¿Por qué se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas? Quizás para evitar que los depositantes, que nada tuvieron que ver con la gestión, no salgan perjudicados de una nefasta gestión y, presuntamente delectiva, de quienes las dirigieron, con el amparo y el beneplácito de los partidos políticos, los sindicatos y el Banco de España.
¿Por qué no interviene el Fiscal del Estado y se depuran responsabilidades civiles y penales, si las hay? Seguramente por miedo a que se descubra que no sólo los gestores fueron los responsables, sino también los que los nombraron y legitimaron sus actuaciones.
Los ex directivos de la cajas de ahorro, los que ya se fueron, cobraron en A, sin contar el B, sin contar las comisiones ilícitas por créditos concedidos y sin contar los autocréditos para especular que se otorgaban, unos 93 millones de euros aproximadamente, que en la antigua moneda son 15.474 millones de pesetas. Pero ahí no termina la cosa, puesto que una buena parte de esos directivos todavía tienen cantidades pendientes de abonar en conceptos como pensiones o pagos adeudados. Por ejemplo, el que fuera director general de Caixa Penedés, que hoy forma parte de Banco Mare Nostrum, reclama por vía judicial 3,7 millones de euros que dice que aún le adeuda su antigua entidad por su salida de la Caja. O, por ejemplo, los 14 millones de euros que ahora reclama el directivo de Bancaja Aurelio Izquierdo, o los 10 millones de euros que pacto a su salida el ex director general de Catalunya Caixa, Josep María Loza. Por no hablar de los macro escándalos de Caixa Galicia y de Caixanova.
Bankia, que ha protagonizado el mayor rescate de la historia de España, con cerca de 23.500 millones de euros, está ahora en manos de José Ignacio Goirigolzarri, ex consejero delegado del BBVA hasta octubre de 2009, cuando abandonó la entidad tras recibir una liquidación de 52 millones de euros, que ponía fin a los enfrentamientos con el presidente del banco, Francisco González.
Al antiguo presidente de Bankia, Rodrigo Rato, que presentó su dimisión el 7 de mayo, le corresponde un plan de pensiones de 1,2 millones de euros, que está previsto que perciba en acciones. No menos escandalosas fueron las indemnizaciones, sueldos y pensiones que se autoimpusieron Narcís Serra, su número dos y su número tres poco antes de quebrar Caixa Catalunya.
En todos lados cuecen habas a "caldeiradas", quizás por eso no quieran los políticos que se investigue. Pero la fiscalía está obligada, por mucho daño que se haga a la credibilidad financiera internacional de España, sino cometerá prevaricación y tendremos que ser los ciudadanos los que denunciemos a todos.
