Puede que haya Justicia. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra cinco antiguos directivos de Caixa Galicia y Caixanova, por mejorar presuntamente sus contratos sin comunicarlo al consejo de administración y al Banco de españa. Los ex directivos querellados son Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza, Óscar Rodríguez Estrada y Francisco Javier García de Paredes Moro.
La Fiscalía consideraba que las mejoras de sus contratos de alta dirección podrían ser constitutivos de un delito de administración desleal, que se recoge en el artículo 295 del Código Penal, o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida, recogido en el artículo 252.
En la querella la cantidad mínima que se pide a los exdirectivos, al haberla cobrado indebidamente, son 7,87 millones de euros aportados por el Estado, ya que es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) «el que sostiene económicamente desde 2010 a la entidad crediticia», primero a NovaCaixaGalicia y después a NCG Banco.
Los presuntos delincuentes cobraron en total entre todos, a excepción de Fernández Gayoso que no se detalla, 18,9 millones de euros, de los que deberían devolver los citados 7,87 millones.
El FROB es en la actualidad propietaria de la entidad gallega en un 93 % del capital social después de dos inyecciones económicas, la primera del 11 de mayo de 2011 de 1.162 millones de euros, mediante la suscripción de participaciones preferentes, y la segunda, de 2.662 millones de capital, el 10 de octubre de 2011.
En la querella se recige que Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán Laza, entonces directivos de Caixanova, acordaron mejorar sus contratos ocultándoselo al consejo, para preparar su posible salida de la entidad tras el anuncio de su fusión con Caixa Galicia «en menoscabo del patrimonio de la entidad bancaria que administraban». La Fiscalía cree que tuvieron que contar con la «necesaria cooperación» del entonces presidente de Caixanova, Gayoso. Según dice la querella, los citados directivos abusaron de las funciones de su cargo «en pleno conocimiento de la dificilísima situación por la que atravesaba la entidad crediticia» y dispusieron «fraudulentamente» de bienes de la misma ocultando al Consejo y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, a «una parte de las cuales no tenían derecho».
Según la Fiscalía en contratos firmados el 20 de octubre del 2010, «se altera el concepto de la renta vitalicia total» que iban a cobrar estos altos directivos a su salida de la entidad, que ahora incluiría como retribución fija la parte del salario variable denominada «retribución complementaria por resultados, parte fija».
En el consejo de administración de Novacaixagalicia, entidad resultado de la fusión, celebrado el 1 de diciembre del 2010, Gayoso se limita a comunicar la firma de los contratos con los tres directivos, sin informar sobre la modificación de su contenido y el Consejo acuerda ratificar y subrogar estas retribuciones, pensando que son las antiguas.
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