Como diputado de las primeras legislaturas yo vote, favorablemente, la totalidad de los primeros textos de los Estatutos de Autonomía de todas y cada una de las CCAA. Vote con las ideas claras de donde estaban los límites de lo que aprobaba, y la opinión de los ciudadanos que se pronunciaron sobre aquellos textos, cuando se expresó opinión, coincidió con la mía de forma muy mayoritaria. El límite, en resumen, era el de mantener un proyecto común y absolutamente solidario, acercando los servicios públicos y el poder político a los ciudadanos.
Visto en la distancia que dan los lustros, el proyecto España, basado en la suma de los proyectos para Cataluña, Euskadi y Galicia, y el resto de proyectos (Andalucía, Extremadura, Valencia, etc.) han sido proyectos de éxito, sobre todo si miramos las mejoras que han disfrutado sus ciudadanos, en la práctica totalidad de las áreas que le relacionan con las administración. Eso ha sido así al menos hasta que entrado el siglo XXI se modificaron textos y actitudes políticas, de forma bastante desordenada y sin una idea vertebradora evidente.
Con la disculpa del amejoramiento de los distintos Estatutos se superaron límites que, durante más de 25 años, habían permitido avanzar a todos, manteniendo el equilibrio que permite una buena convivencia común. Hoy, con la disculpa de superar la crisis, se producen casi todos los días propuestas de reforma, eso sí en direcciones opuestas según la posición política de cada proponente.
Pues bien, dejando meridianamente claro que no hay fracaso del Estado Autonómico, sino excesos y errores parciales, producidos sobre todo en los últimos tiempos, quizá sea el momento de abrir reflexión sobre como corregir lo menos, manteniendo lo más. Sin perder la perspectiva que, si se abre reflexión, los ejes sobre los que reflexionar son múltiples, desde el centro hacia la periferia, como reclaman los partidos nacionalistas y regionalistas, pero también en sentido inverso cuando los ciudadanos se sientan peor servidos. Desde la supresión de entes que se muestran poco útiles como las Diputaciones, a la creación de nuevos, como posibles supermunicipios. Desde permitir la entrada de gestión privada en campos públicos de competencia local, autonómica o central hasta restringir al estricto control público, incluida la obligada presencia directa, de la Administración en sectores estratégicos como la energía, el agua o el transporte, al margen del color de quien gobierne, en cada uno de los niveles.
Por cierto hablando de soberanías compartidas, yo como gallego reclamo mi parte de soberanía sobre el aeropuerto del Prat, el puerto de Bilbao y el control de tráfico del Estrecho, todos temas de máximo interés para las actividades de mis vecinos.
