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| Cristina Andreu |
La deuda total española es del 400% del PIB, unos 4,3 billones de euros. Del total de la deuda, un 17%, menos de una quinta parte es deuda pública, el resto es privada. Es decir, unos 750.000 millones es deuda pública.
La deuda pública en términos de PIB en España, a fecha abril 2012 y según datos de Eurostat, era del 68,5%. La de Alemania es mas alta, el 81,2% y también la de Francia (85,8%), Austria (72,2%) y Reino Unido (85,7%). Luego no es la deuda pública española lo que genera desconfianza en los mercados financieros ni el principal problema de la economía española.
Entre la deuda privada, la de las familias es algo menor de los 870.000 millones de euros y la de las empresas no financieras es de 1,3 billones, de lo que se deduce que la deuda de los bancos es de unos 1,4 billones. Es decir, la deuda privada empresarial (financiera y no financiera) representa casi cuatro veces la deuda pública. ¿Dónde hay que buscar entonces las responsabilidades?
Respecto a los acreedores, a finales del 2011 del total de la deuda, 1,8 billones estaban financiados por bancos alemanes, franceses, británicos y norteamericanos, y el 40% de esa deuda estaba financiada por bancos españoles, especialmente el Santander y el BBVA. Es evidente que el sector financiero privado actuó irresponsablemente, favoreciendo un endeudamiento excesivo de los bancos y las empresas, ayudando a crear una crisis financiera sin precedentes, sólo porque en ese momento les era rentable. Sin embargo, desde la mayoría de los medios de comunicación, voceros del sistema financiero y político, están presentando al sector público como el causante de las dificultades de financiación. De este modo, justifican el desmantelamiento de la sanidad y la educación públicas y otros servicios públicos, vendiendo la imagen de que son insostenibles. Los acreedores, especialmente bancos extranjeros alemanes y otros, quieren garantizarse el cobro de una deuda privada que, a estas alturas, es claramente impagable. Por eso forzaron en el verano de 2011 una reforma de la Constitución, sin referéndum, que establece que el pago de la deuda tiene prioridad absoluta sobre los servicios a la ciudadanía. además, establece que los créditos que generan dicha deuda no podrán ser objeto de enmienda o modificación. Es decir, trataron de blindarse contra la amenaza de un posible impago de tan voluminosa deuda privada, limitando así la capacidad soberana a negociar una reestructuración de la deuda o incluso su repudio.
La Auditoria de la deuda puede ayudar a decidir soberanamente qué es legítimo pagar y qué no. Permitirá establecer y exigir responsabilidades políticas y judiciales. Ayudará a dirimir si es justo y legítimo que el Estado en 2012 tenga que pagar 28.848 millones sólo en intereses. Será una fuerte medida de presión para evitar que el Gobierno transfiera toda la deuda privada bancaria a deuda pública, como ya sucedió en Argentina en 2001, en Islandia en 2008, en Irlanda en 2010 y en Portugal en 2011. Y nos servirá a los ciudadanos para que no volvamos a dejar en manos de banqueros y políticos profesionales, que ya han demostrado su voracidad e irresponsabilidad, nuestro futuro y el de generaciones que todavía no han nacido.
España tiene muchos problemas, pero la deuda pública no es el principal problema económico. En mi opinión, lo son el déficit (derivado de la caída de ingresos y de la falta de voluntad política de terminar con la infinidad de organismos públicos que alimentan la partitocracia y el modelo territorial), la inmensa desigualdad en la distribución de la riqueza que se está produciendo con el sistema fiscal manifiestamente injusto, el incremento del paro y la eliminación de la clase media trabajadora y un sistema educativo que lleva años igualando a la baja, desde la enseñanza primaria hasta la universidad. Por decir sólo tres. Pero no es la deuda pública.
