Isidoro Gracia |
En Democracia el reparto de los roles de los poderes es claro: el Ejecutivo gobierna y en consecuencia gasta, el Parlamento legisla y controla el gasto y el Judicial interviene si ese el gasto se produce en contra o al margen de lo legislado. Parece que hay quien quiere cambiar las reglas básicas, lo hace sobre datos, como mínimo erróneos, y hay dirigentes políticos que le siguen el juego.
En cifras redondas: El presupuesto del Congreso no llega a los 80 millones de €, el del Senado a los 50 (por mucho que esfuerzo la imaginación no sé de donde salen los 3.500) y la suma de los presupuestos de los parlamentos autonómicos, que incluyen defensores del Pueblo, Consejos de Cuentas y resto de organismos que de ellos dependen, es en el presente año de menos de 350 millones de €, de los cuales solo una tercera parte son salarios de los parlamentarios. Las cifras son públicas y fácilmente accesibles.
Veamos, el gasto que hay que controlar suma más de 400.000 millones de € anuales, la suma de los presupuestos autonómicos más de 125.000. Por poner ejemplos de alguno de los lugares donde ya existen iniciativas de recortes, la Xunta de Galicia gasta al año 9.500 y la Junta de Castilla la Mancha algo menos de 7.000 millones de €. Los que deben controlar que esos gastos de 16.500 millones se hacen de acuerdo con los intereses de los ciudadanos, cuestan menos de 30, es decir menos de 0,20 %. Si el referente para el ahorro son la Cortes Generales el resultado es aún más espectacular 0,032 %.
Con los tiempos que corren, ¿Quien de entre los partidarios del buen funcionamiento del sistema democrático puede estar a favor de ahorrar precisamente en los organismos que tienen que ejercer el control de cualquier gasto? En especial si las cifras demuestran que España es de las democracias que menos gastan en sus Parlamentos, en todos sus Parlamentos, incluidos los autonómicos.