Como señalábamos hace sólo unos días en este mismo medio, concebimos los presupuestos de un Estado como un documento técnico y político en el que se plasman las políticas públicas de un Gobierno. Los presupuestos recientemente aprobados por el Gobierno español para 2012, son a nuestro entender de unos presupuestos que deben ser integrados en un contexto económico de recesión y profunda crisis económica, que a diferencia de otras tiene varios frentes: crisis de financiación de la actividad del Estado, con primas de interés no asumibles en el largo plazo; crisis de las entidades financieras, ausencia de crédito y muchas de ellas con dificultades internas y balances contables desajustados; crisis inmobiliaria y parada de un sector hasta hace poco estratégico; crisis de financiación de las actividades del sector público; y crisis laboral en un contexto de desempleo superior al 25% de la población activa.
Ante una “situación crítica y una situación límite" como ha sido definida desde el Gobierno, no es de extrañar que nos encontremos ante el presupuesto más restrictivo en décadas, con un importante recorte del gasto y un problema muy agravado que agudiza aún más la recesión, que no es otro que la financiación del alto endeudamiento exterior. De hecho, los recortes presupuestario son casi equiparables en cifras, al coste del pago de la deuda exterior, una situación a nuestro entender insostenible.
Por todo ello no es de extrañar que el Gobierno conformara un presupuesto destinado a lograr un ajuste de 27.300 millones, lo que supone un recorte medio del 16,9% en el gasto de los ministerios, y que adoptara medidas, entre otras, la eliminación de las deducciones fiscales a las grandes empresas y la polémica. Estas últimas destinadas a compensar la bajada de los beneficios fiscales, como consecuencia de la caída de la demanda interna y de la actividad económica. Parece lógico desde nuestro punto de vista, que si como consecuencia de la reducción de la actividad económica, los beneficios fiscales que se obtienen del Impuesto de Sociedades han disminuido, se modifiquen los actuales sistemas impositivos para paliar esa reducción. Medida que parece compatible e imprescindible, si el principio inspirador del presupuesto es la reducción de déficit.
De igual modo el gobierno establecido mecanismos que permitan hacer frente a una situación absolutamente real: la existencia de rentas internas y externas no declaradas. Las sanciones por regularización no constituyen un medio eficaz para que los sujetos con rentas ocultas, las regularicen y pasen a formar parte del dinero en circulación, una cifra que el Gobierno estima en 25.000 millones de euros. Quizás no sea este el medio más ético, pero posiblemente sí el más eficaz, aunque nos parece bajo el gravamen complementario del 10% del importe de los bienes y derechos aflorados.
No podemos dejar de mencionar que toda medida adoptada por un gobierno para atraer rentas opacas es un fracaso del propio sistema fiscal, que se ve incapaz de incorporar este dinero por los medios legalmente establecidos. No es de extrañar, por tanto, que tanto los contribuyentes como la inspección fiscal vean con recelo la oportunidad desigual que todo proceso de regularización de rentas conlleva. Curiosamente como se hizo en otras ocasiones, las medidas de regularización van siempre acompañadas de declaraciones del Gobierno de turno de que la medida es extraordinaria, única y que el régimen sancionador se endurecerá.
