Nosotros queremos contribuir a ello. A encontrar una salida. Y lo hacemos, a título personal, desde la distancia con nuestra propia experiencia política previa, pero desde el conocimiento, también, de que una de las fortalezas de nuestra democracia ha sido la capacidad de encontrar puntos de encuentro, consensos, cuando ha sido necesario como durante la transición, con los Pactos de la Moncloa.
Los años de crecimiento económico estuvieron, en España, cargados de endeudamiento privado. El estallido de la burbuja inmobiliaria, a la par que la crisis financiera internacional, significó un parón en seco de nuestra actividad económica golpeada por el aumento brusco del paro, las dificultades que nuestros activos tóxicos representaban para las entidades financieras y un significativo incremento del déficit y de la deuda pública en todas las administraciones. El análisis exhaustivo de la crisis y las respuestas ante la misma, no son objeto de este artículo, que sí quiere constatar, sin embargo, las tremendas dificultades que tenemos para conseguir la necesaria financiación externa (lo muestra la prima de riesgo en niveles máximos) como resumen de un entrecruzado de problemas relacionados con bajas perspectivas de crecimiento, dudas sobre las cuentas públicas y bancarias, así como escasa confianza, por parte de los mercados, respecto a nuestra realidad y perspectivas.
Una de las fortalezas de nuestra democracia ha sido la capacidad de encontrar puntos de encuentro, consensos
España no tiene un problema de solvencia. Nuestras capacidades para crear riqueza siguen intactas en un país que ha evolucionado hasta exportar conocimiento empresarial (nuestras empresas internacionalizadas) e, incluso, científico (los investigadores y universitarios españoles son demandados en otros países europeos). Muchas empresas y familias españolas ya han hecho sus deberes, han ajustado sus cuentas, se han esforzado por formarse e innovar. En ese sentido, estamos mejor de lo que se dice, como ha reconocido recientemente el Consejo Empresarial para la Competitividad, ya que una parte significativa de nuestra economía está preparada para crecer en cuanto se den las circunstancias adecuadas.
Entre otras, superar el serio problema de liquidez que sí tenemos y que se extiende por toda la sociedad en forma de escasez de crédito necesario para relanzar actividad productiva. Generar confianza en los mercados financieros internacionales es fundamental para ello y elaborar un Plan Estratégico de país, uniendo en torno al mismo al mayor número de “accionistas” posible, puede ser parte de la solución.
Sería iluso pensar que una crisis económica como la que vivimos, sin duda la más intensa y extensa desde hace décadas, podría no afectar a las costuras institucionales. Una parte de los problemas de diseño y funcionamiento que viene arrastrando nuestro Estado Autonómico, se ha puesto en evidencia cuando ha sido imprescindible aunar esfuerzos de ajuste financiero entorno a objetivos inexcusables de austeridad presupuestaria, comprometidos con la Unión Europea. El carácter de las relaciones entre las distintas partes del Estado (Gobierno central y comunidades autónomas), las diferencias en el sistema de financiación autonómico e, incluso, entre unas autonomías y otras, se han puesto de relieve con evidencia, demandando una revisión tranquila, pero profunda, del modelo actual.
Tan profunda, tal vez, como la que debemos hacer de las políticas sociales que han caracterizado nuestro incipiente Estado del bienestar, para hacerlas sostenibles en un contexto financiero muy diferente a aquel en que fueron diseñadas. No es suficiente con ajustar el gasto presupuestario en sanidad, pensiones, educación o administraciones públicas, para que quepa en los estrechos escenarios de consolidación presupuestaria europea. Necesitamos reformas que sitúen el gasto futuro no solo sobre una senda de mayor sostenibilidad, sino también, de mayor eficiencia y equidad.
Vivimos horas difíciles en las que es prioritario esforzarnos por buscar soluciones. Y todos deben estar llamados a arrimar el hombro, pero todos deben tener la posibilidad efectiva de hacerlo. El cuerpo social, pero, ante todo, los partidos políticos parlamentarios que representan la voluntad expresada por los ciudadanos en las elecciones.
Las circunstancias nos han situado ante la necesidad de rediseñar, en buena medida, varias líneas maestras de lo que ha sido España desde la proclamación de la democracia. El momento no tiene la envergadura de los constituyentes, pero no le falta características que, por su trascendencia y amplitud, lo asimilan a aquellos, hasta hacerlo un momento que puede ser reconstituyente, en la medida en que los cambios y transformaciones a realizar en España, para salir cuanto antes y con bien de la difícil situación por la que atravesamos, son muchos y de gran importancia.
El Gobierno tiene mayoría parlamentaria suficiente para hacerlo en solitario, si ese es su deseo, o buscando solo unos aliados frente a otros. Sería legal y legítimo. Pero pensamos que, en situaciones excepcionales, incorporar al proceso de rediseño del modelo a los millones de ciudadanos que se sienten representados por opciones distintas a la gubernamental, daría grandeza política a quien gobierna, haciendo que el resultado fuese más solido, eficaz y asumido. Al menos, eso fue lo que sucedió en esa transición desde la dictadura a la democracia plena, que hicimos en España hace años y que ha sido considerada modélica en todo el mundo, dando relieve práctico a la expresión "consenso".
Ante un llamamiento del presidente del Gobierno, todos los partidos políticos parlamentarios deben sentirse obligados a aportar sus soluciones. Pero sabiendo que el resultado final, además de tener en cuenta el peso democrático de los votos, solo podrá alcanzarse desde la voluntad de negociar, argumentar, debatir y transar, para llegar a acuerdos que deberán ser explicados luego a los ciudadanos, para que valoren, el conjunto del Plan y no solo tal o cual medida aislada.
Diferentes encuestas señalan que una amplia mayoría de ciudadanos parecen preferir, ante la gravedad del momento, que los partidos políticos, en lugar de confrontar de manera sistemática, de “pelearse” por casi todo, participen juntos en la búsqueda de soluciones para los graves problemas por los que atraviesa España.
Somos conscientes de las dosis de esfuerzo y generosidad que requeriría una solución en el marco de unos Pactos de Estado que no admiten contratos de adhesión por la mayoría, ni derechos de veto por la minoría. Tanto el presidente del Gobierno, en su discurso de investidura, como diferentes líderes de la oposición en recientes debates parlamentarios, han manifestado su voluntad de participar en conversaciones conducentes a grandes pactos de ese tipo. Tal vez, juntos, salgamos antes y mejor del pozo. Tal vez es hora de que la sociedad civil lo reclame, todavía más alto, a los políticos. Tal vez, este artículo, por su simbolismo, ayuda a ello. Esa sería nuestra única y mayor recompensa.
Jordi Sevilla ha sido ministro de un Gobierno del PSOE y Josep Piqué ha sido ministro de un Gobierno del Partido Popular. Ambos publican este artículo conjunto en el diario El País el 6 de junio de 2012.
