jueves, 17 de enero de 2013
En vías de subdesarrollo - Iñaki Martínez
Es que puede que esta crisis no sea realmente una crisis, un proceso son entrada y salida tras el cual las cosas volverán a ser más o menos como antes, si no que puede ser un cambio irreversible en la situación económica y social del Estado Español, la conversión de un país industrial y desarrollado en un país subdesarrollado.
Parece haber un consenso general en que la crisis económica empezó en 2008 con el doble golpe de la crisis de los créditos subprime y el estallido de las burbujas inmobiliarias, incluida la española. Sin embargo cabe otra interpretación que situaría el inicio de la crisis bastante antes e identificaría la variante española de la crisis como un fenómeno de desindustrialización y pérdida de capacidad productiva a largo plazo. Los efectos combinados de la convergencia económica con la Unión Europea, las “reconversiones” industriales, la incorporación a un euro fuerte, la privatización de sectores económicos básicos, el debilitamiento del mercado interno por la moderación salarial, los bajos aranceles que favorecen a las exportaciones de maquinaria alemana y a las importaciones de productos de consumo asiáticos, fueron dejando fuera de juego a la industria española que precisamente destacaba en producir una tipología de productos (textil, calzado, juguetes, etc.) que fueron masivamente sustituidos por productos de importación.
Sin embargo parecía que esa pérdida de fuerza industrial era intrascendente pues la reducción de actividad económica que supuso fue compensada y enmascarada por la actividad derivada de la burbuja inmobiliaria. Ahora todos sabemos que la burbuja no era una fuente de riqueza sostenible, que era pan para ayer y hambre para hoy, pero en aquellos tiempos de burbujeante apariencia de prosperidad no faltaban análisis de que nos habíamos convertido en una sociedad post-industrial en la que ya no era tan necesaria esa antigualla de la industria y que estábamos en un nuevo paradigma económico en el que una economía volcada en el sector terciario era tan saludable como una economía industrial, ya no era necesario producir. El devenir histórico ha demostrado que tales argumentos eran meros sofismas, no sabemos si simplemente equivocados o si tendenciosamente sesgados. La economía española era como una gruesa viga de madera que parecía robusta y hermosa. Un día rompió y descubrimos que por dentro estaba totalmente carcomida.
También es cierto que ya antes del 2008, en plena burbuja, ya había ciertas disfunciones que presagiaban la crisis, ciertos fenómenos emergentes de malestar social que desde la actual perspectiva pueden verse como avanzadillas de la crisis generalizada por venir. Acordémonos de la dificultad de los jóvenes para acceder a la vivienda, el “mileurismo”, el sub-empleo y desempleo de muchos jóvenes licenciados, la creciente precariedad laboral de los jóvenes con generalización de los contratos temporales... “problemillas” que se veían como secundarios cuando no como enojosas quejas de aguafiestas, que no alteraban la visión generalmente aceptada de que vivíamos tiempos de prosperidad. Sin embargo hoy podemos ver esos fenómenos como precedentes de la crisis, en los tiempos de prosperidad inmobiliaria ya había grupos sociales, ajenos al negocio del ladrillo, que habían empezado a vivir fenómenos que hoy se han extendido a oros segmentos sociales y que ahora se consideran característicos de la crisis. Podríamos decir que muchos españoles, en general jóvenes, ya vivían antes del 2008 una situación que podríamos llamar de pre-crisis.
Ahora el debate político sobre la crisis económica parece ser si la austeridad es buena y es mala, pero parece un debate insuficiente porque no responde a la gran pregunta ¿En que vamos a trabajar los españoles dentro de cinco, diez o quince años? Si seguimos el camino de las medidas señaladas desde esta Unión Europea dominada por el eje Berlín - Frankfurt, medidas que parece que tienen mucho más en cuenta los intereses de otros que los de los españoles, todo indica que las actividades económicas reservadas para España son el turismo, la producción de ciertos productos agropecuarios que al norte de Europa le interese que le suministremos y la actividad de alguna que otra maquila que se podrá instalar una vez las condiciones laborales del sur de Europa queden equiparadas a las chinas. El problema es que para ese panorama económico podrían sobrar como treinta millones de españoles, no parece una opción que desde España podamos aceptar, por más que en Galicia ya parezca que nos hemos adelantado al problema con nuestra fuerte tendencia al suicidio demográfico.
Las autoridades españolas mantienen una pasividad escalofriante, como animalitos del bosque deslumbrados por los faros de un coche y que se quedan paralizados mientras el vehículo se les viene encima. Parecen incapaces de reaccionar ante las circunstancias y entregan el país dócilmente a lo que la ciega dinámica del mercado y los intereses financieros y las no tan ciegas estrategias geopolíticas de países septentrionales tengan a bien disponer. Someten a España a reglas hechas para beneficiar a otros, aceptan que España sea lo que otros quieran que seamos, renunciando a nuestros propios fines colectivos. Quizá sea que han perdido la costumbre de hacer política económica en estos años de cómoda cesión de competencias económicas a la Unión Europea, pero los partidos políticos españoles deberían hacer memoria, recordar que en otros tiempos si que dirigían la política económica, recuperar capacidades, conocimientos y habilidades de comprensión y acción política con las que tener algo que decir ante la Troika, exigir, mejor si es en unión de los otros estados de la Europa greco-latina, acciones que proporcionen un futuro económico viable para España, y si tales medidas no nos son graciosamente concedidas no resignarse, si no adoptar las iniciativas que sean necesarias para poner la economía española de nuevo en funcionamiento, en producción.
Señoras y señores representantes políticos miembros del Partido Popular, que en los últimos años han hecho ejercicio de memoria recuperando algunos comportamientos y actitudes de sus predecesores ideológicos pre-constitucionales. Recuerden que en aquellos tiempos también había instrumentos de política económica como los llamados “planes de desarrollo”, que funcionaron bastante bien (por lo menos mejor que el suicida laissez faire actual) para recuperar la actividad industrial de un país destrozado por la guerra. Seguramente ya no quedará vivo ningún funcionario de los que diseñaban y gestionaban los planes de desarrollo, puede que en España ya no sepamos hacer esas cosas pero, rebuscando por archivos polvorientos de los ministerios seguramente aparezca documentación de aquellos planes de desarrollo con la que volver a aprender como se reindustrializa un país. Es algo que ya se ha hecho.
Señoras y señores representantes políticos pertenecientes a partidos de izquierda ¿No les da vergüenza asumir las instrucciones de los mercados y los oligopolios como si fueran insoslayables leyes de la naturaleza? ¿Los años de relativo bienestar han acabado con la combatividad y la capacidad de construir otras realidades que tenía la izquierda? Recuerden como la socialdemocracia se enfrentó a los problemas de una Europa destruida por la guerra metiendo las manos del estado hasta los codos en la economía, aprendan de como las izquierdas latinoamericanas están rehaciendo sus sociedades sin amilanarse ante la contrariedad de las oligarquías, recuerden incluso (¡que caramba!) como la Unión Soviética fue destruida en dos guerras pero fue reconstruida por el comunismo en sendas ocasiones, recuerden que no es necesario tener el amor de la banca para gobernar.
Si las autoridades españolas no saben, no quieren o no se atreven a molestar a los poderes financieros domésticos e internacionales, el Estado Español parece abocado al subdesarrollo. O se adoptan políticas económicas reindustrializadoras que proporcionen un futuro a los españoles, para que al menos en España se produzca tanto como se consume, o solo nos queda potenciar un poco la enseñanza de idiomas para que nuestros hijos estén capacitados para preguntar “que desea el señor” en todas las lenguas germánicas.
lunes, 26 de noviembre de 2012
Precaución con la reformas constitucionales - Iñaki Martínez
Los sectores de opinión progresistas y republicanos tienden a considerar que la superación de la monarquía y el establecimiento de una tercera república supondría el advenimiento de un nuevo orden político más justo que conllevaría un giro social e igualitario de la orientación política del Estado similar al que supuso la Constitución de la 2ª República. Sin embargo ese giro social no parece que sea la tendencia predominante en el constitucionalismo europeo del tiempo en que vivimos.
La última reforma de la Constitución Española, la reforma de 2011 del artículo 153 que estableció el principio de que el pago de la deuda pública a la banca internacional tiene prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto, incluido el gasto social, va precisamente en dirección contraria, hacia el desmantelamiento del estado social y la subordinación de los intereses públicos (incluso de la soberanía nacional) a los intereses de la oligarquía financiera.
Otro ejemplo de por donde van las últimas tendencias en materia constitucional lo tenemos en la afortunadamente fallida “Constitución para Europa” del 2005, un texto profundamente neoliberal que cerraba puertas a la intervención pública en la economía y fortalecía a las grandes empresas frente a los estados. Nunca agradeceremos lo bastante a los franceses que evitaran la aprobación de ese texto que los españoles habíamos aprobado llevados por aquella euro-ingenuidad que ahora nos están curando a bofetadas. Es cierto que ese texto no era realmente una constitución, por más que así la llamaran, pero es toda una demostración de que el viento predominante en materia política y constitucional en Europa no es en estos tiempos un viento de igualdad y solidaridad social si no corporativo y mercantilista.
Con este panorama de fuerte hegemonía de la ideología neoliberal en el entorno europeo y con una ya probada eficacia de los lobbies de la gran empresa para alterar a su gusto los textos constitucionales, el resultado más probable en una posible reforma a fondo de la Constitución del 78 o en la redacción de una nueva constitución, aunque se iniciara con la progresista intención de sustituir la figura monárquica por una jefatura de estado electiva, sería que como resultado de las negociaciones inherentes al proceso, a cambio de esa concesión histórica y simbólica a las fuerzas progresistas se cayeran del texto varios preceptos constitutivos del estado social y varias facultades del estado de intervenir en la economía en aras del interés común, cuyo ejercicio además puede resultar completamente necesaria para recuperar la actividad económica española. Soñando con una república de trabajadores podría acabarse teniendo una república plutocrática y oligárquica.
Tras una reforma republicana, en el contexto actual de hegemonía neoliberal, el artículo 1 de la Constitución podría decir algo así como:
1. La forma política del Estado español es la República.
2. España se constituye en un Estado democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico el libre mercado, la propiedad privada, la eficiencia económica y la prioridad del pago de la deuda pública frente a cualquier otro gasto público.
Vamos, que haríamos un pan con unas tortas.
En la constitución francesa, a la luz de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, juiciosamente se prohíbe reformar su constitución en estado de guerra o estando Francia bajo ocupación extranjera. Por el mismo motivo no parecen estos tiempos de intervención económica extranjera y gobiernos colaboracionistas los más adecuados para ejecutar en España una reforma constitucional escrita con el aliento de los mercados en el cogote. Desde una perspectiva progresista, parece más conveniente esperar a un cambio de ciclo, al declive de la hegemonía ideológica neoliberal, tal y como se hizo en las repúblicas sudamericanas que en los últimos años se han dotado de nuevas cartas magnas y en las que el neoliberalismo había quedado desacreditado tras amargas experiencias históricas, muy semejantes a las que ahora estamos padeciendo en el sur de Europa. También conviene esperar a ver si esto de la Unión Europea tiene o no futuro, pues de eso dependerá decisivamente el rol político que pueda asumir el Estado Español.
miércoles, 24 de octubre de 2012
El problema del déficit democrático I - Iñaki Martínez
Si echamos un vistazo a nuestras instituciones gallegas y españolas hay poca duda de que disfrutamos de democracia. Tenemos elecciones periódicas en las cuales podemos elegir nuestros representantes libremente. Frente a eso se puede objetar que la ley electoral tiene importantes defectos, que el porcentaje mínimo de voto para obtener representación en el Parlamento Gallego es demasiado alto o que las listas cerradas y bloqueadas limitan la capacidad de elección por los ciudadanos, sin embargo, a pesar de que es cierto que la corrección de esos defectos aumentaría la calidad democrática de nuestro sistema, probablemente no sean causa de una composición de los parlamentos radicalmente distinta a la que se obtendría con un sistema electoral más afinado. De manera que, dejando de lado la falta de neutralidad de los medios de comunicación y la insuficiente exigencia de democracia interna en los partidos políticos, me atrevería a afirmar que si, que las instituciones representativas gallegas y españolas son democráticas.
Sin embargo me parece que no acaba ahí la cuestión sobre el carácter democrático de nuestro sistema. Las instituciones democráticas españolas no tienen una plena capacidad de acción política porque buena parte de las decisiones más trascendentales para el desarrollo de la vida de los españoles se toman en otras instancias, en las instituciones de la Unión Europea, y es ahí donde el principio democrático se diluye temiblemente, tanto se diluye que podemos decir que las altas magistraturas europeas no son democráticas, de manera que nuestras instituciones democráticas españolas y gallegas están subordinadas a organismos no-democráticos, convirtiendo nuestra democracia más en una democracia formal que en una democracia material. Una democracia tutelada, no por un poder militar como pudo pasar antaño en diversos países de Latinoamérica, en Turquía o en Corea del Sur, si no tutelada y limitada por organismos que son expresión de intereses oligárquicos.
Seguramente recordaréis que en los años noventa de vez en cuando se oía hablar del déficit democrático de la Unión Europea. En aquella época la cuestión sonaba un poco como una simple cuestión teórica, un asunto del que se preocupaban más que nada ciertos puristas o teóricos de la ciencia política pero que no tenía ninguna relevancia práctica. En esos tiempos de entusiasmo europeísta, sobre todo aquí en España, la sensación general era que la Unión Europea funcionaba, las cosas iban a mejor, Europa era un espacio de libertad y lo europeo era sentido en España como una garantía de democracia, libertad y prosperidad. Al salir de la dictadura España se entregó a un proceso sorprendente y simultaneo de transformación política, social y cultural, un proceso de cambio múltiple y acelerado que hubiese sido imposible para cualquier sociedad si no hubiera sido porque teníamos claro el modelo y el objetivo, que no era otro que Europa. La aspiración de España era adoptar el funcionamiento democrático y la modernidad social y cultural que ya estaba vigente en el resto de Europa. Por eso quedó bien marcado en nuestras estructuras cognitivas que Europa y la democracia eran conceptos absolutamente ligados entre si y cuando en los años noventa se empezó a hablar tímidamente de déficit democrático en las instituciones europeas y nos llegaban ecos de euro-escepticismo de otros estados europeos, aquello nos resultaba simplemente incomprensible. Además las cosas iban bien, la sociedad prosperaba ¿Era necesaria más demostración de que aquellas acusaciones de déficit democrático de la Unión Europea eran exageradas e intrascendentes?
Bueno, pues ahora las cosas no van tan bien y en las actuales circunstancias el déficit democrático de las instituciones europeas ya no es una cuestión teórica si no una dolorosa patología que sufrimos en nuestras carnes y que oscurece nuestro horizonte vital. Llevamos varios años viendo como el Gobierno y el Parlamento español aplican una detrás de otra medidas económicas y políticas contrarias a los deseos de la mayoría social y a sus propios programas electorales, incluso han reformado la Constitución en un tiempo record para introducir una cláusula más propia de un contrato mercantil que de una carta magna, una garantía de pago para las entidades financieras acreedoras de la deuda del Estado Español. Manifestaciones masivas y huelgas generales que en otras décadas hubieran conmovido los cimientos del país, hasta ahora no han conseguido interrumpir la aplicación de un programa que nos quieren presentar como incuestionable pero que, lejos de aportar soluciones para la sociedad española, parece un simple plan de pagos, cueste lo que cueste, a los acreedores del Estado Español y, sobre todo, de los bancos y cajas españolas, con todos los españoles como avalistas forzosos de deudas que en realidad son privadas.
Los poderes europeos residen en organismos como la Comisión y el Banco Central Europeo con una legitimidad democrática muy tenue, una legitimidad indirecta, con múltiples intermediarios entre la elección popular y la decisión última de la composición de los órganos, que terminan diluyendo la influencia de la voluntad popular en dichos órganos hasta niveles irrelevantes, mientras que abren de par en par dichos organismos a la influencia de lobbies de la gran empresa y las finanzas. En el caso del Banco Central Europeo el déficit democrático llega al extremo, un órgano con poderes decisivos para decidir el rumbo del sistema económico europeo está vinculado férreamente por normas que aseguran su funcionamiento como órgano de defensa del poder financiero corporativo, convirtiéndolo en un órgano de representación aristocrática de las élites financieras. No es de extrañar que las decisiones resultantes de estos organismos sean gravemente lesivas para los intereses de la mayoría mientras salvaguardan fielmente el status quo favorable a la oligarquía financiera.
El problema del déficit democrático II - Iñaki Martínez Vázquez
Sin embargo debemos felicitarnos de que aun quedan límites que no se han traspasado, en concreto el límite de los derechos humanos que aun hoy vienen siendo respetados por las instituciones. Hasta cierto punto, objetará más de uno, pues cada vez hay voces más descaradas cuestionando derechos fundamentales como el de manifestación y reunión.
A mi entender la solución a la situación actual no pasa ni por el “cirujano de hierro” ni por una democracia directa que, si bien en principio parece buena idea, al final es una idea difusa sobre la que no se hacen propuestas de aplicación concretas y viables. Considero que la situación pasa por una afirmación del principio democrático, a falta de mejores modelos aplicado mediante un sistema de representación, por más que pueda ser corregido facilitando mecanismos de participación popular. Para ello hay que deshacerse de las ataduras que hacen de nuestro sistema más un sistema de democracia formal que una democracia en el pleno sentido del término ¿Qué reformas serían necesarias? Quizá lo ideal sería una plena democratización de las instituciones europeas, depositar más poderes en el Parlamento Europeo, eliminar la Comisión Europea, crear un poder ejecutivo de la Unión Europea controlado democráticamente, o bien sometido al Parlamento o elegido directamente por los ciudadanos como en ultramar, y por supuesto someter a control democrático al Banco Central Europeo. Sin unas instituciones europeas auténticamente democráticas, estas podrán ir adoptando decisiones más o menos acertadas pero siempre tendrán una marcada tendencia a meter a los pueblos de la Unión Europea en diversos berenjenales.
¿Y si las altas magistraturas europeas no se dejan democratizar? ¿Y si el resto de los estados europeos no tienen interés en transformar el mandarinato europeo en un sistema de instituciones democráticas? Si realmente somos demócratas no deberíamos plantearnos transigir a la imposición de un marco no democrático y deberíamos plantear respuestas desde la firme defensa de los principios democráticos, no reconocer legitimidades distintas a la democrática, aunque eso lleve a alejarnos del esquema institucional europeo. Como inventar soluciones novedosas no solo es bastante complicado si no que suele ser innecesario, e igual que en su momento la referencia del modelo democrático europeo fue una valiosísima ayuda para el desarrollo de la democracia española, deberíamos observar con atención si hay experiencias democratizadotas y de emancipación nacional que nos puedan servir de referencia. Las hay. Por suerte para España tenemos una identidad colectiva mixta, europeos pero también parte de la comunidad iberoamericana, y allende los mares en la última década ha habido importantes cambios políticos que han liberado buena parte de las repúblicas latinoamericanas de estructuras de poder lesivas para el carácter democrático de sus sociedades. Las crisis latinoamericanas de los años 80 y 90 son en lo sustancial idénticas a la que ahora padecemos en España y, buenas noticias, las superaron. Las superaron no acatando las soluciones que les planteaban desde el FMI y demás organismos internacionales, guardianes del status quo económico, si no revelándose contra las mismas con toda la legitimidad de tener el respaldo de sus pueblos, medidas que no fueron fáciles de tomar, que no estuvieron libres de una fuerte oposición de los poderes oligárquicos internacionales e internos y que tuvieron sus costes, pero que fueron necesarias para superar la crisis y poner de nuevo a funcionar sus economías reales.
Las medidas que tomaron son aun un tabú en el sistema de pensamiento único neo-liberal que aun padecemos en Europa: nacionalizaciones, ruptura de la paridad peso-dólar (que sería equivalente a una salida del euro), intervención pública en la economía…. pero ya ha llegado el momento de tener en cuenta las experiencias latinoamericanas de salida de la crisis y de recuperación de la democracia.
