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| Isidoro Gracia Plaza |
El actual presidente autonómico, el Sr Feijoo anuncia como objetivo importante, para afrontar la crisis, la reducción desde los 75 escaños del Parlamento Galego a 61. La crisis que es, sobre todo, económica pero también política podría necesitar mover el panorama, incluso a nivel de agitación para oxigenar los modos y maneras de actuar, así pues una modificación de una ley que ha sido razonablemente útil y de relativamente amplia aceptación desde agosto de 1985, podría ser una medida en la buena dirección.
El primer problema surge al mirar las fechas y los sondeos conocidos, en principio no parece muy democrático cambiar las reglas de juego al final del partido, cuando los datos de las encuestas anuncian cambios desfavorables para el proponente. La segunda duda, también sobre lo democrático de la propuesta, surge al ver la justificación: es una medida de signo austero; ahorrar recortando medios al legislativo que controla el ejercicio del poder por el proponente puede interpretarse poco positivamente, sobre todo teniendo en cuenta lo escaso del ahorro, tanto cuantitativamente, como en términos relativos.
Sin embargo la Ley es muy mejorable en términos de dotar de más democracia a la Autonomía, dos ejemplos claros pueden servir para medir, con pocas dudas, las intenciones del presidente y del partido político que lo sustenta. Primero: actualmente más de la mitad de los 75 escaños (40 de ellos) se reparten sin ningún tipo de referencia a los electores, por lo que el voto de un elector orensano o lucense pesa hasta el triple que uno de la Coruña, lo que muy democrático no parece. Si la reforma reduce sustancialmente el desequilibrio, por ejemplo dejando los escaños adjudicados al terreno en menos de 20, la calidad democrática de la nueva Ley subiría muchos enteros. Segundo: el listón para los partidos minoritarios está situado en el 5% de los votos válidos emitidos, lo que, con los datos hoy conocidos, puede dejar hasta el 15% de los electores ejercientes sin representación, lo que tampoco resulta muy democrático, en especial si se suma al casi endémico 40 % de abstención de las elecciones autonómicas, dejando fuera del Parlamento Galego a la representación de más de la mitad del censo (lo que resulta muy poco deseable para la salud del sistema). Una reforma que redujera de forma sustancial la altura del listón, por ejemplo hasta un prudente 3%, mejoraría la representatividad del nuevo Parlamento.
En caso de que las propuestas no vayan en la dirección de lo antes comentado, estaría justificado calificar a las reformas, y sus proponentes, de tramposos, con una calidad democrática muy similar a la de algunos dirigentes que ellos suelen calificar de antidemocrátas, y otras cosas peores.
