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| Victor d'Hondt |
En España tenemos un sistema proporcional corregido, producto de los pactos de la Moncloa, que trata de favorecer la gobernabilidad, beneficiando a los partidos más votados. El sistema electoral favorece a los partidos que tienen más votos en cada circunscripción y perjudica a los partidos minoritarios que se presentan en todas las circunscripciones, permitiendo que se conformen mayorías que garanticen la estabilidad del sistema político.
En el caso del País Vasco y de Cataluña, al ser los partidos nacionalistas los más votados, el sistema los sobrerrepresenta porque sólo se presentan en unas pocas circunscripciones, perjudicando de forma clara a los partidos minoritarios, que se presentan en todas las circunscripciones.
Si aplicáramos un sistema proporcional puro en cada circunscripción, lo cierto es que la variación en los resultados sería irrelevante, porque el efecto distorsionador no está en la ley D´Hondt, sino en la circunscripción, o mejor dicho en el número y tamaño de la circunscripciones.
¿Qué pasaría si aplicamos esta ley electoral a los resultados del 20N en una circunscripción única nacional?, como sucede en las elecciones al Parlamento Europeo. Las cosas serían muy distintas, especialmente si mantenemos la actual barrera electoral existente de un mínimo del 3% de los votos para entrar en el reparto de los escaños.
El resultado de aplicar la ley de D´Hondt en una circunscripción única con barrera electoral del 3% sería el siguiente: el PP obtendría 176 escaños, mayoría absoluta justa, el PSOE obtendría 113 escaños, IU alcanzaría 27 escaños, UPyD 18 escaños y CiU 16 escaños, quedando sin representación en el Congreso de los Diputados el resto de los partidos políticos, incluidos PNV, BNG o Amaiur, ya que ninguno de ellos lograría superar el listón del 3% de los votos en el territorio nacional.
Lo cierto es que este sistema de reparto sí sería un fiel reflejo, absolutamente proporcional, de los votos emitidos por los españoles. Pero ello no significa que sea un sistema más justo o mejor, puesto que dificultaría la gobernabilidad, no se atendería al criterio de reparto en función de la población de cada provincia que exige la Constitución, no estarían representados partidos de ámbito regional y los representantes estarían muy alejados de su electorado, no representando a los territorios, sino a un solo territorio, el nacional.
