Por segunda vez este año sube el precio del gas y la luz, las justificaciones del Ministro de Industria sobre congelación de peajes, subastas en “el mercado” de la energía, etc., suenan a excusas de mal pagador, porque lo cierto es que para la energía, de cualquier tipo, nunca ha existido ni existirá ninguna libertad de mercado, en ningún ámbito, ni español, ni europeo, ni mundial, y todos los precios al consumidor, en todos los países son fruto de decisiones políticas. Siendo estas decisiones dadas por el mayor o menor acierto de los gobiernos en el control de, o complicidad con, los operadores del sector, muchos de ellos multinacionales tan poderosos como los estados.
En la electricidad española se produce una paradoja, mediante el invento por el gobierno Aznar del “déficit de tarifa”, invento que inexplicablemente el gobierno Zapatero no se atrevió a desmontar, las compañía eléctricas declaran, simultáneamente, un déficit de unos 4500 millones anuales de € y unos beneficios para sus accionistas de unos 9000 millones, también anuales.
Simplificando, la tarifa se calcula sobre los costes reales para remunerar las fuentes primarias caras y se aplica el precio “de mercado” a las baratas. Para entendernos la solar o el carbón nacional son caros, luego se priman y generan déficit, déficit que las compañías eléctricas anotan como deuda garantizada que cobrarán en el futuro, mientras que actualmente la nuclear y la hidroeléctrica son muy, pero que muy, baratas, ya que las inversiones están ya amortizadas, y en vez de repercutir en el mix el ahorro derivado, a las compañías se les remuneran a precio final de mercado.
Además se han malinterpretado algunas directrices de la UE y se ha generado un subsector intermediario minorista, absolutamente prescindible, y absolutamente manejado por los grandes operadores, que genera un sobre coste del orden del 10% que se deriva directamente al accionista privado, sin aportar al consumidor final un servicio apreciable, salvo el del cobro de facturas.
Respecto al gas, mientras fue sustancialmente comercio de estado más servicio público, los precios resultaron atractivos y su implantación, tanto para el consumo doméstico como para los grandes consumidores, fue rápida, una vez superada esa fase el mercado ha venido a poner las cosas en su sitio natural, en beneficio de las compañías que operan en régimen de cuasi-monopolio, ni siquiera puede calificarse de oligopolio dado su escaso número y diferencia de tamaños.
Aquí viene bien un ejemplo reciente, de la vecina Francia, donde el gobierno mantiene el 36% de la principal compañía (GDF), el nuevo presidente de gobierno, M. Ayrault, acaba de comunicar que: “ Il n'est pas question d'augmenter le prix du gaz plus que l'inflation", es decir los consumidores franceses «sufrirán» un aumento que será la quinta parte del de los españoles.
