismo dentro de la socialdemocracia ha sido la causa de su declive. Y la desaparición de la amenaza de la Unión Soviética, así como la integración de la socialdemocracia en el marco neoliberal, ha roto todas las inhibiciones que el capital haya tenido, iniciando el ataque más frontal a las clases populares y al Estado del Bienestar que haya existido en el siglo XX y XXI. La lucha de clases la está ganando la clase capitalista (hoy redefinida como el 1% de la población) con escasa resistencia. De ahí la enorme urgencia de movilizarse para revertir esta situación. Hoy existe en Europa y en EEUU una gran agitación social, que apenas aparece en los medios. La calle está claramente agitada por movimientos, no sólo de protesta frente a los recortes, sino también de hartazgo en contra de unas instituciones que se autodefinen como representativas de la población y que, en cambio, están llevando a cabo políticas que sólo benefician a este 1% de la población. Este hartazgo representa una amenaza al orden vigente y requiere un cambio de los instrumentos políticos de las izquierdas mucho más profundo de lo que está ocurriendo.

Artículo publicado en la revista digital SISTEMA, 3-02-20101

 

jueves 2 de febrero de 2012


Se requieren cambios más profundos en la socialdemocracia que los que se están proponiendo - Vicenç Navarro

Vicent Navarro
Aunque parezca difícil es importante recordar que hace aproximadamente doce años la socialdemocracia gobernaba en la mayoría de los países de la Unión Europea de los Quince (el grupo de países más desarrollados económicamente de la Unión Europea) y dentro de los países de la Eurozona. Hoy apenas existen gobiernos socialdemócratas en la UE-15 y en la Eurozona.

Mucho se ha escrito sobre las causas de este hecho. Pero todo indica que una de las causas más importantes de este declive fue la adopción por parte de tales gobiernos socialdemócratas de políticas de claro corte neoliberal que incluían políticas de austeridad de gasto público (incluyendo gasto público social), políticas fiscales regresivas (reducción de impuestos y aumento de su regresividad), desregulación de los mercados financieros (facilitando la especulación) y laborales (facilitando el despido) y otras intervenciones, que fueron todas ellas altamente impopulares entre sus bases electorales. La evidencia de ello es robusta y no da lugar a dudas. La captación de los equipos económicos de los gobiernos socialdemócratas por parte del pensamiento neoliberal fue una causa determinante de su declive político, declive que se mostró, no sólo en un descenso muy marcado de su apoyo electoral, sino también en una reducción muy significativa del número de militantes y simpatizantes de tales partidos. El desencanto de las bases de los partidos socialdemócratas hacia tales políticas y hacia los dirigentes que las llevaban a cabo, alcanzó unas dimensiones nunca vistas antes en su historia.

Su caída electoral en picado fue la causa de que las derechas recuperaran el poder. Una vez en el gobierno, estos partidos conservadores y liberales (en realidad neoliberales) han extendido todavía más estas políticas que han profundizado la recesión, aprovechándose de ésta para poder conseguir lo que siempre desearon, es decir, el debilitamiento del mundo del trabajo y del Estado del Bienestar. La gran impopularidad de tales políticas ha aumentado las posibilidades de que los partidos socialdemócratas puedan recuperar el poder político y gobernar de nuevo.

Lo auténticamente preocupante, sin embargo, es que la gran mayoría de tales partidos no han hecho los cambios necesarios en sus políticas económicas, sociales y fiscales (ni tampoco en su personal directivo) que puedan abrir un capítulo nuevo de esperanza para poder salir de lo que va en vía de convertirse en la II Gran Depresión. Tales partidos no han roto con el pensamiento neoliberal que continúa dominando las mayores instituciones que gobiernan la UE-15 y la Eurozona, ni tampoco han presentado una alternativa, claramente expansionista, que permita resolver la situación económica y social de la Unión Europea. Como bien escribe George Irvin, profesor de Economía de la Universidad de Londres, en su último artículo “Have Social Democrats Surrendered?” en (Social Europe Journal), es enormemente decepcionante ver el continuismo entre la “nueva” y la “anterior” socialdemocracia. El supuestamente nuevo PD italiano, el Partido Demócrata de izquierdas (continuador del que fue en su día poderoso Partido Comunista italiano) apoya las políticas neoliberales del mal llamado “gobierno tecnócrata” del Sr. Monti (un banquero ultraliberal). El candidato socialista francés, François Hollande, hace gala de su rectitud fiscal como manera de mantener su credibilidad (entendiendo credibilidad como austeridad). Ed Balls, el portavoz de temas económicos del Partido Laborista, indica que el futuro gobierno laborista mantendrá los recortes del Sr. David Cameron, en caso de que gane las próximas elecciones. Los dos candidatos a la Secretaría General del Partido socialdemócrata español no han hecho ni críticas de las políticas económicas neoliberales del gobierno Zapatero (del cual formaron parte), ni han hecho propuestas claramente expansivas de gasto público para crear empleo, remarcando, en cambio, que los recortes debieran ser menos acentuados (recortes que inició el gobierno Zapatero) de los que realiza el gobierno conservador-neoliberal del PP y la reducción del déficit público debería ser más lenta que lo programado, pero, por lo demás, no hay ninguna apuesta por una gran inversión y aumento notable del gasto público.

Como indica George Irvin, no ha habido un cambio suficiente en la socialdemocracia europea que permita albergar esperanzas para el futuro. Después de todo no es tan difícil ver qué es lo que debiera hacerse en estos momentos de crisis. Es necesaria una inversión masiva en creación de empleo, como ocurrió con el New Deal en EEUU a principios del siglo XX o en los años cuarenta y cincuenta en Europa, en la reconstrucción que siguió a la II guerra Mundial, facilitada por el Plan Marshall. La socialdemocracia europea, por mucho que diga lo contrario, todavía no considera que el mayor problema económico en la UE sea el desempleo y la escasa capacidad adquisitiva de la población, en lugar de la deuda y el déficit público. Parecen no ser conscientes de que estos últimos se resolverán cuando se resuelva el primero, no al revés, como la sabiduría convencional neoliberal predica.

¿Es posible el New Deal en la Unión Europea y en España?

La respuesta a esta pregunta es un rotundo sí. La Unión Europea tiene los recursos para hacer esta expansión masiva del gasto público con el objetivo de crear empleo en los sectores deficitarios que van desde el Estado del Bienestar a los sectores energéticos y economía alternativa. (Por cierto, la crítica a la socialdemocracia podría también aplicarse a la mayoría de los partidos verdes mayoritarios que no han hecho propuestas de inversión pública masiva a nivel europeo). En realidad, la gran paradoja es que, a pesar del aumento de la productividad que ha estado ocurriendo en todos los países de la UE-15, las rentas del trabajo han disminuido como porcentaje de la renta nacional, y los ingresos al Estado también han estado bajando en la gran mayoría de países de la Eurozona y de a UE-15, incluyendo España. Las rentas del capital, sin embargo, han subido enormemente. Esta realidad, ampliamente documentada en muchos escritos (véase el libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, de Juan Torres, Alberto Garzón y Vicenç Navarro), muestra que sí que hay recursos. El problema es que están mal distribuidos, con excesiva concentración de las rentas en los sectores más pudientes de la sociedad. Y ahí está la raíz del problema, tanto en la UE como en España. No puede haber una inversión masiva encaminada a estimular la economía sin una reforma fiscal redistributiva de gran calado que permita un aumento muy notable de la inversión pública. Tal como he señalado en otro artículo (“El abandono de las políticas redistributivas por las izquierdas gobernantes”. Sistema Digital. 06.01.12), el abandono de las políticas redistributivas por parte de la socialdemocracia (y de los partidos verdes) ha llevado a la crisis actual. A no ser que cambien y recuperen su compromiso con la redistribución, no habrá salida de la crisis. El principio de “a cada uno según su necesidad, de cada uno según su habilidad y capacidad” es tan relevante ahora como en la historia de tal movimiento.

La mala distribución de los recursos ha significado un enorme empobrecimiento del Estado. El fraude fiscal, predominantemente de las rentas superiores, ha alcanzado unos niveles sin precedentes, tanto en la UE como en España. Las cifras estimadas a nivel de la UE consideran que el fraude fiscal representa como promedio el 13% del PIB de la Unión Europea, porcentaje que aumenta mucho más en los países de la periferia. En España es un 23%. Y hay que repetir que este fraude se concentra sobre todo en las rentas superiores, tal como el caso español muestra claramente. Según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español, el 72% de todo el fraude fiscal en España lo realizan las grandes fortunas, las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (que representan un 0,01% de todas las empresas) y la banca. Este 72% representa 64.000 millones de euros, cantidad equivalente a todos los recortes que está realizando el Estado español. ¿Se atreverán los partidos socialdemócratas a enfrentarse con los grandes evasores fiscales? La experiencia hasta ahora ha sido deprimente.


Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 30 de enero de 2011.