 |
| Francisco J. Bastida |
En aras de la defensa de la sociedad libre se ha justificado una amplia restricción de libertades civiles y de sus garantías, mientras se auspiciaba el mayor liberalismo económico de la historia. Libre circulación de capitales y mínimo control mercantil, bursátil y financiero. La privacidad y opacidad de las empresas han tenido un respaldo público en proporción inversa al amparo de la intimidad y del secreto de las comunicaciones de los ciudadanos. Esto ha propiciado no sólo movimientos especulativos de enormes dimensiones, sino que, al calor de ellos, el poder financiero ha penetrado con absoluto descaro en el poder político y éste se ha dejado querer y corromper. La crisis de Enron, el gigante norteamericano de la energía, explota poco después del 11-S y es una muestra a pequeña escala de lo que ahora sucede a nivel mundial. Fraude fiscal, corrupción, financiación irregular de candidatos a la presidencia, especulación, sustracción de activos, ruina de los accionistas, miles de trabajadores en paro.
El caso Enron no sirvió de escarmiento, sino que fue ejemplo de otras aventuras empresariales y bancarias, avaladas por agencias auditoras que, lejos de ser independientes, estaban al servicio de sus clientes, facilitándoles el maquillaje de sus cuentas, y siempre bajo la impunidad que ofrecía una estrecha connivencia entre poder económico y poder político. No deja de ser irritante que estas agencias de calificación, como Moody's y Standar&Poor's, que estaban en el ajo de esa corrupción, sean ahora las que ponen nota a nuestra deuda pública, favoreciendo una vez más movimientos especulativos de cuya ganancia no son ajenas. La zorra cuidando las gallinas, como cuando se nombró a Josu Ternera miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco.
¿Qué hacen Estados Unidos, la Unión Europea y España? Lo que ve el común de los mortales es que han puesto a disposición de los bancos una ingente cantidad de dinero para sellar los agujeros creados por su frivolidad financiera, y a peor gestión, más dinero. Todo ello sin exigir a sus autores responsabilidades de ningún tipo, ni penales ni civiles. Apenas se han hecho normas que disciplinen de verdad el sistema financiero y a la vista está que, después de casi tres años de desastre económico, no cesan los ataques especulativos al euro ni a la economía de los países en situación más delicada. Da la impresión de que se paga un rescate que sirve para sanear las próximas presas del terrorismo económico, cómodamente instalado en consejos de administración.
Por el camino queda un sistema democrático maltrecho, horadado por la corrupción, humillado por los poderes económicos y con gobiernos desacreditados por hacer recaer el saneamiento de la deuda en los inocentes ciudadanos.
Si la dedicación que se presta a combatir el terrorismo político se aplicase con igual intensidad a perseguir los santuarios del terrorismo económico (paraísos fiscales, ingenierías contables, burbujas.com, hipotecas basura, volatilidad bursátil y demás) la democracia no estaría en riesgo y los ciudadanos creerían en sus instituciones. Lamentablemente, se tiene la sensación de que las medidas anticrisis son semejantes a las establecidas en los aeropuertos para ahuyentar a los terroristas. Despelotan a uno, teniendo que dejar en la bandeja el puesto de trabajo, un despido más barato, una sustancial rebaja salarial, además de la cartera para pagar más impuestos, pero nada impide que, pasando por la zona «vip», se pueda seguir secuestrando al país.
