El presidente de la fundación, Rafael Pardo, ha subrayado la oportunidad de este estudio, cuyas conclusiones se exponen después de dos años de investigación, y que sirve, a su juicio, para "arrojar luz" sobre la Universidad española, "uno de los componentes del sistema productivo, que necesita un análisis en profundidad".
La permanencia de estudios con escasa demanda -el 29% de los títulos tienen menos de 40 alumnos de nuevo ingreso-, el bajo rendimiento académico de una parte del alumnado y el pago a todo el profesorado estable para investigar, a pesar de que menos de la mitad acredita resultados, son, sin embargo, las principales ineficiencias de la universidad española, tal y como ha enumerado el director del informe, el catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director de investigación del IVIE, Francisco Pérez.
La investigación pone en evidencia los "preocupantes desajustes" debidos a los excesos de oferta o de demanda permanentes de algunas titulaciones, como ocurre con el grado de Medicina y señala que tampoco se justifican los "excesos permanentes" de oferta en algunas titulaciones de Humanidades o Ciencias Experimentales en bastantes universidades. Por ello, los autores del estudio afirman que existe capacidad de ofertar servicios no aprovechada, debido, en parte, a la "rigidez y lentitud" de las universidades a la hora de adaptar y reasignar recursos.
En cuanto a la investigación en el sistema universitario español, el estudio indica que solo una minoría del profesorado acredita resultados con regularidad y que hasta 2009, uno de cada cinco docentes tenía reconocidos todos los tramos de investigación. De esta manera, los autores afirman que la mayor parte del profesorado no alcanza ese reconocimiento por su actividad investigadora, ni responde a los incentivos profesionales y económicos que el mismo ofrece. El 69,5% de los catedráticos y el 40,6% de los profesores titulares investigan.
El estudio advierte de "importantes fallos" en la selección del profesorado universitario y en el control de rendimiento dentro de los centros, derivados de la falta de movilidad de estos profesionales, de la escasa competencia efectiva o de "pobres" trayectorias investigadoras de los contratados. Por ello, plantea una revisión de los criterios de selección y evaluación, adecuándolos al perfil docente o investigador, además de aplicarlos atendiendo a los resultados.
