Justicia democrática, o no. - Isidoro Gracia Plaza

Isidoro Gracia Plaza

Los acontecimientos que están impactando sobre la justicia española, y muy específicamente sobre algunos jueces, entre ellos el primero entre pares, me han llevado a revisar las reflexiones que los hombres admitidos como sabios por la mayoría hicieron, sobre los conceptos básicos que son los referentes obligados para el estudio de “lo justo”.

Aristóteles, aceptado universalmente como sabio de referencia, para distinguir entre una justicia democrática y la justicia oligárquica, establecía en su libro La Política: “la mayor parte de los hombres son malos jueces cuando se trata de las cosas propias” y que: “la justicia es igualdad, pero no para todos, sino para los iguales”. Ligaba también el grado de justicia que era posible obtener en  relación a la participación en la riqueza de la sociedad.

A la vista de los acontecimientos recientes, se puede afirmar, con pocas dudas, que en España de lo que disfrutamos es de una justicia muy oligárquica y muy poco democrática. Un par de razones, o ejemplos, pueden ilustrar la afirmación. Uno, el trato dado por la mayoría del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo a su presidente, misma persona mismo trato de favor, tanto en el órgano político como, y eso es mucho más grave, en el que tienen que ejercer más en lo concreto el Poder judicial. Dos, al tiempo que a la inmensa mayoría de los ciudadanos se les recorta el acceso a la riqueza común en educación, sanidad, pensiones, etc. y se les dificulta el acceso a los tribunales de justicia, aprobando tasas que solo unos pocos podrán pagar, a los que sirvieron a los más ricos, y a ellos mismos, se les premia con suculentas pensiones o primas por su retirada de los consejos de administración que hicieron posible el paso de la riqueza pública a muy pocas manos, las de la oligarquía y las propias, y, lo que es peor, tribunales, fiscales y gobierno hacen lo posible, y más, para evitar incluso que se expliquen ante los más directos representantes democráticos, los parlamentarios.

No es muy de extrañar, porqué como previó Montequieu, otro sabio aceptado como tal de forma general, para garantizar la existencia de un estado democrático concretamente el poder judicial no debe ser ejercido por nadie de forma permanente ya que “así el poder de juzgar, tan terrible en manos del hombre, no estará sujeto a una clase determinada, ni quedará exclusivamente en manos de una profesión”, abundando cuando afirma. “No hay libertad si un poder del Estado se le encomienda a una única fuerza social o a un único órgano estatal”.

Es muy evidente que en España, la justicia no cumple con las premisas que Montesquieu y, antes que él Aristóteles, establecieron para considerarla democrática. Por cierto, el sentido común de un ciudadano mínimamente ilustrado también llegaría a conclusiones muy similares.