El proceso electoral aparentemente decantado, discurre apático y en el tono gris propio de la estación. Huérfano de la parafernalia propia de tales eventos. Más interés merece el afloramiento de frustración y descontento en diversos sectores de la sociedad. La indignación creciente de gente abocada a enfrentarse al pago de una crisis económica que no ha provocado. Que asisten impotentes a como al amparo de las poco disimuladas presiones exteriores y sin el menor recato se desmantela el estado de bienestar. Y como en unos casos sibilinamente y en otros de forma zafia se extiende el mensaje de que es inviable y estaba fuera de nuestras posibilidades. Se camina hacia la precarización de la sanidad, de la educación, del mercado laboral, del sistema de pensiones, en definitiva a cualquier nivel de calidad de vida y concepto de solidaridad.Derivado de ello hay un componente político que se manifiesta en un creciente déficit democrático. En un tema del calado de la reforma constitucional consensuada por PP y PSOE, las peticiones de un pronunciamiento popular sobre el mismo son desoídas entre una indiferencia y hostilidad que muestra una alarmante percepción de que la democracia carece de contenido real en nuestro país. Lo que evidencia la brecha abierta entre la sociedad y los políticos que se han desentendido de ella. Más que una sospecha es una certeza que nos recuerdan los estudios sociológicos del CIS. Algo muy poco deseable. Inquietante en tanto que tal deterioro de credibilidad conduce a ese espacio turbio donde anidan los fantasmas del populismo y el fascismo.
Hay una doctrina que apuesta con entusiasmo por la renuncia de los poderes públicos a intervenir en la economía como garantes del interés colectivo. Son los mismos que se apresuran a utilizar los resortes del estado para ponerlos al servicio de la gran empresa y de las entidades financieras en pos de unos logros que casi nunca coinciden con el interés de la mayoría de la sociedad. Los derechos sociales teóricamente garantizados en la Constitución paulatinamente se tornan papel mojado. Con el concurso cuando es menester de prácticas especulativas y corruptas el 80 % del PIB esta siendo manejado por un entramado de poco más de 1000 familias que componen la oligarquía empresarial y financiera de este país. Son los agraciados permanentes por las políticas de apoyo del estado y sus diversos niveles administrativos con evidente lesión del resto de los sectores sociales. En paralelo, para los pequeños y medianos empresarios, el crédito sigue cerrado, cegando las fuentes de financiación para continuar su actividad, y los datos de la OCDE, entre 1995 y 2005, indican que España fue el único país de ese organismo en el que el salario medio se redujo un 0,4%, mientras los beneficios empresariales se disparaban hasta superar el 73%.
Estamos ante un proceso electoral que tiene mucho de plebiscito, en el que no se va abordar por ninguno de los contendientes la necesaria superación de un modelo agotado. Ahondar en la democracia política, que corre en parejo con la democracia económica y social erradicando de nuestro panorama la corrupción en todas sus expresiones no parece el objetivo. Tampoco la racionalización territorial y administrativa. Mientras, el paro, el intenso endeudamiento, las dificultades de millones de familias, la degradación del empleo, la pérdida de renta retraen de forma drástica la demanda. Lo que contribuye inexorablemente a crear las condiciones para que la crisis se enquiste. No se perciben orientaciones en orden a acotar los desmanes del sector financiero, ni a hacer fluir el crédito necesario para acometer los planes que se precisan para afrontar políticas de choque contra la crisis al servicio de la mayoría social. En cambio se deja entrever la amenaza de nuevos y muy duros ajustes sin que de ellos se pueda presumir la mínima garantía que derive en una sustancial reducción del paro en los próximos años.
Se trataría de hallar un rumbo distinto a unas políticas neoliberales, desreguladoras, cuya aplicación se han mostrado nefastas. Que han sembrado alarma social, empobrecimiento y deterioro. Un cambio de rumbo que devuelva la esperanza a una sociedad, también en crisis. Que garantice la prestación de los servicios esenciales. Solidario con los sectores menos favorecidos. Capaz de articular un modelo de producción que garantice empleo de calidad en un modelo de crecimiento sostenible ajeno a la mera especulación. Un cambio hacia la esperanza. Algo que no parece se corresponda en lo se bosqueja en el horizonte.
