 |
| Isidoro Gracia |
Con un retraso algo menor que el habitual, menos de dos años, el Tribunal de Cuentas del Reino de España ha emitido su informe sobre la prestación de servicios de ayuntamientos españoles de menos de 20.000 habitantes, que son la inmensa mayoría del país. El informe demuestra con datos, más que contundentes aplastantes, que la gestión pública de los servicios esenciales para el ciudadano es más barata, de mayor calidad y mucho más trasparente que la privatizada.
En temas de gran importancia, incluso para la supervivencia y la calidad de vida individual, como: el suministro de agua, la recogida de basura, la limpieza viaria, el alumbrado público y hasta los cementerios, las diferencias de costes por habitante llegan a superar el 70%, diferencia a favor de los beneficios de la empresa privada, es decir que de continuar con la gestión pública se podrían dar algunos servicios básicos de mayor calidad, por algo más de la mitad del precio. La fiebre privatizadora, que afectó a la mayoría de los dirigentes municipales, de todo signo político, tenía como sustento, en el mejor de los casos, la propaganda neoliberal. La experiencia judicial hoy permanentemente en primer plano ha venido a demostrar que la motivación tenía y tienen otros componentes, el de la mera ambición y el de la fácil corruptibilidad.
Por si todo lo anterior no fuera suficiente, hechos recientes demuestran que es tal el nivel de abuso en trabajadores que prestan el servicio y al ciudadano que lo paga, ya que en lo privado el nivel del beneficio buscado es ilimitado, que la conflictividad de lo público que está en manos de la gestión privada es mayor, que en la gestión directa por la correspondiente administración.
Por cierto, como algún día, también algún organismo oficial, espero que sean las corporaciones a través de sus propios funcionarios y munícipes, descubrirá que es tal el grado de incumplimiento de los Pliegos de Condiciones, que hicieron posible las privatizaciones, que es posible recuperar, sin más daño para las arcas públicas, el recate de las concesiones y la rescisión de los contratos a los hoy impenitentes y privados incumplidores. Algunos ayuntamientos, que han realizado el ejercicio de revisar la situación, ya han recuperado para la gestión directa algunos servicios, y, ¡oh sorpresa!, con grandes ahorros.
