517 desahucios diarios en España - Datos del Consejo General del Poder Judicial

Los desahucios de viviendas y locales se han disparado durante el primer trimestre de 2012 en España, cuando alcanzaron la cifra de 517 diarios, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) facilitados estos días. 

Según los datos sobre ejecuciones hipotecarias y lanzamientos del primer trimestre de este año que acaba de publicar el CGPJ, en ese período se han producido en España un total de 46.559 desalojos forzosos por la vía judicial, es decir, 517 al día.

Este año destaca de forma alarmante el apartado de los lanzamientos (término técnico para nombrar los desalojos forzosos de viviendas y locales). Así, los datos de lanzamientos realizados por los servicios comunes de notificaciones y embargos, el primer trimestre de 2012 marcó un nuevo registro histórico con 18.424 lanzamientos y el número total desde 2008 ya asciende a 185.140.

Sin embargo, estas cifras no reflejan una imagen completa del total de desalojos que se realizan en el Estado español porque hasta ahora no se habían contabilizado los lanzamientos ordenados por juzgados de primera instancia en las localidades en las que no existen los servicios comunes de notificaciones.

Al contabilizarse estos desahucios, el resultado es escandaloso, ya que sólo en el primer trimestre de 2012 los lanzamientos que hasta ahora no se contabilizaban son muy superiores a los comunes: 28.135. "¿Cuantos desalojos se han realizado hasta 2011 sin que se hayan publicado los datos?

Si entre 2008 y 2011 teníamos conocimiento de 166.000 desalojos contando sólo con los datos de los servicios comunes, y a tenor de la proporción de los lanzamientos en juzgados de primera instancia de 2012, hay que suponer que desde 2008 se pueden haber producido cerca de 400.000 desalojos en España.

Según los mismos datos, en los tres primeros meses de 2012 el número de ejecuciones hipotecarias (procesos de reclamación que pueden acabar en desahucios) iniciadas ascienden a 24.792, el tercer peor registro desde que estalló la crisis, con un incremento del 14% respecto al mismo periodo del año anterior. Estos datos desmienten las voces interesadas que decían que las ejecuciones estaban disminuyendo.

En total, el número de procedimientos de ejecución iniciados por impago de hipoteca ya ha afectado a más de 374.230 familias en España. En cuanto a las ejecuciones hipotecarias (procesos iniciados para reclamar impagos), la clasificación entre 2007 y 2012 la encabeza Andalucía (72.900) seguida por Cataluña (70.663) y la Comunidad Valenciana (69.951).

Dores e insuficiencias na política democrática - Xosé António Gaciño

Patxi López Álvarez

A Patxi López, o lehendakari presumibelmente saínte despois das próximas eleccións autonómicas vascas do próximo 21 de outubro, dóelle “que poida rendibilizar algo do tempo que estamos empezando a vivir en paz quen nos secuestrou a liberdade a todos os vascos durante corenta anos”. Reacción moral persoal ante os beneficios electorais que van recoller os sucesores políticos do terrorismo, reacción perfectamente comprensíbel, que se puido experimentar varias veces desde a transición posfranquista, por exemplo cada vez que determinados herdeiros da ditadura ocupaban un cargo nun goberno democrático ou cando algúns centralistas confesos pasaban a gobernar comunidades autónomas.

Cousas da democracia –grandezas ou debilidades, segundo se mire, en calquera caso inevitábeis–, coas que hai que ser politicamente consecuentes, por moito que afecten aos sentimentos persoais. De todas maneiras, parece preferíbel que un inimigo da democracia participe no xogo electoral en vez de poñer bombas ou sacar tanques á rúa. Será cuestión, en todo caso, de que os políticos con convicións e propostas democráticas desenvolvan a súa capacidade de argumentación racional para convencer aos votantes, fronte ás demagoxias populistas (que tampouco son patrimonio das opcións máis extremistas).

Desde Maquiavelo a Max Weber, as reflexións máis racionais sobre ética e política contemplan un ambiguo e difícil equilibrio entre convicións morais e sentido da responsabilidade nas prácticas de goberno. Non hai purezas absolutas nin no acceso nin no exercicio do poder. Sen chegar aos extremos claramente antidemocráticos do terrorismo ou do golpismo, abondan tamén toda sorte de manexos para tratar de chegar ao poder pola vía dos votos, desde a manipulación xeral ou específica da opinión pública ate o pucheirazo máis ou menos descarado, sen esquecer os amaños nas leis electorais (o método máis utilizado na democracia española). Como non faltan manexos, demagoxias e corrupcións no desempeño do poder, moito máis alá do que se podería admitir na mesma “ética da responsabilidade” weberiana, que relativiza a aplicación da “ética da convición” en función das súas consecuencias para o conxunto da sociedade.

Nestes tempos de crise, a xustificada indignación cidadá ten desvalorizado o papel dos políticos. En realidade, nunca estivo moi valorado con carácter xeral (sálvanse algunhas figuras excepcionais, a maior parte das veces despois de que deixan de exercer), pero, nestes tempos depresivos para a maioría, sopórtase peor. Nun panorama de imaxe especialmente deteriorada da función política, está por ver cómo se soporta a reincorporación deste sector do irredentismo abertzale ás institucións vascas.

No caso de que ese sector rendibilice o novo tempo de paz, o que debería doerlle a Patxi López sería a incapacidade das forzas democráticas para estar á altura das esixencias e necesidades deste novo tempo e convencer ao electorado da superioridade moral e política dos que defenden un clima de convivencia democrática. 

Colegios de enseñanza diferenciada por sexos y financiación pública - Francisco J. Bastida

Francisco J. Bastida

El Tribunal Supremo (TS) acaba de dictar dos polémicas sentencias sobre la legalidad de la decisión de algunas comunidades autónomas (CC AA) de no financiar a colegios con una enseñanza diferenciada por sexos (sólo de niños o sólo de niñas). El TS sostiene que no es inconstitucional que haya este tipo de colegios, pero que para acceder a una financiación pública es necesario cumplir con los requisitos que la ley Orgánica de Educación establece, entre ellos, el de que la educación no sea discriminatoria por razón de sexo. El asunto no es nuevo y ya en 2008 el TS juzgó que las CC AA podían poner esta condición, al interpretar que la mejor manera de cumplir este requisito es exigiendo que los colegios que quieran concertarse con el sistema público de educación ofrezcan una educación mixta. A falta de una lectura de estas nuevas sentencias, parece que el TS da un paso más y considera que esa interpretación es la única correcta, ya que, según la cita literal que transcribe la prensa, el alto tribunal afirma que «es obvio, que, previamente, el artículo 84 de la Ley 2/2006 que expresamente se refiere a "la admisión de alumnos" ha excluido de la posibilidad de concertación a los centros de educación diferenciada por sexos, al prohibir [...] la discriminación por sexo».

Si esto es así, mientras no cambie dicha ley, que es de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional, las CC AA sin excepción -incluida la de Madrid- deberán eliminar de sus conciertos educativos a aquellos colegios que no respetan esa condición y supeditar la renovación de los conciertos vigentes al cumplimiento de tal requisito. La cuestión de fondo que se plantea es cómo se puede sostener que la educación diferenciada por sexos es constitucionalmente posible y a la vez afirmar que los colegios que la practican no pueden ser concertados porque su existencia implica una discriminación por sexo. Si hay una educación discriminatoria no caben colegios ni públicos, ni concertados, ni meramente privados con esa característica, ya que lo prohíbe la Constitución y, si no la hay, habrá que justificar de otra manera por qué se niega a tales colegios el acceso a la financiación.

Quizás el TS no ha estado muy afortunado en la argumentación, pero los detractores de sus dos sentencias basan su crítica en una falacia, la equidistancia desde el punto de vista jurídico entre enseñanza mixta y enseñanza segregada por sexos. La Constitución proclama la prohibición de discriminación por razón de sexo y, por tanto, establece una presunción de ilegitimidad, o sea, una fuerte sospecha de que allá donde exista una diferenciación de ese carácter se estará conculcando la Constitución. La enseñanza mixta no precisa de justificación constitucional, ya que parte de la igualdad de sexos, pero la segregada sí, y ha de ser una justificación muy poderosa, que deshaga aquella presunción. El hecho de que la Convención de la Unesco (¡de 1960!) remita a los Estados signatarios la apreciación de si la educación diferenciada es o no discriminatoria, no quiere decir que para la Unesco sea indiferente un sistema educativo u otro. En 1999 un Comité de la ONU aprobó una Observación al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1999, en la que afirma que «en algunas circunstancias» se considerará que el sistema de enseñanza segregada no constituirá violación del Pacto. Por tanto, ni constitucional ni internacionalmente se establece un principio de neutralidad entre enseñanza mixta y enseñanza segregada. Esta última nace bajo la sospecha de ilegitimidad.

Es posible pensar que la enseñanza diferenciada por sexos no tiene por finalidad una educación sexista y que sólo persigue un mejor rendimiento escolar de cada tipo de alumnado. Cuestión bastante dudosa, porque no hay ningún aval científico que justifique la segregación educativa y porque los colegios que optan por este tipo de enseñanza tienen un ideario que comulga con la diferenciación social de roles por sexo. Pero, aun admitiendo en abstracto esa posibilidad, a lo más a lo que se puede llegar es a la aceptación de que la existencia de tales colegios no es en sí misma contraria a la Constitución. Cosa distinta es que sean compatibles con el sistema público de educación (puramente público o concertado).

El objeto de la educación, según el art. 27.2 de la Constitución, es alcanzar «el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales», y parece obvio que como mejor se consigue este objetivo es mediante un sistema educativo que no esté bajo sospecha de inconstitucionalidad, o sea, el mixto. Los colegios privados que deseen acceder a la financiación pública deben concertarse con el sistema público de enseñanza y cumplir sus requisitos. El concierto escolar no es un pacto entre iguales, sino la adhesión a un régimen de condiciones que los poderes públicos estiman que es el mejor para cumplir con aquel objetivo. De acuerdo con el TS, no hay un derecho de los colegios a acceder a los financiación pública, sino a optar a ella en condiciones de igualdad, previo cumplimiento de los requisitos establecidos.

El ministro de Educación ha declarado que piensa cambiar la ley para incluir en los conciertos a los colegios de enseñanza diferenciada, pero es posible que se tope con la inconstitucionalidad de la reforma. Los fondos públicos deben destinarse a optimizar aquel objeto de la educación y cabría entender que la ley infringe la Constitución si pone en un mismo plano a colegios mixtos y a colegios sobre los que pesa la sospecha de inconstitucionalidad por segregación sexual, como sucede con los de enseñanza diferenciada. Una cosa es admitir la constitucionalidad de una excepción al sistema mixto de educación y otra afirmar que no es una excepción, sino un sistema educativo más, irrelevante a la hora de financiar la educación. La ley no puede establecer esa equidistancia sin infringir los arts. 14 y 27 de la Constitución y eso es lo que seguramente quiere decir el TS en sus dos sentencias.

Internet, libertad y manipulación - Francisco J. Bastida

En estos siete últimos meses la campaña contra los empleados públicos no ha hecho más que crecer, y en julio llegaron los recortes, presentados, como era de esperar, no sólo como algo inevitable económicamente, sino también como necesario desde una buena Administración, que tiene el deber de acabar con la improductividad y los privilegios. Quizá el ya famoso grito de la diputada Fabra «¡que se jodan!» podría simbolizar ese desprecio político, pero también social, a los empleados públicos, esquilmados y además humillados profesionalmente.

Total, que el mencionado artículo ha vuelto a circular con intensidad por las redes sociales y en numerosos blogs, lo que indica la fuerza que puede alcanzar el llamado «quinto poder», el poder de los propios ciudadanos para conectarse entre sí, divulgar y crear opinión al margen de los partidos y de los medios tradicionales de comunicación, e incluso adoptar acciones de trascendencia pública.

El problema está en que por internet, como por las carreteras, corren desaprensivos, que pueden hacer un gran daño al quinto poder. No es descartable que sean el propio Gobierno y sus servicios de inteligencia los que se dediquen en algún momento a manipular e intoxicar las redes sociales, pero hay también mucho irresponsable encima de un teclado dispuesto a moldear la realidad a su gusto.

A raíz de la difusión del citado artículo empecé a recibir numerosos correos electrónicos felicitándome por su contenido, pero, de manera sorprendente, se mezclaban entre ellos mensajes de desaprobación por haber criticado a los empleados de la banca, y se documentaba el desacuerdo con párrafos subrayados de palabras que jamás escribí. Intrigado, intenté buscar en Google el origen del desaguisado. Por fortuna, en la mayoría de los casos se reproduce mi artículo original; en algunos incluso se cita la fuente y se redirecciona a la página de este diario. Sin embargo, en otros sitios aparece mi foto y debajo un artículo con un título y un contenido que no es el auténtico, atribuyéndome entre párrafos unas opiniones que no son mías. Puesto en contacto con alguno de estos blogueros y diarios digitales, me ofrecen disculpas, pero dicen que se limitan a reproducir lo que ya han encontrado en la red. Siguiendo mis pesquisas, encuentro que en un blog aparece mi artículo trufado y debajo la reproducción de una carta de José Luis Sampedro titulada «Querido Señor Presidente: es usted un hijo de puta», que resulta que tampoco escribió, y que lo mismo les ha sucedido a otros escritores como Arturo Pérez-Reverte e Isabel Allende. Imposible saber el origen de una falsedad que después se extiende como la pólvora.

Conclusión. Los derechos de autor son sagrados, no en su sentido patrimonial, pero sí como garantía de la formación libre de la opinión pública. Esto es de máxima importancia cuando la difusión de información y de ideas y opiniones se hace por internet. A los medios de comunicación clásicos (prensa, radio, televisión) es fácil identificarlos para poder exigirles rectificaciones y responsabilidades, pero es complejo deshacer falsedades cuando cualquiera puede crearlas y propagarlas a la velocidad de la luz y con cierto anonimato. Debería elaborarse un código ético para la fiabilidad de la información en internet, de manera que todo lo que se publique de otros se documente señalando la fuente original. Sólo así el quinto poder podrá realmente exhibir su fuerza democrática junto e incluso frente a los clásicos poderes.

Os fillos de Fabra… Antonio Campos Romay

Antonio Campos Romay

Don Guillermo Collarte Rodríguez, señoria do grupo parlamentario popular, non é un fillo bioloxico de Fabra, pero perfectamente podería ser irmán de Andreiña “ Que se Fodan” con todo merito. Este honesto deputado do que o rexistro do Congreso sinala a súa febril actividade institucional, - nin unha soa iniciativa parlamentaria en todo o seu percorrido pola Carreira de San Jeronimo-. Propietario de dous pisos en Madrid e hospedandose como o recoñece en casa de mamá cando vai a Ourense, lugar que “representa” no Congreso, cobra  dietas por desprazamento (pese a recoñecer nunha entrevista nun  diario galego que leva 17 anos residindo na capital. Amparase sen o menor rubor no folgado exemplo de membros do seu grupo parlamentar incluídos algúns con asento no “goberno de España”. Noutra entrevista, nun xornal galego o deputado,  que  non dara pau a  auga como o da a entender sen empacho, pero locuaz na prensa si o é, nun trazo de exemplaridad afirma,… aínda que viva en casa  da miña nai cando veño a Ourense, aínda que os billetes págaos o Congreso, “os xantares e ceas que fago fora de casa e a gasolina págoma eu (sic)…É concelleiro da oposición no Concello ouresan…Os 416 euros que me dan por iso non me chega para nada…A súa esforzada tarefa municipal como opositor supón asitir ao os plenos…a todos? , e algunha comision quizais…Pois afirma que ten que estar en Madrid tres semanas ao mes…Entre  asubios e frautas este xornaleiro da politica embolsase do erario publico algo máis de 5.100 euros, ou sexa unhas 850.000 das antigas pesetas ao mes, ou sexa  case 11.000.000 das vellas louras ao ano contando catorce mensualidades.

Lamentablemente o coitado recoñece que as pasa canutas para saír adiante cos seus dous apaños publicos. Xusto é recoñecer que a vida está cara… Quizais compre para que non desperdiciar  tamaña xoia da cousa publica, unha cuestación popular (non do partido senón do pobo),  para complementarlle o seu orzamento. Pois anda o home mohino e meditabundo caindo en conta que non ten madeira de parlamentar e que  sintese  merecedor de maiores glorias. Pero os seus mandos xerarquicos esquecéronlle.

Fala o honorable patricio de cartos (osd seus), das súas ansias persoais, do seu posicionamiento, da súa conveniencia de si ser edil e deputado ou non… Con tanta preocupación polo “que hai do meu”, nin palabriña do neno Xesús da crise, dos problemas da súa circunscripción, de como xerar emprego na mesma, de solidariedade cos máis debiles, e desoutras minucias secundarias que algún inxenuo podria entender son o o eixe das precocupaciones dun representante publico cara aos seus electores…

Faise dificil asimilar ante o discurso deste eximio tribuno que ispe as súas miserias ante os lectores, - que o que o fai singular, é que non é un caso singular no seu grupo -, a tozudez do CIS en dicirnos que a cidadania ten nula confianza nos seus representantes e os ten mais  como problema  que como solución. Mesmo semilla imposible coa presenza de esforzados “politicos” como o deputado Collarte, ou como Andreiña “Que se Fodan” e outros de similar pelaxe que nos ofrece a maioria  de goberno como garantia de futuro do noso pais. A súa imaxe de oferta de cambio etico e austero.  Son os alicerces desta democracia de manto real onde a “mamandurria” que acusaba ufana Doña ESPE (a lideresa que se leva a casa mais de 90.000 euros anuais e que segundo a súa confesión tampouco alcanzanlle para chegar a fin   de mes), son peliños ao mar como nos da a entender o deputado Collarte na súa entrevista nun diario galego ao falar dos seus ingresos.
 
A verdadeira inxuria deste pais, son os parados sen futuro nin ingresos  que teñen a ousadia de berrar pedindo desesperadamente  os mesmos 400 euros que non lle chegan a nada ao deputado popular Collarte, para polo menos levar unha codia a boca uns dias mais. Os indignos e perseguibles de oficio con todos os mecanismos legais e coercitivos do Estado na súa versión “popular”, son os que dan badaladas nas superficies comerciais intentando lembrar que baixo o goberno dos correlixionarios do deputado Collarte este pais remata de empobrecerse dramáticamente, pero menos do que aínda ficará coas receitas que aplican sen astisbo de comprensión social. Que co salario mensual do deputado Collarte que pagan cidadáns e cidadás – incluidos moitos que ao ano apenas chegan ao que este levase nun  mes e non cobre as súas necesidades-, vivirian ao mes cinco familias.                                                                            

O que é realmente e unha vergonza son  esas voces que chaman a solidariedade e exixen dereitos sociais. Xentes que non comprenden o exemplo espartano de señores como Mendez, Gayoso, Rato, Pego, Varela, e moreas e moreas mais condenados a malvivir apenas cunhas cantas ducias de millóns de euros, miles de millóns das antigas pesetiñas, “afanadas” traballadamente cunha impecable folla de servizo que ben mostran o esplendor das nosas caixas e sistema bancario, sacrificandose toda unha vida abnegadamente polo ben común... 

E aínda hai algúns cidadáns que indignanse….Deberia caerselles a cara de vergoña…

Goberno enredado na inercia da crispación - Xosé A. Gaciño

Xosé A. Gaciño

Deostada na actualidade como salvaxe e cruel (sobre todo por aquela referencia bíblica ao ollo por ollo e dente por dente), a formulación da chamada lei do talión significou, no seu momento, un avance na configuración dunha xustiza que substituíse á vinganza persoal ou familiar incontrolada e establecese unha certa proporcionalidade entre o delito e o castigo. Con esa visión máis ou menos moderadora, converteuse a xustiza nunha sorte de socialización da vinganza, dentro ademais dos mecanismos de control social que tratan de manexar os poderes, incluídos os poderes que sustentan a súa lexitimidade no respaldo democrático dos cidadáns.

A partir da Ilustración, e precisamente desde perspectivas democráticas, foise elaborando un discurso que pretende transformar esa sorte de vinganza colectiva nun proceso de rehabilitación do delincuente. Na Constitución española do 1978 conságrase explicitamente a finalidade de “reeducación e reinserción social” das penas privativas de liberdade, unha finalidade que se esquece moi facilmente ante determinados crimes que provocan alarma social.

Neses casos, a algúns parece que non lles chega nin coa lei do talión. E resulta comprensíbel que reaccionen de xeito visceral as persoas directamente afectadas por eses crimes. Non se comprende, en cambio, que políticos que tiveron responsabilidades de goberno precisamente nesa materia (e adoptaron decisións moi semellantes ás que agora critican) empreguen palabras grosas e descualificadoras contra medidas estritamente legais, adoptadas por un goberno formado por compañeiros do seu propio partido. Refírome, por se non queda claro, a Jaime Mayor Oreja, que era ministro do Interior cando o presidente do goberno José María Aznar decidiu manter conversacións con representantes do “movemento vasco de liberación nacional” e era necesario “aliviar” as condicións de encarceramento dos terroristas para facilitar a negociación, como antes intentara influír na solución do secuestro de Ortega Lara co traslado de 43 presos etarras a cárceres vascas (o reagrupamento de todos os presos pedían os secuestradores). Agora, en cambio, considera unha traizón a concesión do terceiro grao (paso previo para que o xuíz de vixilancia penitencial conceda a súa excarceración) a un terrorista ao que se lle diagnosticou un cáncer terminal e que precisamente foi un dos secuestradores do funcionario de prisións Ortega Lara.

En realidade, non é máis que unha inercia do comportamento do Partido Popular desde a oposición ao goberno de Rodríguez Zapatero. A súa manipulación sectaria da política antiterrorista, impropia dun partido de goberno, vólvese agora na súa contra, con disensións internas e distanciamentos de medios de comunicación que, naqueles momentos, apoiaron con entusiasmo a crispación militante e agora consideran máis conveniente sumarse ás posíbeis audiencias da demagoxia.

Jaime Mayor Oreja declárase católico practicante e está considerado, desde sempre, como un dos líderes democrata-cristiáns integrados no PP, pero hai tempo que cristián non é sinónimo de compasivo. O cristianismo matizouse moito ao longo dos séculos e os dirixentes da súa estrutura organizativa incorreron, no devir da historia, en moitas e moi graves contradicións, con respecto ás mensaxes recollidas nos Evanxeos, fonte principal da súa doutrina. Nese contexto de desvalorización doutrinal, hai que entender que non pase da categoría de simbolismo retórico o contido do chamado Sermón da Montaña e as súas referencias explícitas á superación da lei do talión, mesmo suxerindo que se ofreza a outra meixela e que se ame aos inimigos. 

Cinco anos despois - Xesús Veiga

Xesús Veiga

Hai poucos días cumpríanse cinco anos dende o estoupido da burbulla criada polas hipotecas subprime nos USA e a posterior extensión da crise financeira polos mercados de todo o mundo.A importancia do aniversario non tivo un impacto acaído na meirande parte dos analistas que emiten as súas opinións nos principais medios de comunicación do Estado español.Mais interesados por analizar o episodio protagonizado por Sánchez Gordillo e outros dirixentes do SAT, non quixeron acometer unha avaliación seria das cuestións básicas que a crise iniciada no 2007 colocou no centro do escenario internacional:por qué pasou o que pasou e cales foron as respostas promovidas polos poderes económicos e políticos mais relevantes do planeta.

Establecer un diagnóstico acertado sobre o sucedido resulta imprescindíbel para quen queira buscar alternativas de saída ao que hoxe padecemos.Aparentemente, existe un consenso xeralizado á hora de ubicar no sistema financeiro o kilómetro cero da desfeita.Porén, tal coincidencia fica diluída cando, nestes últimos cinco anos, contemplamos cómo dirixentes políticos ou directivos empresariais teñen formulado outras premisas como causas do desequilibrio económico:unha presunta regulación laboral inadecuada; a política expansiva rexistrada no gasto público e, singularmente no caso español, unha organización territorial do Estado que tería favorecido o medre do endebedamento público.A realidade é teimuda:as severas políticas de axuste practicadas en Grecia, Portugal, Irlanda, España e Italia non provocan a reanimación da actividade económica senón a súa progresiva depresión.As reformas laborais non deteñen o medre do desemprego e alimentan un notábel empobrecemento das persoas asalariadas.O sistema financeiro segue enfermo e contamina ao resto do tecido económico.A carencia de normas reguladoras e o incumprimento das existentes constitúe a substancial asignatura pendente do G-20, do FMI, do BCE, da Comisión Europea e dos gobernos.A dúbida é pertinente:non saben o qué pasa ou non queren modificar o status de poder realmente existente?

Coñeciamos recentemente que un dos directivos do Banco Popular percibiu unha pensión de 17 millóns de euros.O episodio, mais alá da súa indiscutíbel legalidade e da libre decisión que pode adoptar unha entidade financeira privada sobre as políticas de remuneracións e incentivos, resulta revelador da dinámica social na que estamos inmersos.No reparto dos custes da crise non rexe o principio da xustiza distributiva.Accionistas, directivos e grandes prestamistas están sufrindo un impacto mínimo nos seus beneficios a pesar de que a súa responsabilidade na orixe e desenvolvemento da crise foi determinante.A socialización das perdas ten outros destinatarios:medre do desemprego, redución de salarios no ámbito público e tamén no privado, novos mecanismos de repago dos fármacos ou medre dos impostos indirectos.

A desigualdade no sistema económico capitalista non naceu con esta crise pero está rexistrando niveis que non figuraban nas estatísticas das últimas décadas.O reto para hoxe e para mañá está servido:sermos capaces de construír unhas sociedades nas que a economía fique ao servizo das persoas e non sexa utilizada para alimentar a cobiza dunha minoría de tabeiróns financeiros.

Outono quente – Antonio Campos Romay

Antonio Campos Romay

Ao derrubo na intención de voto do PP tralo seu drástico programa de recortes falazmente agochado na campaña electoral e mesmo na sesión de investidura, acompañase  unha acelerada caída na credibilidade do goberno que perigosamente co seu  descrédito arrastra  ás principais institucións do Estado. 

O PP incrementou en poucos meses a tensión social, incorporando colectivos  alporizados ao observar que  tralos recortes, hai moito de carga ideolóxica que eles haberán de pagar. É o caso dos traballadores do sector público, nos que agás do profesorado ou os traballadores dá sanidade, tradicionalmente mantivéronse alleos ás movilizacions.

A manipulación da cidadanía desde diversos altofalantes extremistas acrecentase. Fomentando o desprezo pola política e os partidos. E de xeito moi especial aos sindicatos. Gabase sen disimulo o populismo. Gaña folgos unha dereita neofascista centrada en arremeter contra os dereitos democráticos e sociais. Demonizanse as conquistas do mundo do traballo como un estigma que frea a glorificada “eficacia” do capitalismo salvaxe frorido na máis absoluta desregulación. Mesmo algún impúdico personaxe tenta renacer da súa turbia biografía para pescar nas revoltas augas políticas.  Arremetese cunha especial acritude contra o estado autonómico desde unha solapada nostalxia do centralismo máis rancio. Agredese o municipalismo sen ofrecer  receitas racionais. Mesmo considéranse superflua a representación da cidadanía ante unha crecente febleza democrática.

Tras un verán  inquedo o goberno propoñerá  medidas mais crueis  para cumprimentar os ditados da Troika. O que de seguro levarao a requirir complicidades para impoñelas. Os elixidos serán as forzas que na primeira restauración chamábanse “dinásticas” e hoxe en expresión máis ao uso, “institucionais”. Non é arriscado aventurar que pese ao menosprezo mostrado cara elas polo Sr. Rajoy en varias ocasións, perdan a pouca vergoña que lles queda para ir na súa procura. Que non é exactamente procurar o mellor para a cidadanía. O  “rescate” dos mais febles da sociedade abonda non ser prioridade nas sisudas reflexións de tales forzas.

Nas  posicións da esquerda, polo menos aquela que goza  de máis respaldo electoral, so hai mostras de orfandade ideolóxica e estratéxica. Semellan ficar apampados na  irrealidade ou na nostalxia polas posicións de poder fuxido. A súa miopía impidelles ollar a urxencia de articular solución rigorosas para abordar a saída á catástrofe na que nos atopamos inmersos evitando que estas cheguen da man da dereita máis insolidaria de toda a Transición, esmorecendo aínda máis si cabe a cohesión social e o ben común.

A conflitividade deste  outono vai ser determiñante. Unha folga xeral no horizonte, que caso de producirse amaga ser severa. Múltiples iniciativas fronte a un goberno que mostrou con xenerosidade súa tendencia a poñer o estado ao ditado das oligarquías económicas locais e foráneas. Goberno cunha maioría legal absoluta e unha minoría moral salientable.  Un perfecto caldo de cultivo dunha crecente ira civil.

É un escenario que demanda profundar nun marco democrático. Que super a conxuntura e aborde temas de profundo calado sen resolver. Administración, territorio, forma de estado, etc... Un escenario no que e indispensable que a socialdemocracia,  ofreza unha resposta distinta dos seus comportamentos e discursos cargados de complexos e limitacións. Desvencellada do papel de escudeiro fiel sometido ás regras de xogo dos poderes económicos. Liberada definitivamente do cordón umbilical dunha transición, que polas circunstancias históricas habilitou un proceso político mais ou menos tutelado, onde  a implícita continuidade do réxime anterior tivo reflexo ata na xefatura do estado.

Seria miopía suicida non prever que sen unha fonda rexeneración democrática allea de tabús e complexos, que a presión social crecente anima un incerto desenlace. Tanto como non diagnosticar  que tras esta situación caótica agochase a realidade dun réxime caducado. Cuxo parte de defunción pode asinarse nun estourido social.

Os cidadáns gregos, na vangarda do deterioro social - Xosé A. Gaciño

Xosé A. Gaciño

O goberno grego está a pedir unha prórroga de dous anos, do 2014 ao 2016, no prazo para reducir o seu déficit público ao 3 por cento, e unha demora de catro anos, do 2016 ao 2020, para empezar a pagar a devolución dos préstamos dos seus rescates. Recordemos que este goberno, presidido polo conservador Antonis Samarás (Nova Democracia), con apoio parlamentario dos socialistas do Movemento Socialista Panhelénico (Pasok) e de Esquerda Democrática, foi saudado con alivio polo resto de gobernos occidentais, a pesar de que Nova Democracia fora o partido político que falsificou no seu momento as contas públicas para que Grecia fose admitida no euro.

Nas últimas eleccións, no pasado mes de xuño, as forzas de “orde” de toda Europa preferían a vitoria dos tramposos convictos e confesos ao triunfo electoral da Fronte Social Unificada (Syriza), formada por pequenas organizacións de esquerdas, que defenderon na campaña a renegociación da débeda pública e das condicións dos rescates. En ningún momento dixeron que quixesen saír do euro, pero ese foi un dos sambenitos que lles adxudicaron nunha intensa campaña mediática, dentro e fora do país, na que se anunciaban toda sorte de desgrazas, nun país saturado delas, para o caso de que as urnas propiciasen a chegada ao goberno dunha forza non controlada polos banqueiros (polo menos ate ese momento).

Apenas un par de meses despois, o goberno dos tramposos está intentando renegociar as condicións dos rescates, como non podía ser doutra maneira. Todos saben, aínda que non todos o digan abertamente e algúns traten de ocultalo, que Grecia non vai poder pagar nunca as débedas acumuladas e as que se van seguir acumulando. Naquelas eleccións de xuño, só a extrema dereita xenófoba e racista defendía a saída de Grecia do euro. Agora, son algúns ministros alemáns os que empezan a insinuar que non hai que descartala.

Non é a única recomendación dos fascistas que está a ser considerada, como o demostra a contundente persecución policial de inmigrantes emprendida por este goberno grego da dereita, con apoio parlamentario de socialistas “moderados” (despois de todo, ate o goberno de François Hollande en Francia segue a inercia racista de Sarkozy coa expulsión “administrativa” de xitanos romaneses). E iso que a liberalización da inmigración é unha das recomendacións do Banco Central Europeo para baixar os salarios (quizais tamén para que os inmigrantes sirvan de chibos expiatorios e as protestas cidadáns non se dirixan contra o poder?).

Nesta Europa desconcertada pola prolongación dunha crise contra a que non se combate, non se sabe se os que deciden son incompetentes desbordados pola situación ou se están a aproveitar esta situación para mentalizar aos traballadores e ás clases medias de que non queda outro remedio que traballar e cobrar como os chinos, mentres os millonarios chinos tratan de acadar o nivel dos millonarios europeos (que estes, de momento, non rebaixan os seus ingresos). En calquera caso, nesa fin previsíbel, de deterioro social e de desigualdade en ascenso, sexa por acción ou por omisión, os cidadáns gregos van nestes momentos en vangarda.

Lo que cobran los diputados autonómicos - Marta Casal

Un diputado autonómico cuesta una media de 50.000 euros anuales y hay un total de 1.218 diputados. Cantidad que oscila entre los 75.000 euros de media de un diputado vasco, a los poco más de 31.800 de uno cántabro.

Galicia se sitúa entre los primeros del ránking de los mejor pagados. La asignación fija por diputado es de 67.340 euros brutos al año; en Extremadura y Canarias, tras la reducción de un 5% en las nóminas del mes de junio, éstas se estipulan en 57.684 y 47.297 euros anuales, respectivamente.

Y en Castilla y León, un diputado liberado con la reducción de una paga extra cobra 55.676 euros anuales. Los diputados de la Asamblea de Madrid gozan de un salario mínimo de 49.048 euros y los de Aragón 46.130.

Unos 2.500 euros menos cobran los parlamentarios andaluces (43.582) y casi seis mil euros menos reciben los catalanes (40.201).

Estas nóminas representan una mínima parte de las ganancias que recibe un parlamentario. Y varían en función de su responsabilidad dentro de la Cámara, bien en la Mesa, en una comisión o en la portavocía de su propio grupo. Además, el sueldo está sujeto a otros complementos como el tipo de dedicación, completa o parcial, gastos de alojamiento, desplazamiento o kilometraje, como apuntan las fuentes de los distintos parlamentos.

En el caso de la Comunidad Valenciana, donde un diputado recibe una asignación fija de 33.040 euros brutos al año, éste se embolsa en concepto de dedicación exclusiva 5.118 euros mensuales por lo que sus honorarios ascienden a los 49.000 euros.

Por ser portavoz, la nómina se incrementa en otros 1.825 euros y 1.457 euros por acudir a las juntas, como es en el caso de Madrid. En concepto de dietas o desplazamientos, la retribución puede oscilar entre los 1600 euros mensuales en Cataluña hasta los casi 7.000 de La Rioja.

Entre sueldo base y otras retribuciones, contempladas en los regímenes económicos de los diputados, el gasto total ascendería a más de 70 millones de euros anuales.

La solución del Partido Popular para reducir este coste, con el objetivo de contener el elevado déficit autonómico, pasa por una drástica reducción de los electos regionales.

Una medida que desde IU ya han calificado de "pucherazo" y que desde las filas socialistas consideran inútil.

Esperanza Aguirre ha sido la primera en pronunciarse al respecto a pesar de que Madrid es la cuarta comunidad con menor número de diputados por habitante, uno por cada 50.300. La presidenta pretende adelgazar la Asamblea de Madrid a la mitad. El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, recogió el guante de su colega de partido y propone reducir de 75 a 61 el número de parlamentarios de cara a las elecciones autonómicas que se celebran en menos de un año.

La misma voluntad han expresado otros barones populares como José Antonio Monago e Ignacio Diego , presidentes de Extremadura y Cantabria, respectivamente.

El socialista José Antonio Griñán considera "absurdo" el debate sobre la reducción de diputados en los parlamentos autonómicos.

Aunque aboga porque se copie el "modelo andaluz". Su comunidad es la más poblada y a la vez la que posee una ratio más baja de habitantes por diputado, uno por cada 77.000. Al igual que Andalucía, el resto de las regiones más pobladas, como es el caso de Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana tienen una proporción muy baja de diputados por habitante.

En el lado opuesto se encuentran La Rioja y Navarra. En la primera, con poco más de 300.000 habitantes, hay 33 diputados mientras que la Comunidad Foral cuenta con 50 diputados en la Cámara autonómica, lo que supone uno por cada 13.000 habitantes.

En cambio, los recortes han llegado hasta el escalafón más bajo de la Administración con la propuesta de reducción del 30% del número de concejales. Nueve de cada diez no cobra por su actividad, según anuncia la FEMP.

Nós acusámosvos - Varios Autores*

Señores Castellano e González Bueno: 

Castellano e González Bueno

Os que publicamente nos diriximos a vostedes somos amigos e colegas ou simplemente avogados i economistas unidos pola tristura e a rabia que nos causa o que sucedeu con Caixanova, forzada a unha fusión coa súa irmá do norte -máis grande e máis enferma- e agora ambas transformadas nun banco a piques de ser subhastado.

O motivo que nos dirixe a vostedes é o asombro que nos causou a súa recente campaña publicitaria pedindo perdón á sociedade galega, entre outras cousas, pola comercialización das accións preferentes.

Din vostedes que comercializaron un produto complexo descoidando o perfil do investidor. É máis que iso. Sen prexuízo de que, no seu íter lóxico, o perdón está habitualmente precedido pola reparación do dano, asunto que vostedes obviaron, as preferentes son máis que un produto financeiro complexo.

No 2007 inventaron un produto financeiro moi intelixente. Obrigados a capitalizarse para elevar os coeficientes de solvencia comprometidos pola perdas incorridas nas súas perigosas apostas, deseñaron un instrumento financeiro para o aforrador que computara como neto patrimonial e non como débeda, tal como computan as obrigas bancarias. Así tomaron un Bono bancario, instrumento paradigmático para titularizar unha emisión de obrigas e elimináronlle a data de amortización e reembolso: chamárono Obriga perpetua, ou o que é o mesmo, Acción preferente. 

Mantiveron en cambio o seu rendemento como un interese fixo, como correspondería a un bono, en lugar dun dividendo variable, como correspondería a unha acción. Iso si, subordinaron o pagamento do interese fixo do bono á existencia de beneficios, como correspondería á acción e non a tal bono: ¡Todo un éxito de transposición da enxeñaría xenética á enxeñaría financiera¡ Así, subtraéndose as entidades da obriga de devolver o préstamo recibido, non o contabilizaba como débeda e si como core capital. Así de sinxelo.

Agora, tras os acordos de Basilea III, ese truco está prohibido e as Preferentes foron catalogadas como mala praxe bancaria; as obrigas, perpetuas ou non perpetuas, computan como o que son: fondos alleos recibidos en préstamo. Iso explica por qué agora desembarázanse todos das Preferentes: coas novas normas contables convertéronselles nun traste inútil. Pero ata Setembro de 2010 non foi así. Vostedes travestizaron o bono; cambiáronlle de sexo. Puxéronlle unha perruca, unha faldra de tubo e blusa de encaixe. Logo debuxáronlle unhas longas pernas de muller que enfundaron en medias de cristal rematadas en zapato alto de plataforma. Finalmente bautizaron ese bono cun nome de muller: Unha Preferente, chamárona. Noutras palabras, con enxeñaría xenetico-financeira crearon un produto intrínsicamente enganoso i hermafrodita, muller por fóra, home por dentro, co obxecto de captar aforro que computase como capital e afastase as súas entidades da zona vermella das axencias de calificación de risco.

É hora de chamar ás cousas polo seu nome. Os profesionais que subscribimos queremos dicir con toda claridade -e agora dirixímonos especialmente aos centenares de Xuíces e Maxistrados galegos que tramitan querelas e demandas contra a súa entidade- que chamar ás preferentes produto financeiro complexo resulta técnicamente inexacto e insuficiente, pois o engano é ínsito á súa natureza, en tanto que se disfrazou un produto de investimento como un produto de aforro, toda vez que só así lles resultaba útil para incrementar artificialmente os fondos propios das súas entidades relados polos seus investimentos en activos tóxicos.

Dito noutras palabras: se á Preferente se lle despoxase do elemento equívoco e do engano, se se lle arrancase a perruca, a blusa, a faldra e as medias de cristal, quedaría só o que sempre foi: un bono bancario que vostedes terían por forza que reembolsar o aforrador ao seu debido vencemento; se se lle despoxase do engano, non habería en suma nin un só deses miles de galegos arruinados e todos cobrarían o bono á data indicada no folleto da emisión.

Así de sinxelo. Por iso non resulta exacto, por iso resulta insuficiente, pedir perdón por comercializar un produto complexo só apto para expertos cando se tratou dun espellismo intencional: expertos eran vostedes que as venderon aos inexpertos que as compraron. Por iso dende aquí non podemos máis que solidarizarnos con eses miles de prexudicados: todos eles foron vítimas dun engano.

Pero con todo, resulta forzoso recoñecer que non só Novacaixagalicia vendeu preferentes: toda a banca enganou con esa artimaña. Tamén é certo que vostedes non pilotaban as caixas cando comercializaron as preferentes. Pero tamén é certo que pilotan o banco cando piden un perdón mendaz: pura cosmética e pura publicidade novamente enganosa.

Por iso quixeramos esixirlles máis severidade e menos indulxencia co seu pretérito imperfecto. Pero o que remata por causarnos estupor e que destrúe o seu propósito de emenda é a súa censura ao FARO de Vigo na súa campaña publicitaria: con diñeiro público compraron páxinas enteiras ata en xornais deportivos, pero vetaron o FARO. Non lles abondou con forzar unha fusión insensata. Cando dixemos o FARO incluído que Caixanova era pouco flotador para tanto cemento e que as dúas caixas xuntas iríanse a pique, chamáronnos localistas.

Non abondou con apañar unha falsa auditoría e aínda hoxe secreta con KPMG avalando a fusión. 

Non abondou con que o presidente Feijóo impuxese a fusión coa ameaza de vetar por Lei calquera SIP da Caixa do Sur. Todo iso, hai que dicilo, co apoio entusiasta dos membros da Dirección Nacional do BNG que, no seu delirio seudoidentitario, vían nas dúas caixas unidas o cerne dunha banca pública galega.

Non abondou, en suma, destruír e sacrificar a caixa do sur, senón que o ataque prosegue. O ataque a FARO, é un ataque a todos nós, non só aos vigueses senón á maioría dos galegos do sur, os miles de lectores do FARO. É un aviso do que nos espera de vostedes.

Sr. González Bueno: Usted es madrileño, gran ciudad por cierto, y nada tenemos en su contra; pero no se esfuerce en hablarnos en Gallego, hágalo con libertad en Castellano. Nosotros somos gente educada y nos gusta facilitarle la comunicación a quienes nos visitan de fuera. Además el Castellano €fantástico idioma y lengua gigante entre sus pares- es acervo cultural común a todos los españoles y, por tanto, patrimonio también de los gallegos. Pero háganos un favor: dedíquese a los rallyes.

Sr. Castellano: Os que asinamos esta carta sabemos que o capital non ten patria nin fronteiras. Con sinceridade, moitos mesmo opinamos que é bo que así sexa. Por ter patria o diñeiro, Europa e o mundo enteiro esgazouse causando os maiores sufrimentos que se recordan na historia do xénero humano. Por dúas veces fíxoo. Así que é bo que os bancos non teñan patria. Pero o que vostede goberna como seu, Sr. Castellanos, si que ten patria e non é Galicia. A súa patria Sr. Castellanos é a cidade de La Coruña e a súa provinciana oligarquía financeira, á que antepón sobre todos os demais galegos.

Sr. Castellano: Vostede mediunos mal e equivocouse. Cando aínda non é ninguén, nin ten o futuro do banco nacionalizado resolto, xa nos avasalou.

Xa mostrou as súas verdadeiras intencións en relación con esta cidade. Que non faría nun improbable futuro próspero, cando pagase vostede ao Estado o banco público que dirixe como seu? Tense gañado vostede que esta carta saia a luz. E tamén se merece que retiremos os nosos depósitos do seu banco e que recomendemos os nosos clientes que fagan exactamente o mesmo.

Porque a súa entidade, hostil e insolvente, non merece o esforzo solidario nin o risco que asumimos os galegos confiándolle os nosos aforros.

* Alberto Cabaleiro Figueroa, Pilar Carballo Fidalgo, María Cazorla Torrado, Ramón González Babé, Rafael López Mera, Matías Movilla García, Angel Núñez Torrón, Antonio Núñez Torrón, José Pérez Pousa, Javier Rodríguez Vázquez, Paula Táboas Suárez, Antón Beiras Cal 

Furtum Famelicus - Carlos Suárez-Mira

Carlos Suárez-Mira

El llamado hurto famélico, necesario o miserable, constituye una figura que se remonta a los más antiguos sistemas jurídicos, habiendo alcanzado un constatable desarrollo en el Derecho Canónico de la Edad Media. En el Derecho positivo español, el Código penal de 1822 fue el encargado de regular por vez primera una atenuante por robo necesario, apreciable en razón de "la necesidad justificada por el reo de alimentarse o vestirse, o de alimentar o vestir a su familia en circunstancias calamitosas, en que por medio de un trabajo honesto no hubiese podido adquirir lo necesario", y será a partir del texto punitivo de 1944 cuando el Tribunal Supremo establezca una consolidada doctrina incardinando el hurto o robo famélico en el ámbito de aplicación del estado de necesidad. Aunque siempre fue de interpretación restrictiva en un sistema penal como el nuestro caracterizado por una hipertrofiada tutela de la propiedad, no por ello ha dejado de aplicarse €de manera esporádica€ hasta nuestros días. La jurisprudencia actual establece un concepto amplio del hurto famélico que comprende la sustracción de bienes ajenos para atender necesidades urgentes y vitales como la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médico farmacéutica, no exigiendo que entre en conflicto la vida o la propia supervivencia con la propiedad de bienes ajenos, pero sí, al menos, que entren en pugna los sufrimientos que el hambre, la desnudez, la intemperie o la enfermedad desatendida deparan al ser humano con el respeto a aquella propiedad. La necesidad de agotar todos los recursos en el ámbito de la esfera personal, profesional y familiar y que no exista otra solución que la de proceder de un modo antijurídico son requisitos constantes exigidos por los tribunales sobre la base de la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo, rigorista postura unánimemente criticada por la doctrina científica. 

Así, no es infrecuente que se exija al reo la justificación de que haya intentado resolver su problema acudiendo a las instituciones de beneficencia o a los servicios sociales, a lo que se ha opuesto por algún autor que resulta absurdo y materialmente injusto obligar al sujeto que padece hambre o desnudez a peregrinar de una institución social a otra en demanda de alimentos o ropa (con las dificultades probatorias que podría suponer además) para poder acreditar su estado de necesidad, debiéndose tener en cuenta no sólo que la urgencia del caso concreto puede requerir una solución inmediata, sino que la asistencia social no es capaz de atender todas las situaciones de miseria. Todo este debate jurisprudencial y doctrinal ha venido produciéndose en un entorno socioeconómico de crecimiento y progresivo alcance de un bienestar colectivo en el que, obviamente, no todo el mundo gozaba de una situación de prosperidad. De ahí que, en relación con el elevadísimo número de faltas y delitos contra el patrimonio que cada día se cometen en España, hayan sido testimoniales las sentencias absolutorias dictadas, no solo por la rigurosidad en la exigencia de los requisitos de aplicación del estado de necesidad, sino porque el contexto económico era en general favorable y el Estado atendía suficientemente las necesidades más perentorias. Sin embargo, la profunda y duradera crisis económica que atenaza a este país está operando a marchas forzadas un cambio de dicho contexto, pues resulta evidente que la exigencia de agotar todos los recursos en el ámbito de la esfera personal, profesional, familiar y de las instituciones de ayuda social es cada vez más fácil de cumplir cuando estamos hablando de casi seis millones de parados, de estar a punto de extinguirse la ayuda de 400 euros para un buen número de ellos, de que los desahucios crecen a un ritmo vertiginoso, de que se excluyen a los inmigrantes en situación irregular de la asistencia médica y se reduce de manera drástica la asistencia farmacéutica a la población en general. El número de pobres y necesitados aumenta de modo imparable y lo seguirá haciendo en los próximos años. Así que no es aventurado augurar que la cifra de delitos contra el patrimonio lo hará igualmente, lo mismo que la invocación del hurto famélico para tratar de exonerarse de responsabilidad criminal. Parece que la implacable y estulta estrategia de "los mercados" €sea lo que sea eso€ ahogando a nuestros conciudadanos va a empujar a muchos de ellos a invadir los supermercados para tratar de sortear las penurias de la crisis provocada por aquellos. Desde luego los jueces y magistrados, para resolver esos casos, acudirán cada vez en mayor medida a la figura del furtum famelicus teniendo en cuenta, entre otros criterios, la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas las normas, como preceptúa el artículo 3 del Código Civil. Y esa realidad va a ser, como anunció parsimoniosamente el ministro de Hacienda con el optimismo que le caracteriza, muy dolorosa. El primer aviso serio lo hemos visto estos días con la irrupción de algunos sindicalistas capitaneados al parecer por algún parlamentario alcalde en hipermercados de Cádiz y Sevilla en lo que han denominado "expropiación alimentaria". A ellos no les alcanza, obviamente, esta eximente, pero su irresponsable acción no deja de tener un valor simbólico susceptible de imitación no solo por los verdaderamente hambrientos. De ahí al pillaje solo hay un paso.

España en crisis: paisaje quebrado. Dos visiones de Galicia - Chris Morris

En lo alto de una colina a las afueras del centro de peregrinaje de Santiago de Compostela se encuentra un extraordinario complejo de edificios. Sus techos curvado, revestidos de cantería de piedra, se han diseñado para que parezca que han entrado en erupción desde el suelo. Su escala y el diseño son bastante impresionantes. Pero esto no es una catedral. Es la extravagante Ciudad de la Cultura de Galicia iniciada en los años del boom español, pero que pese a hallarse a medio hacer multiplica por cuatro su presupuesto original.

"Es muy difícil comparar los tiempos de ahora con diez o quince años atrás", dice Llatzer Moix, un autor que ha escrito acerca de la obsesión de España con grandes proyectos arquitectónicos.  "Vivíamos en una burbuja relacionada con el gran auge en la construcción". Con el dinero cuando al parecer, no había ninguna objeción, todas las regiones de España querían su versión del exitoso Museo Guggenheim de Bilbao. Y Galicia, en el noroeste del país, no fue diferente.

"Fue sólo  con el fin de hacer de las ciudades un logro no sólo en términos culturales, sino también el afán competitivo, en términos económicos", explica el Sr. Moix.

"Pero de repente la burbuja explotó y, bueno, ahora estamos en nuestra condición de pobres". Y las regiones están pagando el precio, preguntándose hasta qué punto y cuanto tardará el hacha del presupuesto en caer sobre ellas.

Vanidad del proyecto

El Gobierno gallego sigue apoyando a las ambiciones originales de la Ciudad de la Cultura, a pesar de las críticas lo han convertido en un proyecto de vanidad que ya no es accesible.Y aunque el jefe del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo que no duda en  señalar que las finanzas de Galicia son más saludables que otras, afirma,"Pero toda la filosofía de gasto público en España ha cambiado " Las regiones no son inmunes. Tenemos una estrategia de la empresa en el país para controlar el déficit público".

Sin embargo, otros gobiernos regionales-que no están políticamente alineados con el gobierno central en Madrid se ven obligados a adoptar una lineas mas dura.

Tanto Cataluña y Andalucía se han resistido a los esfuerzos ejercidos esta semana para ser aplastados por unos recortes presupuestarios específicos.

El Gobierno catalán reclama más tiempo para hacer cambios, incluso cuando admitió que es posible que pronto no pudiera proporcionar algunos servicios públicos básicos.

"No es tiempo para hablar, es tiempo de cumplir", dice  el señor Núñez Feijóo al respecto mientras expresa  la confianza en que  su amigo Mariano Rajoy, el Primer Ministro en Madrid, puede sacar a España de su desorden presupuestario. Pero la naturaleza del sistema político español lo hace más difícil, y Galicia es otro buen ejemplo de ello.

Un complejo portuario financiado por la UE tiene muy poco tráfico y es de bajo rendimiento.

En un tramo barrido por el viento de la costa atlántica, a pocos kilómetros de la ciudad de A Coruña, se encuentra el esqueleto de un puerto nuevo y vasto.

Fue diseñado - como consecuencia del derrame petrolero Prestige, 2002 - como un polo petroquímico moderno alejado de la ciudad.

Eventualmente  podría contribuir a ganar dinero y crear puestos de trabajo, pero por el momento no existen vínculos adecuados de carretera y ferrocarril que lo comuniquen, y en tiempos de austeridad hay pocos fondos para su culminación. Pero la gran mayoría de los gallegos  no parecen estar quejosos.

“Las regiones son máquinas de grandes gastos porque tienen las competencias en materia educativa y de salud,  pero no tienen la responsabilidad fiscal correspondiente "Al no  recaudar los fondos que utilizan para estos servicios, para ellos siempre es difícil reducir el gasto, ya que no son responsables de los impuestos."

En este caso la financiación de este proyecto no proviene de los contribuyentes gallegos", explica el profesor Diego Varela de la Universidad de La Coruña, al mirar hacia  el  vacío complejo portuario  y el océano más allá. "En este caso, el puerto recibió fondos de la Unión Europea y también del Estado español."
¿Podrá ser un  buen negocio para Galicia? Los críticos dicen que  hay demasiados proyectos similares repartidos por todo el país, proyectos de prestigio que lo único que contribuyen a mejorar es la imagen de los políticos locales.

n este país altamente descentralizado, las regiones representan casi el 50% del gasto nacional, y ahora están discutiendo sobre la manera de asumir su parte de los recortes.

Sin milagros

De vuelta en Santiago de Compostela, a la sombra de la gran catedral que tiene  fama de ser el lugar de sepultura de Santiago, el apóstol de Cristo, los sindicalistas locales  se han reunido para una manifestación.

Protestan por los recortes en el gasto público - un recordatorio de la resistencia en algunos sectores influyentes ante cambios demasiado rápidos.

Hay pocas expectativas de los milagros económicos de esta ciudad santa, sólo una esperanza que las cosas no empeorarán mucho más.

"Los tiempos son realmente difíciles de aquí", dice un profesor llamado Fernando. "Veinte mil jóvenes gallegos han tenido que salir,   han emigrado a Europa, Alemania, Países Bajos, porque no hay puestos de trabajo en el nuestra tierra."

Y la incertidumbre parece que va a continuar, porque esto no es simplemente una crisis de exceso de gasto regional No solo es el sistema bancario en dificultades o el sector inmobiliario en crisis y una recesión más profunda también. Es un conjunto de circunstancias, aunque halla algunos motivos de esperanza. Las exportaciones, por ejemplo, están funcionando bien.

Sin embargo, la economía española esta fuera de sincronización con muchos de sus socios de la eurozona – y para  sobrevivir en los salarios de la moneda única- tendrán que bajar su nivel de vida, y sus servicios tendrán que ser recortados.

Para las regiones menos desarrolladas de España - Galicia incluida - será un duro ajuste, y no se logrará sin una lucha política

Todo se suma a los temores de que la economía española pronto podría necesitar más ayuda financiera del extranjero, algún tipo de rescate que podría extenderse por la zona del euro hasta una situación límite.

Simplificacións e conspiracións para explicar a crise - Xosé A. Gaciño

Xosé A. Gaciño

Para explicar esta crise interminábel que case ninguén foi capaz de prever, circulan agora toda clase de análises máis ou menos complexos ou simplistas. Como se soe dicir, a touro pasado todos somos profetas, e como é habitual, cadaquén aproveita a ocasión para colocar a súa propia interpretación e axustar contas coas ideas, institucións, sectores sociais ou calquera persoa coas que non se sinta cómodo ou que directamente molestan aos seus intereses.

Así, perdido xa o horizonte dos xogos especulativos dos grandes bancos norteamericanos que prenderon o lume deste incendio –complicado despois por moita leña arroxada ou atopada no seu camiño–, son moitos os protagonistas culpábeis ou responsábeis que se foron sucedendo nas explicacións predominantes nese difuso panorama que chamamos opinión pública. Protagonistas sucesivos ou simultáneos, axeitados a cada momento e lugar, desde os vagos do sur, se fala un obreiro alemán que cre que lle recortaron o salario para dar de comer aos dilapidadores do Mediterráneo, ate os banqueiros alemáns e franceses, se o que se expresa é un indignado grego convencido de que o importe dos rescates que a troika FMI-BCE-CE lle concede ao seu país só serve para pagar as débedas á banca estranxeira que nunca se poderán rematar de pagar.

En xeral, vai predominando a idea de que hai que recortar o gasto público e, dentro dese gasto, van triunfando os criterios de que se supriman os gastos sociais, entre outras cousas porque, aínda que sexan cantidades modestas as que recibe, directa ou indirectamente, cada beneficiario, en conxunto son os que suman cantidades máis importantes, máis das que se poderían obter dunha maior carga fiscal aos de maiores ingresos. Ou, polo menos, iso é o que nos din os que manexan as contas públicas. Que tampouco as deben de manexar moi ben, a xulgar polo elevado fraude fiscal que suxiren os ingresos que prevé en España, por exemplo, o ministro de Facenda coa “regularización amigábel” dos defraudadores de boa vontade que queiran axustar contas antes de que se as axusten (aos que habería que sumar os de mala vontade, que se consideran a salvo de calquera axuste de contas).

Dentro deste caos de intereses que ten a Europa bloqueada e a España en marcha atrás, como consecuencia de factores moi diversos, o mesmo que se manexan simplificacións que atribúen a responsabilidade exclusiva a un gasto público excesivo (mesmo en estados como España, onde había superávit no momento de estoupar a crise), tamén poderían elaborarse teorías de conspiracións perfectas. Desde logo, habería máis material que o que se empregou para elaborar teses conspirativas absolutamente peregrinas, como as relativas ao 11-S en Estados Unidos ou ao 11-M en España.

A conspiración máis evidente podería ser a que perseguise o desmantelamento do estado do benestar en Europa, baixo o pretexto da austeridade obrigada, e a máis conxuntural, a alianza de todos os ultraliberais do mundo occidental para impedir a reelección de Obama como presidente de Estados Unidos. Pero, se a teoría da conspiración carece de sentido na maioría dos casos nos que se intenta aplicar a modo de explicación total, no caso da crise é máis ben inútil.

Non fai falta conspirar nada para conseguir a desorde e o desequilibrio no sistema económico vixente. Basta con deixar que os mercados actúen sen control. Os ultraliberais aseguran que, desa maneira, os propios mercados recuperan o equilibrio, pero, por se acaso, ate agora, sempre botaron man dos fondos públicos para apuntalar aos bancos en perigo. Por iso, nos acordos de estabilidade da Unión Europea (e na reforma constitucional que aprobaron PSOE e PP hai un ano), contémplase a prioridade das débedas financeiras ante un posíbel concurso de acredores dun Estado.

La doctrina del Shock y el miedo en la crisis económica - Cristina Andreu

Cristina Andreu

"Un estado de shock no sólo es algo que se produce cuando nos ocurre algo malo, sino también cuando perdemos nuestra historia, cuando nos desorientamos". Así lo explica Naomi Klein, investigadora canadiense que ha relacionado las ideas de la inducción experimental del shock, con la expansión de las ideas económicas de Milton Friedman, conocidas como "la escuela de Chicago".

Si induces miedo a la población, miedo por su seguridad económica, de salud, educativa, de derechos, de futuro en resumen, aceptará fácilmente ideas impuestas sobre las soluciones.

La tesis de la doctrina del Shock es que nos han contado un cuento sobre como este estado emocional se ha propagado, no casualmente, sino mediante crisis programadas, calculadas para inducir el miedo en la población.

Aquí pode pasar de todo - José Luis Gómez

Mario Draghi

O profesor Antón Costas resumiu os grandes problemas de España en poucas palabras. O primeiro problema é o elevado endebedamento, cuxa causa inicial foi máis o sector privado que o sector público; o segundo, o sobrecusto ou prima de risco que o Tesouro español está pagando para financiar ese endebedamento nos mercados privados de capitais, e o terceiro, a débil competitividade de España no mundo. A combinación de todos eses males é o que limita a capacidade de crecer e, xa que logo, de crear emprego, que é o que lle preocupa á xente.

Mellorar a competitividade depende dos españois, pero as demais cousas non só dos españois: tamén da eurozona, é dicir, de Alemaña, que controla o Banco Central Europeo coma se fose seu. Dito doutro xeito: hai unha parte da prima de risco que corresponde a España e outra ao conxunto da eurozona, polas propias debilidades do euro. Se o BCE asumise isto debería aliviar o financiamento de España, cuxa economía en recesión non pode soportar durante moito tempo custos financeiros do 6-7%. Pero, de momento, resístese a facelo e cando fala de botar unha man parece máis ben unha man ao pescozo do moribundo. En palabras do presidente do BCE, Mario Draghi, a España agárdalle unha condicionalidad "estrita e efectiva", que se suma á asociada á liña de crédito de ata 100.000 millóns para sanear e recapitalizar o sistema financeiro. Traducido: máis axuste e, en consecuencia, máis recesión. Pero por aí non se chega a ningunha parte, por moito que haxa un segundo rescate.

Ante esa tesitura, o Goberno de Rajoy debe escoller entre máis sacrificios dos seus cidadáns para seguir no euro ou saír do euro. Para o primeiro apenas hai marxe -a laranxa está tan espremida que solta pouco zume- e do segundo ninguén quere falar, temendo consecuencias terribles en termos de empobrecimento xeral de España, froito do que sería unha depreciación sen precedentes. Solución? Alemaña. Crave a favor? EE UU e o FMI. E non por solidariedade con España, senón polo seu propio interese: a eurozona está adentrándose nunha nova recesión que ameaza á economía de EE UU, onde Obama ten pronto eleccións. Botarlle unha man a España e a Italia ten un prezo, pero aínda sendo alto pode ser inferior ao de contaminar a eurozona e EE UU, cuxa interdependencia é moi grande. O dito: aquí pode pasar aínda de todo. Irémolo vendo.

O axuste sen incentivos chámase máis recesión - José Luis Gómez

José Luis Gómez

Inmerso nun aluvión de críticas, nos medios e nas redes sociais, pola súa política de axustes, o presidente Rajoy decidiu comparecer ante os xornalistas, pouco antes de saír cara a Galicia para relaxarse un pouco. Sen as reformas, intervirían España, dixera o xefe do Goberno en xuño, o día que arrincaba o Mundial, cando evitou falar de rescate, a diferenza da prensa internacional. Pero poucas semanas despois o rescate volve estar encima da súa mesa. Distinto dos de Grecia, Portugal e Irlanda, pero rescate ao fin. A razón non é outra que os problemas de España para financiarse no mercado a un tipo de interese razoable, que a súa economía poida pagar. En definitiva, España como país rescatado deberá demostrar que cumpre a machada a política fiscal que se lle aconsella' desde Bruxelas e que polo menos nas súas grandes liñas parece resumirse neses 102.000 millóns de axuste programado de aquí a 2014. Se Rajoy fai os deberes ao gusto de Merkel -prognostícase en La Región-, Draghi abrirá a billa do diñeiro, como xa parecen estar descontando os mercados. Pola contra, habería que ir pensado en saír do euro, algo que case ninguén quere en España.

Rajoy arrincou ben na súa conferencia de prensa do venres, ata foi didáctico e claro; enredouse a metade de camiño, poida que en parte á mantenta; na quenda de preguntas mareou a perdiz, para recoñecer ao seu xeito que haberá un segundo rescate, e finalmente foise sen comentar unha palabra do plan de axuste dos 102.000 millóns ata 2014, o cal cando menos resulta sorprendente.

Cen mil millóns é o 10% do PIB, unha cifra que require non só unha conferencia de prensa, senón varias conferencias de presidentes, se é que o Goberno pretende realmente sacar adiante semellante proposta de aforro. Só, sen as autonomías, tampouco podería conseguilo, e menos aínda cun equipo de goberno que empeza a estar 'tocado'. Pero vaiamos por partes, partindo en grao sumo inmediato. Todo parece indicar que haberá un segundo rescate, á espera de coñecerse as condicións do BCE, e que só as pensións parecen estar a salvo do que poida pasar, que en calquera caso será grave. Todo o demais queda a expensas das esixencias de Bruxelas, que en pronunciamientos anteriores si deslizara o seu interese por alargar a idade de xubilación, unha cuestión que non debe pasar inadvertida, como informou El País. Por iso o Goberno prometeu a Bruxelas elevar a idade efectiva de xubilación e encargou a Facenda que endureza as prexubilacións.

As condicións sobre o probable segundo rescate estarán en función da credibilidade que Bruxelas e o BCE lle outorguen ao plan do orzamento bienal. E, de entrada, o plan non parece consistente, por falta de realismo e de concreción. Un botón de mostra: hai unha partida -nada menos que de case 20.000 millóns- que é tan xenérica como dicir que haberá unha reestruturación completa do sector público autonómico, que se irá deixando notar con maior intensidade en 2013 e 2014. Tamén custa crer a proxección do crecemento previsto para 2014, tras recesións tan profundas en 2012 e 2013, pero é verdade que iso dependerá precisamente de como se fagan axustes e, sobre todo, das súas políticas de acompañamento -léase incentivos-, das que nada se sabe. O que si se ve é que é tanto o que se pretende recortar e tan pouco o que se vai a ingresar, debido á recesión, que a redución do déficit seguirá facéndose durante anos a costa do Estado do benestar.

Propuestas liberales de más recortes en España

El recorte de 10.000 millones de euros aprobado por el Gobierno español para Educación y Sanidad es insuficiente para Alemania.

De hecho, su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, reclama una nueva reducción en dichas partidas a cambio de su apoyo para que el Banco Central Europeo (BCE) compre deuda española.

Estos es lo que opinan diversos economistas liberales españoles:

Juan Iranzo: "No es recortar, es racionalizar"
Según el profesor Iranzo, no se puede hablar de recortes sino de racionalización de los recursos. Hay un amplio margen de mejora, sobre todo en Sanidad y Educación.

En el primer caso es posible tomar medidas para moderar la demanda, pero no desde un punto de vista recaudatorio sino desde un punto de vista disuasorio. Y, como ejemplo de racionalización, considero que las máquinas deberían estar operativas más horas.

En el ámbito de la Educación, es inútil tener tantas universidades. Sería conveniente unificarlas para que todas puedan ofrecer todas las carreras. Por otro lado, creo que la bajada de los tipos de interés también será positiva para nuestra deuda y para las emisiones del Tesoro.

Rafael Pampillón: "En las comunidades autónomas"
El profesor sostiene que pueden acometer más recortes en las comunidades autónomas. Su mayor gasto está en las empresas públicas en las que se gasta mucho y a veces se utilizan para colocar a amigos y familiares.

Muchas de ellas se pueden cerrar o privatizar. También se puede recortar vía diputaciones, asesores o consejeros, muchos de ellos innecesarios.

Existe, además, un problema de duplicidades de cargos entre las autonomías y la Administración central. Respecto a Educación y Sanidad, junto a la deuda del Tesoro, constituyen el grueso de la deuda y es más fácil reducir esas partidas que cerrar polideportivos, pero, insisto, donde mayor recorte se puede acometer es en las comunidades.

Carlos Rodríguez Braun: "Quedan parcelas para reducir más"
El experto señala que el gasto público se puede recortar en todas las parcelas, incluida las correspondientes a Sanidad y Educación. Hasta ahora el Gobierno presidido por Mariano Rajoy ha impulsado numerosas medidas destinadas a recortar el gasto público.

Sin embargo, han conseguido reducir más bien el gasto privado. Ha subido los impuestos, una medida que ha repercutido sobre todo en el consumo de los hogares. Las familias son quienes principalmente se han visto obligadas a llevar a cabo un mayor reajuste y han tenido que hacer importantes renuncias.

Creo que se pueden bajar los impuestos para que las familias gasten más y, de este modo, aumente de nuevo el consumo.

Alberto Recarte: "En 400.000 empleados públicos"
El economista indica que queda pendiente por recortar bastante en las comunidades autónomas. Bueno, en realidad, en la práctica no se ha hecho nada. Creo que el principal recorte debe producirse en las partidas de personal.

Sobran 400.000 empleados públicos, no funcionarios, tanto en los servicios centrales de las Administraciones autonómicas y corporaciones locales, como en las fundaciones, empresas y consorcios públicos.
Es fundamental conocer lo que un país puede pagar para establecer sus planes y necesidades.

Por tanto, las Administraciones deben tener en cuenta, a la hora de desarrollar sus estructuras y servicios para los ciudadanos, hasta dónde puede llegar con sus presupuestos.

Blas Calzada: "No podemos gastar lo que no tenemos"
Calzada advierte de que no podemos gastar lo que no nos podemos permitir y, por supuesto, hay que hacer algo. Por tanto, habría que dejar de subvencionar determinados capítulos que no podemos asumir en Educación y Sanidad. Hay que saber hasta dónde podemos llegar y hacerlo lo antes posible. La gente piensa que la Sanidad y la Educación son un derecho, pero sólo son un derecho si lo podemos sufragar.

No podemos gastar lo que no tenemos, teniendo en cuenta, además, que no nos prestan. Hay que saber hasta dónde se pueden financiar los gastos de la Sanidad y la Educación, pero es muy importante que a la hora de recortar se elija bien y se prescinda primero de lo menos importante.

Juan Velarde: "Los recortes desde el lado autonómico"
El veterano Velarde opina que las autonomías son las que tienen una mayor capacidad para reducir del gasto público.

La Sanidad tiene que pasar del ámbito autonómico a la Administración Central a través del Sistema Nacional de Salud; este es un recorte obligado. Los grandes recortes tienen que venir del lado autonómico porque tienen un margen tremendo.

Desde representaciones en el exterior, medios de comunicación sociales, televisiones, radios... Si no se hace nada las consecuencias serán gravísimas, a pesar de que pueda herir la sensibilidad de las comunidades autónomas que tratan de jugar a ser estaditos.

Hay que rebajar la masa enorme de empresas públicas y consorcios creados exclusivamente para escapar del control del gasto.

La crisis era predecible - Vicenç Navarro

Vicenç Navarro

Veamos por partes. Y analicemos primero cómo se detecta una burbuja como, por ejemplo, una burbuja inmobiliaria. Se mira, en primer lugar, la evolución de los precios del producto sujeto de la burbuja, en este caso, la vivienda. Y se ve rápidamente que estos precios suben enormemente. En sí este gran crecimiento no es indicador de una burbuja. Sí que lo es, sin embargo, cuando todos los demás precios, comenzando por el precio del trabajo –es decir los salarios- no suben. Entonces sí que hay una burbuja. Los salarios y el número de asalariados son, en cualquier país, uno de los factores más importantes para conocer el nivel de demanda de un producto de consumo popular. Pues bien, esto es lo que ocurrió en España desde 1998 a 2007. El precio de las viviendas subía y subía y en cambio el precio de los alquileres, por ejemplo, casi no subía. En realidad estaba estancado. Si la causa del crecimiento de los precios de la vivienda y de la construcción era el crecimiento demográfico ¿cómo podría explicarse que el precio del alquiler no subiera también?

A riesgo de parecer repetitivo, hay que subrayar que una de las variables más importantes para detectar una burbuja es la diferencia entre el precio de un producto y el nivel de capacidad adquisitiva de la mayoría de la población, es decir, de las clases populares, que viene dado por lo que se llama masa salarial, que son los salarios de todos los trabajadores. El nivel salarial y el número de gente asalariada configuran una variable clave para entender la capacidad adquisitiva de la población, la gran mayoría de la cual son las clases populares.

Como esta capacidad adquisitiva no subía, y el precio de la vivienda sí que subía, la población tuvo que pedir prestado mucho, mucho dinero. Y esta es la raíz del enorme endeudamiento de las familias españolas. Esta realidad apenas ha sido citada en los medios de mayor difusión del país, que explican el endeudamiento por el fácil acceso al crédito. Es cierto que la entrada de España en la Eurozona facilitó el acceso al crédito. Pero ello no es razón suficiente para explicar el enorme endeudamiento, pues otros países de la Eurozona también tenían fácil acceso al crédito y su nivel de endeudamiento nunca alcanzó los niveles que alcanzó el de España. Ahora bien, mientras el crédito continuara fluyendo, todo parecía normal.

Pero un analista crítico de la realidad podría haber visto que tanto crédito era insostenible y podía crear un problema mayor, como así fue. Cuando la banca alemana, que era la mayor fuente de crédito, así como la francesa, se paralizaron (llenas de pánico porque descubrieron que estaban contaminadas por productos tóxicos procedentes de la banca estadounidense) todo el sistema colapsó, es decir, la enorme burbuja inmobiliaria explotó, arrastrando con ello el 10% del PIB español en cuestión de meses. Fue un tsunami financiero, resultado, en gran parte, de la enorme avaricia de los especuladores –la banca y el sector inmobiliario- y la complicidad, además de la incompetencia, del equipo directivo del Banco de España que es, en teoría, el regulador de la banca y la agencia responsable de prevenir esta catástrofe. La enorme irresponsabilidad de tales dirigentes fue desoír las voces críticas que estábamos alertando del problema, incluidas las de técnicos del Banco de España.

Es imposible rellenar este vacío de un 10% del PIB substituyéndolo por otras actividades con las políticas de austeridad (recortes y más recortes) que se están siguiendo en España. También lo dijimos al principio de la crisis unos pocos sin que nos hicieran caso. Es obvio que estas políticas son suicidas económicamente porque cuando el sector privado está tan endeudado como lo está el español, el único que puede estimular la economía es el sector público ¡Y lo están recortando! Esto es un indicador del dogmatismo de los economistas neoliberales (que dominan la cultura económica del país) que, a pesar de la enorme evidencia de que las políticas de austeridad están llevando al país a un gigantesco desastre, continúan promoviendo y llevando a cabo tales políticas, insistiendo miles de veces en que tales medidas son necesarias para recuperar la famosa confianza de los mercados, ignorando que el que marca los intereses de la deuda pública es el Banco Central Europeo, que como he dicho muchas veces, no es un Banco Central, sino un lobby de la banca alemana y del Banco Central alemán.

Es importante señalar que algunos de estos neoliberales añaden que las políticas de austeridad son insuficientes y hay que complementarlas con políticas de crecimiento, desconociendo que estas últimas no serán eficaces a no ser que se eliminen las primeras. Como todo dogma, la causa de que se reproduzca, a pesar de su obvia falsedad, es porque sirve intereses económicos y financieros que se benefician de tales políticas. He documentado y publicado una larga lista de beneficiarios de la reproducción de dicho dogma neoliberal, que van desde la gran banca y gran patronal alemana a la gran banca y gran patronal española. La banca alemana se beneficia del enorme flujo de capitales de la periferia (incluyendo España) al centro (Alemania) y la gran patronal alemana se beneficia de los relativamente bajos salarios de los trabajadores alemanes (en relación con su productividad) y de la imposibilidad de los países periféricos (incluida España) de devaluar la moneda para poder competir con sus productos: la gran banca española, porque se está reestructurando el sistema financiero en términos muy favorables a ella y con gran apoyo de fondos públicos, y la gran patronal española (que genera su propio crédito) porque está consiguiendo lo que siempre ha deseado, bajar los salarios y debilitar a los sindicatos, y eliminar el Estado del Bienestar.

Ahora bien, existen alternativas (ver Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España y Lo que España necesita. Una réplica con propuestas alternativas a la política de recortes del PP, de Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón). España tiene los recursos para salir de la crisis. Sólo un dato: si España tuviera los mismos ingresos al Estado que Suecia, el Estado español ingresaría 200.000 millones de euros más, con lo cual se podrían crear cinco millones de puestos de trabajo, eliminándose el desempleo que es el problema humano, social y económico más grave que tiene España. El hecho de que ello no ocurra se debe, no a causas económicas y/o financieras, sino políticas, es decir, al enorme poder que las fuerzas conservadoras tienen sobre el Estado español. Así de claro.