Continuaba mi artículo de 2009: “La desproporción del reparto de los benéficos económicos de la continuidad es abismal a favor del explotador, que cobraría el Kw al precio de tarifa estándar con costes de producción paupérrimos, ni el gobierno ni los consumidores mejorarían aceptablemente la garantía de suministro, ni el precio final del "mix" de la energía española se vería afectado. El reparto es evidentemente injusto”.
La conclusión del artículo de 2009 era: “Como puede verse Garoña está al margen del debate sobre energía nuclear, son otros los factores del debate en juego, una energía nuclear de la que lamentablemente hoy no podemos prescindir, a pesar de que es más cara e insegura que otras alternativas, al menos con las tecnologías que hoy están en el mercado, nada libre, de la energía”.
Los últimos acontecimientos con el pulso del oligopolio eléctrico al gobierno pronuclear del PP, usando Garoña como elemento de choque, viene a confirmar que el problema principal, para ese oligopolio, es cualquier tipo de control público del sector, incluso cuando ese mínimo control se ejerza sobre ganancias injustificables generadas por el invento del déficit de tarifa o las inexcusables exigencias de seguridad de este tipo de instalaciones, exigencias derivadas de la experiencia próxima de desastres con daños irreversibles.
Un dato revelador, el nuevo impuesto durante los 6 meses de vida ya aprobados para Garoña supone, según el propio explotador, un peso de 75 millones de €, para una posible facturación del sector eléctrico del entorno de 200 millones de €, generados en una instalación hace mucho tiempo amortizada, parece que hay margen suficiente para un beneficio razonable.
