El pasado viernes 30 de marzo el Consejo de Ministros aprobaba el Proyecto de Presupuestos para el 2012, en el que se incluían relevantes medidas de carácter general, entre las que destacan una reforma fiscal del Impuesto sobre Sociedades y medidas para la atracción de rentas internacionales no declaradas, denominadas de forma incorrecta “amnistía fiscal”. El Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno, y que ahora inicia el proceso legislativo, es quizás la Ley más importante que cada año aprueba el ejecutivo.
Es un documento técnico, pero con una profunda carga política, en el que se diseñan y se dotan las partidas presupuestarias de las políticas públicas que se han de ejecutar. Como en todo presupuesto, se hacen las previsiones de gastos y de ingresos, las partidas a las que se asignan los recursos y la entrada de recursos vía fiscalidad y otras fuentes. En los presupuestos se incluyen también el coste de la financiación que vence, una partida presupuestaria muy relevante que está directamente vinculada a la deuda pública. Pero el presupuesto es sobre todo el instrumento económico con el que un Gobierno diseña su política económica y fiscal, y en este sentido, los presupuestos de un Estado definen de forma fehaciente la política de un Gobierno y la forma en la que éste encara el contexto económico en el que se enmarca el presupuesto.
Los Presupuestos Generales del Estado 2012 aprobados por el Gobierno son absolutamente restrictivos y tendentes a la reducción del déficit público como política trasversal a las demás políticas. El principio inspirador es que el causante de los males es la financiación de la deuda exterior, cuya alto coste impide ejecutar políticas de crecimiento, agrava la recesión e impide crear empleo. Se sostiene desde el Gobierno que la manera más rápida de salir de la crisis es reducir el déficit público y el coste de la financiación exterior. Baste apuntar que el Estado destinará 13 de cada 100 euros a pagar la financiación de la deuda exterior. Si a ello añadimos un ajuste presupuestario de 27.300 millones euros, que supone el recorte medio del 16,9% en el gasto del Gobierno central, nos encontramos ante lo que podemos considerar el presupuesto más restrictivo de la reciente democracia española.
Obviamente no podemos detenernos en las numerosas medidas que siempre acompañan a un presupuesto, por lo que nos centraremos en la reforma fiscal del impuesto sobre sociedades y en la regularización de rentas internacionales irregulares.
A modo resumen destacamos los siguientes hechos presupuestarios:
• El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado presentado en el Congreso de los Diputados incluye una reducción de las bonificaciones fiscales del 5,6%, por lo que las deducciones fiscales aplicadas a todos los impuestos bajarán de 40.363 a 38.102 millones de euros.
• El recorte del déficit será de 27.300 millones de euros entre las partidas de ingresos y gastos. En total, la deuda pública española se elevará al 79,8% del Producto Interior Bruto en 2012.
• Los Presupuestos Generales del Estado prevén una caída del 9,2% en los beneficios fiscales del IRPF, hasta 1.528 millones menos, como consecuencia de la disminución del número de declarantes y de rentas sujetas a este impuesto.
• El descenso en la desgravación fiscal del IRPF es especialmente patente en la deducción por inversión en vivienda habitual, que tendrá una caída del 13,8%, a pesar de que se ha aumentado el número de contribuyentes que pueden acceder a ella en función de su renta.
• En relación al IVA la aportación de incentivos se recortará el 4,3%, debido a la crisis y a la prórroga del tipo superreducido del 4% a las entregas de viviendas nuevas.
El origen de las nuevas regulaciones del impuesto sobre sociedades se encuentra en la caída, provocada por la coyuntura económica, de los beneficios fiscales del Impuesto de Sociedades, cuya previsión de reducción es del 1,7%. Lo que parece lógico en un contexto económico de recisión, que implica menos empresas con beneficios y un empeoramiento de sus resultados contables. Las medidas aprobadas están encaminadas a encontrar fórmulas impositivas que compensen la caída de los beneficios fiscales y contribuyan, en alguna medida, a paliar el déficit.
El Gobierno espera ingresar 5.350 millones de euros adicionales, en la recaudación del Impuesto de Sociedades con diferentes medidas que pretenden eliminar la caída del tipo efectivo que pagan, especialmente, las grandes empresas.
Como avanzábamos otro de los aspectos relevantes de la aprobación por el Gobierno del proyecto de presupuestos para el 2012 son los mecanismos fiscales introducidos para la atracción de rentas internacionales no declaradas, lo que los medios de comunicación se han empeñado en llamar de forma errónea “amnistía fiscal”, que como se sabe está prohibida por Ley.
El Estado pretende regularizar algo más de 25.000 millones de euros de dinero no declarado, vulgarmente denominado “negro”, que contribuyentes españoles tienen una parte repatriado fuera de España y otra parte oculto dentro del país. Como la amnistía fiscal está prohibida por Ley, el Gobierno se ha visto obligado a que las rentas regularizadas tributen un 10%.
Asimismo se fija un gravamen del 8% para los dividendos o participaciones de fuente extranjera que se repatríen hasta el 31 de diciembre de 2012. Las previsiones del ejecutivo son recaudar con esta medida aproximadamente unos 2.500 millones de euros. Con este gravamen las entidades que no han podido beneficiarse de la exención prevista para los dividendos y rentas de fuente extranjera, por estar alguna de las sociedades en un país de reducida tributación, son incentivadas a repatriar fondos a un coste reducido, siempre que se trate de sociedades que estén dentro del grupo mercantil y perfectamente identificadas en la contabilidad de la sociedad.
Se trata de medidas que buscan aportar liquidez a la circulación de capitales generadores de riqueza y empleo, concibiéndose como un incentivo fiscal regularizador, puesto que los sujetos que se regularicen fiscalmente, pagarán sensiblemente menos que si hubieran tributado de forma normal, porque las rentas de más de 52.361 euros brutos anuales tienen un tipo marginal del 43%, mientras que el impuesto sobre las plusvalías de capital está entre el 19% y el 21%.
En definitiva, las medidas consisten en la implantación de un gravamen especial y extraordinario de atracción de rentas no declaradas, para contribuyentes sujetos a IRPF, para sujetos del Impuesto sobre Sociedades y para sujetos del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Los contribuyentes podrán presentar una declaración confidencial para regularizar su situación tributaria, cuyo plazo de regularización expira el 30 de noviembre de 2012.
