Galicia y Euskadi
Las elecciones gallegas han servido de momentáneo anticiclón de las Azores en la cadena de frentes fríos que, en forma de elecciones autonómicas, amenazan del centro a la periferia la hegemonía territorial del PP: Galicia y la Comunidad Autónoma Vasca el 21 de octubre, Cataluña el 25 de noviembre (a tan solo dos meses y medio de la manifestacion de septiembre y probablemente, la Comunidad de Madrid a un año vista. Todo ello después del mantenimiento del gobierno del PSOE en Andalucía, con la participación de IU, y la vuelta al de Asturias, con los apoyos parlamentarios de IU y UPyD. La insistencia en el carácter “autonómico” de las elecciones, sin implicaciones de índole general, no puede ocultar el temor a que la erosión del apoyo social a los recortes del Gobierno Rajoy –reflejada en todas las encuestas— termines encontrando un cauce de expresión electoral. Así lo entendieron Feijoo y Rajoy en la precampaña, en un pacto de distanciamiento mutuo, aun en la común defensa de las idénticas políticas de ajuste y privatización neoliberales.
El dato decisivo de estas elecciones autonómicas, en Galicia como en Euskadi, es que la suma de los votos del PP y del PSOE, los dos pilares de la Segunda Restauración, sigue disminuyendo, y en proceso acelerado. En Galicia, el ganador, el PPG, después de tres años de gobierno monocolor de Feijoo, pierde 137.566 votos (un 17,42%) y el PSG, 231.707 votos (un espectacular 53,95%). En Euskadi, el PSE, después de tres años de gobierno de Patxi López apoyado parlamentariamente por el PP, pierde 106.173 votos (33,37%) y el PP, 16.241 votos (11,11%). La erosión del electorado de la derecha española continúa, pero el herido electorado de centro-izquierda no puede olvidar lo que considera la traición neoliberal del Gobierno Zapatero, incluida la chapucera modificación express de última hora, acordada con el PP el pasado año, de la sacrosanta e intocable Constitución.
Destaca en Galicia la fulgurante irrupción de la “Syriza galega”, la AGE brillantemente capitaneada por el veterano Beiras en alianza con IU y con varios grupos ecologistas, que en una campaña relámpago y sin apenas financiación ha conseguido más de 200 mil votos (un 13,3% del sufragio emitido) y 9 diputados. La crisis de las formaciones de oposición tradicionales, el PSG y el BNG (que ha perdido también el 53% de su electorado) es lo que explica que la visible erosión del sostén social de la derecha no haya tenido traducción institucional, permitiendo a Feijoo aumentar en 3 escaños su mayoría parlamentaria. Hágase el milagro y hágalo el diablo: el discípulo más aventajado de Rajoy puede ahora, sin sonrojarse demasiado, presentar sus resultados como un espaldarazo indirecto a la política económica y social neoliberal del gobierno del PP en Madrid.
En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, todos los partidos pierden votos y escaños a favor de EH Bildu, formación que, con sus 21 escaños, abre la posibilidad de una abrumadora mayoría parlamentaria soberanista. El PNV, con 27 escaños, se encuentra quieras que no ante una disyuntiva que quiere evitar a toda costa: o una mayoría parlamentaria soberanista o una coalición con el PSE. Queda un tercera fórmula, la de un gobierno minoritario al que no se querrá censurar, precisamente para que no tenga que elegir entre las otras dos opciones vitandas…por el momento.
Tanto en Galicia como en Euskadi el énfasis en la crisis económica y social ha buscado situar en segundo plano la crisis territorial, a la espera de las elecciones catalanas del próximo 25 de noviembre. No va a ser la derecha española del PP la que plantee otra cosa que el statu quo como instrumento de sus políticas de ajuste fiscal, como se vio en la Conferencia de presidentes autonómicos del pasado 2 de octubre. La crisis territorial sólo se convertirá en una crisis constitucional a partir de una renovada mayoría de CiU en Cataluña, cuya primera exigencia es un régimen fiscal propio, similar en sus efectos al vasco. EH Bildu tenía sobre todo interés en crear las condiciones objetivas de una mayoría soberanista que arrebatase al mismo tiempo espacio político al PNV; ese interés se tradujo en campaña en un discurso de “nuevo estado europeo”, cuya concreción final, sin embargo, ha sido la conjunta de los dirigentes del PNV y CiU, Urkullu y Más.
Si bien se siguen acumulando factores en la crisis territorial, los resultados electorales en Galicia y Euskadi refuerzan evidentemente el frente de la resistencia antineoliberal con la irrupción de Alternativa Galega de Esquerda y de EH Bildu, que recogen los votos por la izquierda de todos los otros partidos y se convierten en elementos imprescindibles para la construcción de alternativas de izquierda más amplias.
Si un Rajoy que gobierna con un programa improvisado que nadie votó puede aplazar ahora, gracias a Feijoo, las la consecuencias internas en el PP de su creciente crisis de legitimidad, lo cierto es que Rubalcaba lo tiene harto más difícil en el PSOE. Después de 9 meses de “oposición responsable”, incapaz de romper con la herencia del giro neoliberal de mayo de 2010 del Gobierno Zapatero, el PSOE de un Rubalcaba convertido en mero capataz de diputados sigue siendo el partido más castigado, con una incontenible hemorragia de votos que, cuando no van a parar a otras fuerzas de izquierda, fluyen derechas al sumidero de una abstención comprensiblemente desencantada de la impotencia de la política. El fantasma de la “pasokizacion"–el desfondamiento de sus bases tradicionales, la esclerotización de sus vasos de capilaridad social, como en Grecia— es real, como lo prueban la pérdida de más de la mitad de su electorado en Galicia y la deserción de un tercio de sus votantes en Euskadi. Las enormes presiones internas, que han obligado a Rubalcaba a barajar contradictoriamente y buen tuntún el naipe de los llamamientos a la “unidad nacional” frente a la crisis económica y territorial con el naipe del apoyo declamatorio a la huelga general del próximo 14 de noviembre, solo pueden acelerar una crisis interna, en la que el PSOE se juega el ser o el estar, o lo que es lo mismo –se ve ya en el PSC—, su supervivencia, no ya como fuerza hegemónica del centroizquierda, sino como pilar principal de la Segunda Restauración.
El Consejo europeo y las meditaciones sobre el rescate
Con todo y con eso: más importantes aún que los resultados electorales autonómicos y las tendencias que éstos dibujan, han sido las conclusiones del Consejo Europeo del pasado viernes 19, que han venido a revisar, y en buena medida a revocar, las del pasado mes de junio. El retraso de la entrada en vigor del mandato de supervisión bancaria del BCE hasta el 2014 aplaza a su vez la posible recapitalización directa de los bancos españoles a través del MEDE. A pesar de que según Rajoy "40.000 millones no son tan importantes" un aumento equivalente al 4% del PIB de la deuda soberana hace trizas su estrategia de negociación desde mayo de este año para el rescate del sector financiero español, torna inverosímiles sus ya increíbles presupuestos para el 2013 y le aboca inevitablemente a un rescate de la deuda soberana española en un escenario enrarecido y con mucha menor capacidad de negociación. Y ello si es posible, y cuando lo sea.
Porque la promesa del presidente del BCE Mario Draghi de intervenir en los mercados secundarios si fuera necesario para salvar al euro –en la que descansado la reducción parcial de la tasa de interés y del diferencial de la deuda soberana española— ha quedado finalmente sujeta a la caprichosa interpretación las circunstancias que la harían aconsejable. La Bundesbank alemana ha podido quedar en minoria, por el moment, en la necesidad de dos de esas intervenciones en el pasado. Pero ahora Draghi y la mayoría del consejo del BCE tienen que calibrar no solo la gravedad coyuntural del estado de salud de la moneda única como consecuencia de los ataques especulativos contra la deuda soberana de un estado miembro, sino también las consecuencias de actuar sin el acuerdo del parlamento alemán y con peligro de los efectos retroactivos de una decisión contraria del Tribunal Constitucional de Karlsruhe. Los matices de análisis se convierten así en dudas tácticas, y esas dudas, en parálisis estratégica.
De modo, pues, que la enérgica oposición de fuerzas significativas del arco parlamentario alemán a financiar con más dinero del contribuyente germano los errores comerciales crediticios de la banca privada de estados miembros como el Reino de España nos vuelve a situar en la primera casilla de este grotesco juego de la oca: el Gobierno Rajoy refinanciará el agujero negro de la banca privada española exclusivamente con el dinero de los contribuyentes españoles. Sin preguntarles previamente y sometiéndoles a las consecuencias sociales cruelmente inéditas de una depresión económica que –avisa el FMI— se prolongará hasta el 2018. Ya puede concluir Rajoy que el Consejo europeo ha dado un pequeño paso en el proceso de construcción europea; pero supone un gran paso hacia el abismo para la deuda soberana y la economía española.
Para tranquilizarnos, el Ministerio de Economía informa de que tiene cubiertas en un 90% sus necesidades de colocación de deuda de 2012 y que la media de la tasa de interés a medio plazo de los bonos españoles está en el 5,5%. No parecen argumentos demasiado convincentes para la banca española, la francesa y el resto de los tenedores de bonos (sin olvidar a las comunidades autónomas que han pedido a su vez el rescate), que exigen cuanto antes que el Gobierno Rajoy solicite el rescate y la intervención del BCE para asegurar en el mercado secundario sus beneficios y alejar cualquier peligro de quita de la deuda (que calcula en definitiva el diferencial con el bono alemán). No ayuda, desde luego, a calmar ese nerviosismo el que Italia haya situado en el mercado el día 18, y por si acaso, bonos a cuatro años por valor de ¡18.000 millones de euros!
Pero el cronograma de Rajoy ya no está en sus manos, sino en las de la canciller Merkel y su ministro de finanzas Schäuble. En plena precampaña electoral alemana. La “urgencia” del rescate ha dado paso a la “virtualidad” del rescate, lo que significa que la aplicación de las medidas de ajuste y recorte procíclicas, eufemísticamente denominadas “reformas”, deben ser capaces de producir en el precio de los bonos los mismos efectos en los mercados que la intervención del BCE…Y si no, mala suerte.
Un presupuesto increíble, una crisis de régimen en marcha
Calificar todo lo anterior de política económica “seria”, o aun atribuirle algún impacto causal previsible, es cosa de todo punto risible. En cualquier caso, nos lleva inevitablemente a la cuestión de los presupuestos de 2013, cuyo debate parlamentario se inicia esta semana. Un proyecto que establece una previsión de caída del PIB cifrada en un -0,5%, cuando el FMI prevé que sea de -1,5%, no merecería mayores esfuerzos analíticos. Ejemplos mayúsculos del empecinamiento en el error de la política de ajuste fiscal: que el déficit público no hace más que crecer y se situará en el 90,5% a finales de año; que ninguna de las administraciones públicas podrá cumplir los objetivos marcados, a pesar de la gravedad de los recortes; que el servicio de la deuda ya es equivalente a todas las partidas ministeriales; que la presión fiscal ha caído en 6 puntos del PIB (con el índice de desigualdad Gini en lo mas alto de la Eurozona); y que, en fin, y por terminar en algún sitio, los ingresos fiscales han caído del 41% al 35% del PIB, muy lejos de la media de la eurozona, haciendo insostenible la financiación del gasto social de nuestro “estado del medioestar”. Sin ejemplo histórico en los anales parlamentarios, todos los grupos van a presentar enmiendas a la totalidad del proyecto.
No es, pues, de extrañar, que las encuestas de opinión apunten, una tras otra, a la falta de apoyo ciudadano a las políticas neoliberales del PP. La del CIS de septiembre y la de Metroscopia de octubre son apabullantes en este sentido. Desde comienzos de septiembre, la cadena de protestas sociales, sectoriales y generales, ha ido in crescendo, para desembocar en la próxima huelga general del 14 de noviembre y en la exigencia de un referéndum sobre las políticas neoliberales del Gobierno Rajoy.
La idea de que vivimos un fin de régimen es fácil de enunciar. Menos lo es sacar las consecuencias políticas del diagnóstico. Un fin de régimen se caracteriza también por esto: los distintos representante políticos, incluso los más mediocres, se ven crecientemente empujados a abandonar rutinas, y a tomar cierta distancia de los intereses que rutinariamente decían representar en tiempos tranquilos. Entre otras cosas, porque esos intereses se hacen superlativamente tornadizos en las condiciones de una crisis económica, social y política vertiginosamente acelerada. El (buen) dirigente político deja entonces de ser un leal y prudente agente fiduciario de esos intereses, y la fuerza misma de las cosas le empuja a pensar en situaciones extremas y en los cambios que esas situaciones provocarán, también en los intereses sociales por él representados. Y hay que decir que en este punto las fuerzas políticas de izquierda llevan retraso: es verdad que empiezan a decir que estamos en un cambio radical de época, pero para, a continuación, insistir hasta la obsesión en problemas mas o menos pequeños y más o menos rutinarios, como si la que está cayendo fuera un accidente más o menos pasajero, y no la peor crisis capitalista mundial desde los años 30, y no el inopinado descarrilamiento a cámara lenta de la Eurozona, y no la más grave crisis constitucional española desde el final de la dictadura franquista, y no la más atroz manifestación de impotencia de la política democrática ante la insolente exhibición de poderes económicos privados de carácter transnacional. Por eso el audaz aldabonazo de Mas en Cataluña tomó por sorpresa a tantos. Porque las derechas patrias –la catalana y la vasca, pero también la española— han empezado a comprender mejor lo que está en juego. Y lo que está en juego, va más allá de la capacidad de Rajoy de retrasar la petición del rescate, las elecciones generales, el debate sobre el modelo territorial, o lo que haga falta, hasta agotar su período gubernamental con un mandato ciudadano desvanecido y una legitimidad disipada. Lo que está en juego es si el Reino de España sobrevivirá a la crisis de la eurozona. Se admiten apuestas.
Antoni Domènech es el editor de SinPermiso. Gustavo Buster y Daniel Raventós son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso.
