En julio de 2009, a raíz del informe del CSN sobre su continuidad o cierre, escribí un artículo del mismo título, que decía: “La mayor parte del debate se sostiene sobre la ignorancia de hechos incontestables,…,el CSN no ha dicho nunca que esa central sea suficientemente segura para continuar funcionando más allá de 2011, al contrario lo que dice es que para seguir operando con una seguridad admisible tiene que cumplir muy duras condiciones de mejora, incluso si solo se prolonga la vida dos años, en términos literales del CSN: “se deben realizar mejoras en el aislamiento de la contención, en la independencia de los sistemas eléctricos y en la protección contra incendios”, mejoras que el CSN verificará previamente a dar una opinión favorable, y que se endurecen con exigencias adicionales según se amplía el periodo de operación”.
El nuevo gobierno ha comunicado la decisión de dar continuidad a la central, pero no ha dicho nada sobre las muy notables exigencias complementarias que el CSN puso para que esa continuidad se considerara segura. Lo primero sin lo segundo sería una decisión que bordearía la insensatez, esperemos una pronta rectificación.
Continuaba mi artículo de 2009: “La desproporción del reparto de los benéficos económicos de la continuidad es abismal a favor del explotador, que cobraría el Kw al precio de tarifa estándar con costes de producción paupérrimos, ni el gobierno ni los consumidores mejorarían aceptablemente la garantía de suministro, ni el precio final del "mix" de la energía española se vería afectado. El reparto es evidentemente injusto”. El nuevo ministro tampoco ha dicho nada sobre que los beneficios adicionales de la prorroga repercutan en el precio del Kw al consumidor.
En la electricidad española se produce una paradoja, mediante el invento por el gobierno Aznar del “déficit de tarifa”, invento que el gobierno Zapatero no se atrevió a desmontar, de forma poco explicable, las compañía eléctricas declaran, simultáneamente, un déficit de unos 4500 millones anuales de € y unos beneficios para sus accionistas de unos 9000 millones, también anuales.
Teniendo en cuenta la falta de lógica, lo sensato y beneficioso para la maltrecha economía española es que el inventor del hoy grave problema (un gobierno del PP) lo revise y lo corrija. Esperemos también una pronta aclaración, 4500 millones de € anuales son muchos millones que pueden restarse de los sacrificios del consumidor español.
La conclusión del artículo de 2009 sigue siendo absolutamente válida: “Como puede verse Garoña está al margen del debate sobre energía nuclear, son otros los factores del debate en juego, una energía nuclear de la que lamentablemente hoy no podemos prescindir, a pesar de que es más cara e insegura que otras alternativas, al menos con las tecnologías que hoy están en el mercado, nada libre, de la energía”.
