Se adjudica al ministro de propaganda nazi la frase: “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”. Pues bien todos los días y por todos los medios se nos está repitiendo que en España sobran funcionarios, englobando en “funcionarios” a todos los trabajadores públicos, los datos reales indican justo lo contrario, lo que no es óbice para que se siga repitiendo.
Tomando como fuente los datos de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y los informes oficiales de la UE (Unión Europea) tenemos que España tiene un funcionario por cada 19 habitantes; Alemania igual (1/19); estamos por debajo de Italia (1/18); Francia y Bélgica (1/12); Finlandia, Letonia y Malta (1/9); muy lejos de Suecia (1/8), que encabeza la clasificación. También cuentan con más funcionarios por habitante Portugal, Holanda y otros. Si las cifras las ponemos en relación con la población activa los resultados son similares, España el 12,5%, la media europea el 16%, en Dinamarca se llega al 28%.
Por otra parte, los que insisten en pedir menos servidores públicos lo hacen ignorando, u ocultando, conscientemente, cifras básicas. Según la Encuesta de Población Activa (EPA de enero 2010), de los 2,6 millones de trabajadores públicos más de 1,1 M. trabajan en la educación y sanidad, que en España son públicas y de cobertura universal (100.000 más trabajan en universidades). Si sumamos las fuerzas y cuerpos de seguridad (300.000 incluidos los autonómicos), y otros servicios indispensables como Justicia, Hacienda y Seguridad Social (otros 100.000), lo cierto es que las posibilidades de recorte de plantilla se reducen bastante. Hay que recordar que en 2010 y 2011 solo se ha sustituido uno de cada 10 de los que se jubilaron y el nuevo gobierno del Estado anuncia la congelación de convocatorias.
También conviene recordar que el reparto es: el 25% trabaja en la administración local, el 52% en autonomías, el 22% en la administración central y que un tercio de ellos tienen contratos precarios con sueldos mileuristas.
Cierto es que siempre se podrán recortar conserjes en la Diputación de Orense y algún cargo de los de confianza en las autonomías, pero no es menos cierto que faltan médicos en la sanidad, profesores en la enseñanza, guardias civiles y policías en la seguridad, y muchos profesionales para la asistencia social, cientos de miles en el tema dependencia y residencias, que deberían ser trabajadores públicos. Por todo ello, y aunque haya que subir la presión fiscal (por ejemplo hasta cerca de la media de la UE) yo soy partidario de que haya más trabajadores públicos.