La revolución divertida - Ramón González Férriz

Ramón González Férriz

En los años sesenta aparecieron movimientos contraculturales que querían cambiar el mundo. Querían más libertad sexual, el fin del consumismo capitalista y un reencuentro con la naturaleza. Sus proclamas aparecían en la televisión con música pop de fondo, y parecían en verdad el inicio de una revolución. Sin embargo, sucedió algo inesperado: esas formas de vestir y hablar extravagantes, esa música estridente y esa rebeldía vital ilimitada no solo no acabaron con el capitalismo, sino que pasaron a formar parte del sistema y fueron asumidas por la publicidad, las grandes empresas y hasta la propaganda política.

Desde entonces, las revueltas de esa clase se han multiplicado, repitiéndose una y otra vez -en España, por ejemplo, sucedió con la movida madrileña en los ochenta o con los movimientos antiglobalización en los noventa-, pero su destino siempre ha sido el mismo: la disolución de sus propuestas políticas, el triunfo de su estilo y su cultura, y el surgimiento de una figura singular: el rebelde burgués. Por el camino, la revolución pasó de una categoría política a una lúdica, más practicable y atractiva y, por tanto, con muchas menos consecuencias reales.

En mayo de 1968, poco después de las manifestaciones juveniles que habían tenido lugar en París, el primer ministro francés, Georges Pompidou, advirtió que «nuestra civilización está siendo cuestionada. No el gobierno, no las instituciones, ni siquiera Francia, sino la sociedad moderna materialista y carente de alma». Tal vez fuera algo exagerado, pero sin duda los muchachos que ocuparon la universidad y las calles parisinas también lo creían así: les parecía que nuestra civilización, la civilización occidental, estaba esencialmente mal. Por supuesto, no les gustaba el gobierno, ni la regulación de las universidades, ni ver coartada su libertad sexual, pero por encima de todo creían que el capitalismo de posguerra y la cultura burguesa habían acabado con la autonomía de los individuos y sus más íntimas necesidades de expresión. Las autoridades no comprendieron estas reivindicaciones -no debió de ayudar, sin duda, el lenguaje a veces incomprensible, a veces infantil, de los jóvenes-, y las tomaron por una revuelta comunista. En realidad, no era eso: es cierto que muchos manifestantes simpatizaban con el maoísmo y su Revolución Cultural, pero no pretendían dar un golpe de Estado.

Quizá por primera vez en la historia, la revolución no estaba destinada a expulsar violentamente a los poderosos y sustituirlos. Esos jóvenes -a diferencia de los obreros franceses también movilizados en esa época, cuyas reivindicaciones eran clásicamente sindicalistas- carecían de un programa, de unas propuestas legislativas, de un modelo de convivencia para el día después. Aunque de haberlo tenido, poco habría importado: en las elecciones convocadas a toda prisa por el presidente De Gaulle, celebradas la última semana de junio, su partido, la Union pour la Defénse de la République, arrasó y la izquierda se desplomó. Es cierto, sin embargo, que aquellos jóvenes no estaban muy interesados, al menos entonces, en la política de partidos.

O Merkel acepta que no puede imponer austeridad a los ciudadanos de Europa o no habrá euro - Manuel Castells

Manuel Castells

La austeridad no es una necesidad, sino política envuelta en ideología de ordeno y mando. Estaba impuesta por el irresistible Merkozy, becerro de chatarra ante quien se postraron Zapatero y Rajoy. Liquidado Ozy, Merk se aferra a no sé qué y se permite permitirle al presidente electo de Francia poner “un acento” en el intocable tratado de austeridad. La Comisión Europea dice que no cambia nada. El BCE erre que erre. Cameron reafirma la bondad de un tratado que no firmó. Rajoy aprovecha para lograr un plazo de Bruselas para cuadrar presupuesto declarándose a favor de todo sin comprometerse a nada. Mientras interviene la Bankia de sus rivales Rato y Aguirre desvelando fisuras de un sistema bancario en situación dudosa pese a las continuas (in)seguridades que asevera el inefable gobernador del Banco de Espada. Menos mal que tenemos un Tribunal Supremo por encima de toda sospecha.

Se afanan políticos, expertos y medios en calmar temores sobre la euro-zona (que se lo cuenten a las bolsas mundiales) sosteniendo que Alemania y Francia se tendrán que entender porque sólo siendo razonables se mantiene el sistema, sin rupturas traumáticas. Se adelanta la cumbre europea para inventar el crecimiento austero. Que todo cambie para que todo siga igual. Pero hay un pequeño olvido en ese esquema de realpolitik: los ciudadanos europeos. Mientras los políticos usan su descontento para desmontarse los unos a los otros, los franceses propulsan a un socialista a la presidencia por primera vez en 24 años, con apoyo indispensable de la izquierda, mientras Le Pen liquida a Sarkozy para proyectarse en un gobierno de extrema derecha; los holandeses se aprestan a nuevas elecciones porque los xenófobos quieren más poder; Merkel apenas tiene un 38% de apoyo electoral, mientras piratas y verdes descabalgan coaliciones de centroderecha en los parlamentos regionales; los conservadores pierden las municipales en el Reino (des)Unido (por lo de Escocia); las municipales parciales en Italia hunden a las mesnadas berlusconianas y norteligadas, mientras sube el Partido Democrático, los antimafia conquistan Palermo y las Cinco Estrellas del movimentista Beppe Grillo quintuplican votos y lideran Parma y Génova, entre otras. Antipolítica, dice Monti, honesto y apolítico tecnócrata que confunde la política podrida de La Casta con la nueva política ciudadana. Los ciudadanos emiten su veredicto, a menudo contradictorio, una vez vivido el contenido de la austeridad.

En España, con elecciones recientes, el Gobierno pierde popularidad por momentos y si el PSOE apenas remonta es porque la gente recuerda que fue él quien constitucionalizó la austeridad al dictado de Merkel. Es evidente que, según formas propias a cada país, los ciudadanos han tomado la palabra, a veces apoyando a la izquierda, otras a la extrema derecha, en algunos casos reivindicando nuevas formas de política y cada vez más expresándose en la red, en calles y plazas porque el corsé de la democracia condicionada ya no se aguanta. En unos días ha cambiado el clima político en Europa y la inevitable austeridad se ha convertido en una palabrota que hay que diluir en un mejunje pro crecimiento que nadie entiende porque sin inversión no hay crecimiento y, para que haya inversión, tiene que haber demanda previa que sólo puede generar el gasto público (de dónde sale es cuestión de otro artículo, lo prometo). De nuevo se plantea la cuestión de quién sirve a quién: ¿el euro a Europa o Europa al euro? Y es probable que la respuesta a esta pregunta se esté fraguando en el eslabón débil de la fragilizada UE: Grecia.

En Grecia, el 66% de los ciudadanos ha dicho no a las políticas de austeridad aceptadas por su gobierno bajo chantaje y amenazas de la Merkel, incluida la sugerencia, retirada ante el escándalo que causó, de nombrar un procónsul germano para fiscalizar el presupuesto griego. Sabemos los datos. Los socialistas del Pasok se han deshonrado aceptando cualquier cosa para seguir en el poder. Los conservadores también han caído en picado, aunque la inicua ley electoral los reflota en escaños, aunque no suficiente para gobernar ni siquiera en contubernio con los socialistas. El segundo partido es ahora Syriza, surgido de los antiguos eurocomunistas aliados con una parte del movimiento y en el que ser anarquista no es un estigma. Su carismático líder,Tsipras, aporta un rostro a una coalición unida en su rechazo a la austeridad, aunque no al euro con condiciones. Los comunistas pata negra siguen donde estaban: en el mausoleo de Lenin. Pero con más votos que esos neonazis de los que todo el mundo habla. ¿Conspiración mediática? ¿Es sólo porque es más escabroso hablar de criminales (muchos de los candidatos nazi son expresos) que reinvidican el holocausto que de un movimiento en busca de nueva política? ¿O es que interesa asimilar en un mismo pelaje siniestro a todos los que se oponen a la austeridad necesaria y a una democracia atada y bien atada? En todo caso, ni siquiera con una alianza con los Griegos Independientes y grupúsculos extremistas pueden llegar al Gobierno. A menos que creen las condiciones para un golpe militar. Improbable, pero no impensable. Queda Izquierda Democrática, más asequible para un pacto fiscal atenuado. Puede aportar los 2 diputados que faltan a la coalición de centroderecha. Y si no, elecciones en cinco semanas. Con Syriza intentando ser primer partido y recibir la prima de escaños que le permitiría gobernar en coalición. Oponiéndose al pacto fiscal. Aunque el chantaje puede dar un gobierno opuesto al sentir profundo de los griegos. El banco Citi evalúa ahora en un 75% la posibilidad de que Grecia salga (la echen) del euro. Si eso sucede, los mercados harán el resto.

O Merkel acepta que no puede imponer austeridad a los ciudadanos de Europa o no habrá euro. Afortunadamente, le quedan sólo unos meses de vida política. Pero puede morir matando. Se acabó la austeridad en la mente de los ciudadanos. El resto es cuestión de tiempo. Y de sufrimiento inútil.

Publicado en La Vanguardia 16/92011

Cataluña, opciones - Isidoro Gracia Plaza

Un número importante de españoles nacidos o residentes en Cataluña se ha manifestado a favor de cambiar su situación de ciudadanos, llegando muchos de ellos a plantear un estado catalán fuera del estado español. Dejando aparte que los términos en que se ha planteado el tema contradicen no solo la legalidad española sino la de la UE, desde mi perspectiva de ciudadano que, como otros muchos creemos que las banderas, escudos, signos y demás simbología son respetables, si sirven para unir voluntades y forjar convivencia, y absolutamente prescindible si se utilizan para la división y el enfrentamiento,  y desde el respeto a la identidad, siempre subjetiva, de los que no piensan igual, quiero manifestar que mi voluntad es oponerme a lo que considero un grave error, que perjudicaría a los catalanes, al resto de españoles y al conjunto de los ciudadanos europeos.

Manifiesto mi oposición al menos con el mismo derecho que los proponentes, lo hago desde la seguridad que mi posición viene mejor avalada por la historia conocida, y que mis intereses y los de mis vecinos más próximos serán mejor defendidos, en el  presente y en el futuro, cuanto mayor sea el grado de unidad e integración. Anuncio que haré valer mis derechos democráticos, tan democráticos al menos como los de aquellos a los que me opongo, a tomar parte en las decisiones que afecten a Cataluña, si estas tienen repercusión en los proyectos comunes, como los de una España y una Europa solidarias, y que apoyaré llegar siempre un paso legal más allá que el que propongan los independentistas.

Es decir, planteo mi opción integradora frente a la desintegradora, en igualdad de derechos democráticos, frente a una voluntad, que considero minoritaria, basada en la exigencia de privilegios porqué se es más rico y en consecuencia hay que aportar más, una voluntad, que estoy seguro, es mayoritaria en cuanto a exigencia de los compromisos adquiridos, voluntariamente, desde la legalidad.

El actual marco democrático establece  que: “….reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas” (atr.2 de la Constitución) y también: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.(art. 155.1)

Con lo cual la posible opción del Gobierno del Estado solo será fruto de su voluntad política. Además, así el Senado concretará esa utilidad que algunos cuestionan.

Pero que quede claro lo que es argumento principal, la opción de los que manifestaron una voluntad separatista choca con otra voluntad, tan firme o más, de los que no queremos que se vayan y somos muy mayoritarios. Y en democracia la voluntad mayoritaria es decisiva.

O benestar depende agora do crecemento - José Luis Gómez

José Luis Gómez

O Tribunal Constitucional de Alemaña deu luz verde á participación do seu país no Mecanismo Europeo de Estabilidade (MEDE). A eurozona parece, ao fin, decidirse por evitar tantas diferenzas nos tipos de interese que pagan os seus estados membros por colocar a súa débeda pública, coa consecuente repercusión na economía privada. Para España trátase dunha corrección imprescindible, xa que entre os gastos da débeda e a cobertura do desemprego consome practicamente o que recada por IVE, o cal impide facer apostas investidoras que contribúan a dinamizar o investimento, o crecemento e o emprego. Se se cumpren os bos propósitos de Angela Merkel e Mario Draghi, que dan feito que non haberá marcha atrás no euro e apoian as reformas do Goberno de Rajoy, España poderá saír adiante. Con axuda europea, obviamente. E con rescate.

De momento, os mercados están reaccionando de xeito favorable, por iso é polo que a prima de risco rebaixouse considerablemente, aínda que con marxe para seguir caendo. Cal é a clave? En principio, todo pasa pola compra de bonos por parte do Banco Central Europeo, a cambio de pedir antes un rescate con condicións estritas. Dito doutro xeito, se España fai mellor os deberes e amplía un pouco os sacrificios -máis, aínda?-, o fondo de rescate asumiría novas emisións de débeda de forma limitada e o BCE compraría débeda no mercado secundario, se fixese falta de xeito ilimitado. A verdade é que ten a súa importancia negociar esas estritas condicións das que fala Mario Draghi, sen necesidade de aplicalas antes das eleccións galegas, onde Mariano Rajoy xógase media vida, baixo presión do á dereitista do seu partido. Toca, pois, pensar nun segundo rescate, que no fondo non será moi distinto do rescate do sistema bancario. Son tempos de impostos máis altos e salarios máis baixos con moito desemprego, polo menos durante uns anos. Xa veremos cantos, pero é evidente que o horizonte da crise de 2008 amplíase, poida que ata completar un ciclo de polo menos dez anos. De momento, o único certo é que a diverxencia en tipos de interese da zona euro beneficia a Alemaña e que unha situación así non é propia dunha unión monetaria.

Que se bota de menos? Entre outras cousas, que haxa incentivos fiscais ás empresas, para que estas poidan abrirse paso máis facilmente no exterior, de modo que ese proceso termine por tirar do emprego. A estas alturas, o Goberno debería haber interiorizado que a España se lle aplicou unha austeridade que non deu os resultados previstos. Nin por Madrid nin por Bruxelas.

O esencial non cambiou, aínda que baixe un pouco a prima de risco. Porque o que necesita España é traballar máis a mellores prezos para poder exportar máis, recuperar a economía e, dese modo, aumentar o emprego. A realidade é ben distinta: coa economía en recesión destrúese emprego, dado que a actual política europea conduce a España a unha depreciación interna, que só se eludirá se cambian os criterios restritivos do BCE e da UE. Entre os problemas de fondo da economía española seguen estando os mesmos de sempre, que non convén perder de vista: España debe preparar o seu aparello produtivo para exportar; debe arranxar as súas contas públicas; debe reducir o seu desmesurado endebedamento privado, e debe programar incentivos fiscais ás empresas. É nese contexto no que se producen as declaracións do ministro Guindos nas que advirte de que se esgota o diñeiro para servizos sociais.

Obxetividade Informativa - Antonio Campos Romay

Antonio Campos Romay

D. Alfredo Urdaci, o intimo amigo e mentor en ocasións de Doña Leticia Ortiz a outrora locutora ansiosa, exuberante de apetencias (profesionais)  e experimentada, na súa etapa á fronte dos servizos Informativos de TVE baixo un goberno popular foi universalmente recoñecido como un dilixente manipulador ao servizo do goberno popular. Lacaio eficaz esmerouse agochando protestas e manifestacións contra a Guerra de Iraq, o Prestige ou nos vergonzosos actos relacionados co 11 M. A nota de rectificación trala folga xeral contra o goberno Aznar con aquel inefable Ce Ce Ou Ou referido ao sindicato Comisións Obreiras, son outra perla da súa etapa.

Cando a TVE parecía enfilar un nivel  de imparcialidad e credibilidade, de dignidade , mais próximo á BBC que á televisión ao uso Berlusconi,  “chegou o PP e mandou  parar...”  Primeiro cargándose pola vía do rolo a lexislación prevista para manter esa ecuanimidad alfombrandolle o camiño a un presidente do Ente, Sr. González Echenique que goza no seu currículo ser asesor do imputado exvicepresidente do Goberno Sr. Rato. O seu nomeamento estrela o Sr.Somoano, novo director dos Servizos Informativos de TVE, foi director e presentador do Telexornal 1 de Telemadrid. Quizais o seu maior aval profesional é a súa meritoria carreira como destacado “axitprop” do equipo de propaganda do PP de Aguirre. Así o define Angel García, membro do comité de empresa de Telemadrid. Unhas voces que non só subliñan a súa actitude servil cos homes fortes de tal formación política  senón que o cualifican como "unha persoa ao servizo da familia Aznar", especialmente vencellado a Sra. Botella  É unha idea común que "Somoano chegou a Telemadrid cando a Sra. Aguirre necesitaba implantar a súa ideoloxía na cadea. Agora, repetirá a misión en TVE". A xornalista Teresa García, presidenta do Comité de Telemadrid, refírese á nova responsabilidade politica do Sr. Somoano en TVE como unha noticia "moi triste para a democracia":

O diario británico ‘The Guardian’ fíxose eco dos ceses na RTVE nun artigo titulado: “O Goberno, acusado de purgas na televisión e a radio nacional”, no que afirma que o Executivo de Rajoy parece decidido a “non tolerar ningunha crítica sobre os recortes do gasto público” ou  de calquera area da súa actuación.

Onte, entre un millón e medio ou dous de cidadáns e cidadás, familias enteiras, mocidade e xente moi maior ocuparon máis de tres quilómetros de rúas da cidade condal portando senyeras e “esteladas”. Eran, pacíficamente e sen violencias a  poderosa voz dunha nación sen estado na procura do mesmo poñendo en evidencia unha situación a duras penas evitada ou agochada con diversas ambigüedades durante os derradeiros anos. Eran tamen o produto  da maquina de facer independistas manexada desde amplos sectores do PP  e daqueles que son os seus incondicionales máis aló da tenue fronteira que limita á súa dereita extrema e aparentan monopolizar máis dunha decisión crave.

O Sr. Rajoy a véspera, con notoria torpeza falaba de lea e algarabía.  Nada novo que sea alleo a outros estólidos personaxes  que polo sua miopía  fixeron historia. Cando un garda espertou na mañá do 14 de xullo a un bobalicon Luís XVI no seu palacio de Versalles informándolle que miles de cidadáns tomaran a Bastila nun Paris convulso, aquel mentecato  balbuceo: “é unha revolta?”….Non Sire, é unha revolución” contestou o mensaxeiro, o duque de Liancourt.

Tralo  levantamiento da nobreza de Lisboa, o Conde Duque de Olivares facendo de tripas corazón nunha noite de 1640 houbo de comunicar ao disoluto e irresponsable rei da Casa de Austria Felipe IV a noticia. A súa alocución foi entrar no aposento onde estaba aquela escoira coroada e dicirlle «¡Vosa Maxestade! tráiovos grandes noticias! ¡O duque de Braganza volveuse tolo e proclamouse rei de Portugal!»

Tales criterios parecen inspirar ao lacaio destacado como capataz servil nos reais sitio televisivos. E con eles relegar con estulticia de avestruz, a noticia de maior calibre da xornada a un quinto e fugaz lugar ou desdeñar calquera comunicación en directo en “TV 24” horas ao longo do día. Namentras abría informativos na BBC, na RAI na TVF etc.

A doutrina Urdaci en estado puro. Un tema cuxa dimensión politica vai marcar moi seriamente os proximos tempos non se salva burlando de xeito groseiro o dereito á información dos contribuintes que financian o medio.

O Sr Somoano debese dimitir. Non por manipulador. Que o é. Non por lacayo do PP. Que o é. Por estupido siinxelamente.

La importancia del proyecto político - Josep Ramoneda

Josep Ramoneda

Rescate español, rescates autonómicos, descontrol económico, Gobierno desbordado por la realidad, según su propio presidente, potenciales mayorías soberanistas en el País Vasco y en Cataluña. Sobre una textura de crisis se está construyendo un gran embrollo político. ¿Cómo se explica en este contexto la expansión del independentismo en Cataluña? El éxito del independentismo es que es un proyecto político en un momento en que estos van escasos. El independentismo ofrece algo que hoy nadie da: la construcción de un futuro distinto. Mientras la austeridad encierra a la ciudadanía en una habitación sin vistas, hundiendo cada vez más sus recursos y sus esperanzas, la independencia ofrece la expectativa de una ilusión política. Mientras los Gobiernos se empeñan en despolitizar la salida de la crisis con una respuesta tecnocrática (y hasta ahora perfectamente inútil) basada en que “no hay alternativa” y en que “es lo que hay que hacer”, la independencia tiene el atractivo de un proyecto en positivo y desvergonzado. ¿Cómo se puede hacer compatible el rescate de Cataluña y el discurso independentista?

El rescate —pedido por la Generalitat— supondrá, sin ninguna duda, una restricción de la autonomía, un control estricto de la política económica catalana por parte del Gobierno central. Nadie da sin algo a cambio. Y nunca el que da reconoce que está en deuda. Al revés, convierte en deudor al que recibe, es decir, le somete. La afirmación del Gobierno catalán de que no aceptará condiciones políticas es un brindis al sol. Como lo fueron las afirmaciones de Rajoy de que España tendría un rescate europeo sin condiciones. Las condiciones llegaron incluso antes que el rescate. ¿Por qué el Gobierno catalán puede hacer compatible este fracaso con la bandera del soberanismo y no dejar jirones de su piel en el empeño? ¿Por qué no se le recuerda que la austeridad —de la que él se ha presentado como campeón— no ha hecho más que aumentar la deuda y el malestar? Sencillamente, porque en el camino hay algo que suena a proyecto político. CiU ha sido siempre maestra en el juego de convertir sus fracasos en oportunidades patrióticas.

Pero en las circunstancias actuales ya no bastaría. La contradicción rescate-soberanismo es superable porque en Cataluña la independencia es la única propuesta política al alza y porque los que están por ella ven en Artur Mas la pieza clave del proceso. O él da el paso o no lo da nadie. No será fácil para el presidente encontrar la salida a una situación en la que hay poco espacio para el término medio: entre la gloria y el ridículo, la distancia es muy escasa. El proyecto de la independencia está ahí, pero faltan el plan y el trabajo previo, con lo cual el riesgo de descarrilar es muy alto. En España, la Transición fue un proyecto político compartido, condicionado por los miedos del momento, que, como vemos ahora, dejó cuestiones básicas sin resolver. Pero, como escribe Edmund de Waal, “no hay ningún legado que sea una historia sencilla”. También lo fue Europa, la incorporación a la Unión y a su modelo social. Y lo fue incluso el proyecto aznarista, que, al estilo del modelo Bush, combinaba la liberalización económica con posiciones muy reaccionarias en lo cultural y lo social. Con él, la derecha reconquistó la hegemonía ideológica en España.

 El efímero momento zapaterista de la España plural y de los derechos civiles fue el último esbozo de proyecto político: se deshizo como un azucarillo. En Cataluña, desde la confrontación Pujol-Maragall de los ochenta no ha habido un verdadero debate de modelos políticos. Los proyectos políticos han decaído o se han camuflado en la sumisión de la política a los designios de la ortodoxia económica. De modo que se sospecha de una voluntad restauradora del Estado de las autonomías por parte del Gobierno del PP, sin que nunca su líder se haya atrevido a plantearlo como una propuesta con todas las de la ley, y hay indicios para ver en las políticas anticrisis una voluntad de desmantelamiento del Estado de bienestar, sin que las derechas hayan tenido el coraje de convertirlo en un proyecto sin complejos.

Nadie osa explicar abiertamente su idea del futuro de España o de la sociedad que debe salir de la crisis. Derecha e izquierda se escudan en el día a día, para evitar el verdadero debate político. Solo el independentismo ha roto este pacto implícito. Y en Cataluña está de moda. La ciudadanía quiere sentirse partícipe de proyectos que ilusionen y no solo carne de ca ñón de la impotencia de la política frente al dinero.

Artículo publicado en el diario El País el 11 de septiembre de 2012.

Cataluña: ¿independencia o secesión ligera? I - Xavier Casals

Xavier Casals

Una de las primeras entradas de mi blog fue nuestro artículo “Cataluña: ¿La secesión ligera?”, publicado en El noticiero de las ideas, 40 (octubre-diciembre 2009), pp. 32-39. Hoy volvemos a reeditarla porque consideramos válida la tesis que allí sosteníamos y que amplificamos en nuestra obra El oasis catalán (1975-2010): ¿Espejismo o realidad? (2010). En esencia, consideramos que buena parte de la sociedad catalana, más que conocer la independencia, experimenta una “Secesión ligera”, un fenómeno similar al descrito en Italia para explicar la génesis de la Liga Norte.

Como explicamos en la conclusión del texto, el periodista italiano Paolo Rumiz en el 2001 acuñó el término “secesión ligera” para aludir a la protesta que encarnó la Liga Norte liderada por Umberto Bossi en Italia, al abanderar éste un nacionalismo padano (en alusión a sus raíces en el valle del Po). Rumiz la consideró un alejamiento progresivo de Roma –entendida como símbolo de Italia- por parte de los italianos del norte, los “padanos” y la describió en estos términos:

“Levemente, de manera inadvertida, un hombre nuevo ha crecido en el ethnos italiano, y la secesión está antes que nada en su cabeza: es un alejamiento mental de la política, del Estado, de la res publica, incluso hasta de aquel supremo bien común que se llama territorio”.

Desde nuestra óptica, en Cataluña crece un sentimiento ampliamente compartido de “secesión ligera”, que es el que en buena medida alimenta manifestaciones independentistas.
 
Cataluña: ¿La secesión ligera?

En noviembre de 2007 el presidente de la Generalitat José Montilla afirmó que en Cataluña había “cabreo, recelo y pesimismo”, y que si no mejoraban las inversiones del gobierno central en infraestructuras ni cesaba la incertidumbre en torno al Estatuto creada por los recursos presentados en el Tribunal Constitucional por el Partido Popular [PP], se debían valorar “graves consecuencias a medio y largo plazo de una desafección emocional de Cataluña hacia España y hacia las instituciones comunes”. El aviso era claro: muchos catalanes podían empezar a dejar de sentirse españoles. ¿Hasta qué punto es una realidad la desafección a la que aludió Montilla hace dos años?

Es difícil demostrarlo más allá de lo que refleja la demoscopia, que parece refrendarla. Así, en el último barómetro del Centro d’Estudis d’Opinió [CEO] de la Generalitat (publicado en junio de 2009) un 62% de encuestados consideraba que el nivel de autonomía de Cataluña era insuficiente. Este porcentaje es muy superior al 45% de la muestra que se identificaba como “únicamente catalán” o “más catalán que español”. De este modo, entre los insatisfechos por las limitaciones del autogobierno figuraba un 17% que se definía como “español” o “más español que catalán”. Este hecho se explicaría porque la autonomía habría dejado de asociarse cada vez más en Cataluña a emociones para hacerlo a razones, entendiendo como tales las infraestructuras, la sanidad o la educación. Asimismo, el barómetro apuntaba que para un l9% de encuestados Cataluña debería ser independiente y para un 32% un Estado dentro de una España federal. Los sondeos, pues, constatan que la desafección catalana hacia España no es una entelequia, aunque sea complejo calibrar su magnitud.

Pero la demoscopia indica igualmente que la sociedad catalana también manifiesta una desafección hacia su propia clase política, cuya valoración se halla en caída libre. Un “Índice de satisfacción política” acuñado por el CEO lo ha puesto de relieve de forma contundente: si en julio de 2008 su valor negativo alcanzaba –1.91, en junio de 2009 cayó hasta su récord: –2.59. Esta realidad se reflejó ya en la abstención del 51% del electorado en el referéndum del Estatuto de 2006 y un porcentaje del 5% de voto en blanco, conducta que se repitió en los comicios autonómicos de aquel mismo año, con un 44% de abstención y un 2% de voto en blanco. Ello indica que para gran parte de los catalanes las elecciones de su parlamento son de segundo nivel en relación a las legislativas o generales. ¿Por qué la desafección de los catalanes se manifiesta tanto hacia el resto de España como hacia su clase política?

Un sistema político en caída libre

La respuesta, a nuestro juicio, radica en que en Cataluña se desarrollan dos procesos simultáneos e inseparables desde hace poco más de un lustro: uno es la percepción extendida de un fracaso del encaje catalán en España y el otro el hundimiento progresivo de su sistema político actual. Ambos son indisociables de la constitución del gobierno tripartito de la Generalitat en el 2003, presidido por Pasqual Maragall y formado por la coalición del Partit dels Socialistes de Catalunya [PSC-PSOE], Iniciativa per Catalunya Verds [IVC] y Esquerra Republicana de Catalunya [ERC], reeditado en el 2006 bajo la presidencia de Montilla. Consideramos que en esta etapa (2003-2009) se cerró de modo definitivo la Transición iniciada en 1975 (significativamente abandonaron la política activa sus dos líderes históricos, Jordi Pujol y el propio Maragall) y con la elaboración del nuevo Estatuto se inició otra, en el marco de la cual tres grandes factores explicarían la desafección de los catalanes hacia su establishment político.

En primer lugar, porque seis años después de haberse producido una alternancia gobierno de la Generalitat cada vez más ciudadanos percibirían la existencia de un fenómeno que en Italia se ha denominado “lotización” –lottizzazione- de la administración. Nos referimos a la existencia de un celoso reparto de parcelas de poder entre coaliciones: Convergencia i Unió [CiU] primero y el ejecutivo tripartito después. Este desgaste general de los partidos, además, estuvo jalonado por dos hitos. Uno fue la crisis de El Carmel: en enero de 2005 un socavón creado por perforaciones de un túnel de metro en este barrio barcelonés obligó a demoler dos bloques de pisos. El desastre provocó acusaciones cruzadas de responsabilidad entre el gobierno y la oposición, incluso el presidente Maragall denunció en el Parlamento que CiU cobró comisiones por las obras públicas, aunque pronto retiró tal acusación. La pésima gestión del desaguisado por parte del ejecutivo tripartito desató una oleada de indignación popular y cuando Maragall comparó lo ocurrido con la tragedia del Prestige en Galicia por su magnitud, no anduvo desencaminado: el hundimiento de El Carmel fue un chapapote que enlodó a los políticos catalanes. El otro hito que marcó el descrédito de los partidos fueron sus rivalidades constantes durante la elaboración del Estatuto, al actuar guiados por el tacticismo y rivalizar en su afán de acaparar protagonismo público, mientras el PP no recogió rédito por su oposición al Estatuto.

En segundo lugar, porque el gobierno tripartito ha supuesto el fin de la Cataluña políticamente bipolar de las décadas precedentes. De este modo, el ejecutivo catalán desde el 2003 no ha contado con contrapeso político alguno: controla la Generalitat; todos los consistorios que son capitales provinciales; tres de las cuatro diputaciones; y aparentemente dispone de un gobierno “amigo” en Madrid. En este panorama no existen contrapesos a la hegemonía del bloque tripartito. Si antaño, ante un Pujol que gozaba de mayoría absoluta el PSC podía reclamar colaboración a un gobierno central del PSOE, ahora ninguna fuerza de la oposición al gobierno de la Generalitat puede recurrir a tal apoyo. Ante tal situación, han sido inoperantes los buenos resultados electorales de CiU (pese a perder votos) y se ha dado la paradoja de que el PSC ha perdido sufragios en los comicios catalanes de 2006 y en los locales de 2007 sin que disminuyan sus parcelas de poder. Así las cosas, la competencia política en Cataluña resulta cada vez menos atractiva para su electorado.

En tercer lugar, porque han advertido nuevos actores políticos que quieren romper el monopolio de los partidos dominantes. Lo representan gráficamente Ciutadans [C’s] en el ámbito autonómico y la islamófoba Plataforma per Catalunya [PxC] y las independentistas Candidatures d’Unitat Popular [CUP] en el local. Estas tres formaciones comparten dos banderas: la protesta contra el establishment político (reclamando una mayor participación de electorado y una democracia más representativa) y la defensa de una identidad amenazada, sea ésta española (como en el caso de C’s), catalana (las CUP) o “autóctona” frente a la inmigración (la PxC).

De manera paralela han ganado peso vías de participación “antipolíticas”, que van más allá de la abstención creciente y a la alza del voto en blanco, al generarse un fenómeno que ha pasado desapercibido para los politólogos pese a su importancia: la expansión de plataformas de protesta vecinales y ecologistas que cuestionan decisiones institucionales -como la construcción de vertederos- y que han sido designadas popularmente como expresiones de una “cultura del no”, versión catalana de la expresión inglesa not in my backyard (“no en mi patio trasero”). En resumen, la desaparición de los mecanismos que han caracterizado a la política catalana durante tres décadas y el desgaste de los partidos tradicionales son las claves de la desafección de los catalanes hacia sus políticos, que se manifiesta tanto en la abstención como en la irrupción de nuevas formaciones y plataformas de protesta. Todo ello hace pensar que el actual sistema político catalán experimenta un proceso de cambio profundo.

Hecha esta sucinta y esquemática exposición sobre la desafección de los catalanes hacia sus políticos quedan por dilucidar las causas de su desafección hacia el resto de España enunciada por Montilla. De nuevo, las respuestas a esta cuestión son indisociables de la constitución del gobierno tripartito de la Generalitat en el 2003, pues a partir de entonces Cataluña marcó las dinámicas políticas españolas por razones diversas.

Razones de un distanciamiento

Si procedemos a enumerarlas jerárquicamente, en primer lugar destacarían las consecuencias que en el gobierno de Maragall tuvieron dos actuaciones más que desafortunadas de su vicepresidente y entonces también líder de ERC, Josep-Lluís Carod-Rovira: por una parte, la conmoción política que causó su entrevista con dirigentes de ETA en Francia cuando era presidente en funciones de la Generalitat; por otra parte, su sugerencia posterior de efectuar un boicot catalán a la candidatura de Madrid como sede olímpica. Ambos hechos generaron un formidable movimiento de rechazo en el conjunto de España. En segundo lugar, debe ubicarse la gestación del nuevo Estatuto, que fue percibido como una amenaza a la integridad territorial de España por amplios sectores políticos y sociales y alumbró una gran oposición al mismo y de la que el PP hizo bandera. En tercer y último lugar debe señalarse la frustrante falta de apoyo al texto estatutario del presidente José Luis Rodríguez-Zapatero, tras haberse comprometido públicamente a ser su valedor en noviembre de 2003: “Apoyaré la reforma del estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento”, afirmó en un acto multitudinario. La confluencia de las dinámicas políticas generadas por estos hechos, como veremos a continuación, sentó las bases de la actual desafección catalana.

Empecemos por el primero. El escándalo protagonizado por Carod-Rovira al entrevistarse con líderes de ETA fue objeto de toda suerte de críticas desde el resto de España, de los que hizo de altavoz un PP dolido por su exclusión de la política catalana (las formaciones del tripartito explicitaron su rechazo a pactar con él bajo ningún concepto). Eduardo Zaplana, por ejemplo, enunció que “el Gobierno de Cataluña son tres, pero uno de ellos suma un cuarto, ETA”. La difunta ministra Julia García-Valdecasas manifestó que “de alguna manera el PSOE ha pactado con asesinos que irá con asesinos en la candidatura al Senado” (aludiendo a una lista unitaria PSC-ERC-ICV), palabras que luego rectificó. Asimismo, a las penosas manifestaciones de Carod-Rovira insinuando el boicot a Madrid como sede olímpica, siguió una campaña popular de boicot a los productos catalanes que hizo mella en el conjunto de la sociedad catalana por su amplio eco.

Al añadirse la oposición beligerante del PP y la de amplios sectores sociales y políticos del resto de España al nuevo Estatuto, la estigmatización inicial del gobierno tripartito por sus pretendidos vínculos con ETA evolucionó hacia el anticatalanismo, en la medida que se presentaba a Cataluña como insolidaria y egoísta. Así lo testimonió una campaña de recogida de firmas de los populares contra el Estatuto, al estar abanderada con una pregunta que soslayaba la gran desigualdad (entre otras existentes) que supone el concierto económico vasco y navarro: “¿Considera conveniente que España siga siendo una única Nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos, obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?” Asimismo, Mariano Rajoy difundió el mensaje de que el gobierno central era rehén de un proyecto del ejecutivo catalán para acabar con España: “Asistimos ya a un plan muy elaborado para el desmantelamiento del Estado según las directrices que imponen algunas minorías nacionalistas y muy particularmente el gobierno tripartito de Cataluña”.

En este contexto, emergió un anticatalanismo belicoso del que los locutores estelares de la cadena propiedad del obispado español –la COPE- fueron sus voceros emblemáticos. Si César Vidal calificó al ejecutivo catalán como “nacionalsocialista”, Federico Jiménez Losantos hizo comentarios como éste: “el Gobierno español sólo habla con terroristas, homosexuales o catalanes. A ver cuando se decide a hablar con gente normal”. Este clima de opinión lo reflejó igualmente el fallecido presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales [CEOE], José Mª Cuevas, al definir una OPA de la empresa Gas Natural –radicada en Barcelona- sobre Endesa como hecha “muy a la catalana; es decir, muy barata y con el Boletín Oficial a favor”.

Finalmente, el nuevo Estatuto catalán se concluyó y aprobó de modo desangelado: Rodríguez Zapatero hizo gala de un pragmatismo maniobrero al pactar sus flecos con el líder convergente Artur Mas y no con el presidente Maragall, en un acuerdo que no evitó recortes del texto en el Congreso. A ello siguió un referéndum deslucido, con una campaña pidiendo el voto en contra para el texto de ERC y el PP, que formuló recursos contra numerosos artículos del mismo ante el Tribunal Constitucional.

Sin embargó, erraríamos el diagnóstico sobre la desafección catalana si viéramos aquí su principio y fin. Ciertamente, ésta nació en el proceso descrito, pero cuajó con el esperpéntico espectáculo que siguió a la aprobación del texto estatutario.

Cataluña: ¿independencia o secesión ligera? II - Xavier Casals

Unos españoles más iguales que otros

Los catalanes, que habían visto cómo su Estatuto era denunciado por el PP y otros sectores políticos como una amenaza a la unidad de la patria, asistieron atónitos a una verdadera carrera por plagiarlo en distintas Comunidades. El entonces presidente balear del PP, Jaume Matas, justificó tal maniobra señalando que el camino político seguido por Cataluña provocó que “los demás [dirigentes autonómicos] nos viéramos obligados, por razones de supervivencia [sic] y de intereses amenazados, a emprender nuestras reformas autonómicas”. En definitiva, tras recibir bofetadas los catalanes por egoístas y insolidarios, había barra libre para que todas las Comunidades pudieran pedir las mismas competencias sin ser estigmatizadas por ello.

El historiador Fernando García de Cortázar describió gráficamente la situación creada: “Abierta la puerta a la demanda catalana de mayor autogobierno, fueron excepción las autonomías españolas que no se empeñaron en exigir un nuevo y flamante estatuto en una carrera de fondo en la que todos competían entre sí y contra el Estado por ampliar transferencias y diseñar modelos de financiación siempre favorables a sus respectivas regiones sin tener en cuenta el interés general”. Eso, sin duda, fue lo que más irritó a la sociedad catalana, que –además- vio cómo el PP consideró inconstitucionales 60 artículos de su Estatuto que eran adoptados –o, mejor, plagiados- en el que elaboró el parlamento de Andalucía sin que los populares los denunciaran. Así, si para el PP era intolerable que Cataluña se definiera como una “nación”, no tuvo inconveniente alguno en que Andalucía lo hiciera como una “realidad nacional”.

La aprobación del nuevo sistema de financiación para las Comunidades siguiendo el desarrollo del Estatuto de Cataluña volvió a crear una situación simular a la descrita, pues las autonomías beneficiadas por el reparto establecido pero críticas con sus criterios –percibidos otra vez como insolidarios- acabaron asumiendo el presupuesto adjudicado con la boca pequeña. Lo más llamativo fue que los debeladores del sistema obviaron también en este caso el desequilibrio que genera la financiación vasca: si un catalán recibirá ahora 2.239 euros (aparente motivo de escándalo), un vasco tendrá asignados 5.255. Sin embargo, tan monumental incongruencia sigue siendo un verdadero tabú político y, que sepamos, hasta el presente sólo la líder de Unión, Progreso y Democracia [UpyD], Rosa Díez, ha abogado públicamente por eliminar el cupo vasco y navarro. ¿Dónde está, pues, la tan cacareada igualdad de derechos entre españoles?

Ateniéndonos a lo expuesto, la desafección catalana no parece muy difícil de comprender y, en cambio, consideramos que no será fácil de subsanar. La dificultad para cambiar esta situación radica precisamente en que –pese a las apariencias- ésta última no se define tanto por la dialéctica catalanismo/anticatalanismo, sino por otra de mayor calado que ha permanecido latente durante treinta años: la incapacidad para definir la naturaleza del Estado de las autonomías.

La segunda Transición

En este aspecto, el proceso de reforma estatutaria que inició el gobierno tripartito de Maragall y cuyo desarrollo ha promovido el de Montilla ha puesto sobre la mesa su carácter federal y asimétrico, lo que ha incomodado a una clase política variopinta que ha mantenido sobre el papel la existencia de una igualdad entre ciudadanos que -digámoslo claro- no existe.

No es real en términos lingüísticos por razones de todos conocidas. Tampoco lo es en términos económicos, pues al margen del cupo vasco y navarro, existen regímenes fiscales excepcionales en Ceuta, Melilla o las islas Canarias. Es igualmente inexistente en términos de prestaciones recibidas por sus ciudadanos, como –por ejemplo- testimonian la existencia del Plan de Empleo Rural en Andalucía y Extremadura. Es más, ni siquiera lo es en términos constitucionales, como explicitó un defensor tan exaltado de la unidad española como Manuel Fraga en el año 2005. Y lo hizo en estos diáfanos términos: “La Constitución reconoce hasta cinco tipo de estatutos: los de comunidades con derechos históricos (País Vasco y Navarra); comunidades con estatuto en los años treinta (las nacionalidades históricas, como Galicia); comunidades de régimen común, aunque Andalucía logró una fórmula especial; comunidades que son ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) y, finalmente, hay una machada [sic] en las transitorias constitucionales, que permite un referendo para incorporar a los navarros al País Vasco, cuando aquéllos no quieren ni oír hablar del tema”. Añadamos por nuestra parte que la Constitución prohíbe de modo explícito una eventual federación de Cataluña con las Comunidades de Baleares y Valencia en su artículo 145.

¿Y qué decir del lenguaje oficial ambiguo que impera por doquier para aludir con eufemismos a esta situación? Ahora –según las Comunidades- tenemos “nacionalidades”, “naciones” y “realidades nacionales”, con el mérito de que tales términos aparentemente sinónimos para quien desconozca la realidad española designan realidades distintas. Asimismo, según legislaciones autonómicas, en España hay “lenguas oficiales”, “lenguas propias” y “lenguas históricas”. Uno no puede por menos que admirar la rica creatividad de nuestros políticos, dignos herederos del lema sesentayochista por excelencia: “la imaginación al poder”. De este modo, su retórica ensalza una igualdad que niega la tozuda realidad. En este marco, las dinámicas políticas que han irradiado desde Cataluña han crispado los discursos políticos españoles al poner esta realidad negro sobre blanco, generando el pertinente desconcierto.

No está de más recordar que el catedrático de derecho constitucional Roberto L. Blanco manifestó al respecto que si la Constitución de 1978 no contenía un modelo explícito de desarrollo territorial, los acuerdos autonómicos alcanzados en 1981 y en 1992 habían creando de hecho un Estado federal. Y hacía esta gráfico comentario al respecto: “Pese a tal evidencia, constatable a partir de lecturas que están al alcance casi de cualquiera, seguimos en España debatiendo todavía sobre cuál es la naturaleza de la estructura territorial de nuestro Estado”. Cataluña planteó esta cuestión con el nuevo Estatuto y el propio Maragall ha afirmado que lo hizo con tal intención, pues en marzo de 1999 entregó un documento a Carod-Rovira con esta afirmación: “Nuestra Constitución es de hecho federal. No utilizó este nombre por dos razones: 1) porque en España se asociaba aún en 1978 el término federal al concepto República, siendo así que nuestra Constitución era y es monárquica, y 2) porque espantaba el fantasma del cantonalismo y la secesión”.

El resultado del proceso expuesto es que el nuevo Estatuto catalán y el modelo de financiación que ha comportado ha iniciado nolens volens una segunda Transición en España, aunque esta realidad no ha sido asumida por ninguno de los grandes partidos, cuya actuación en este aspecto es una manera como otra de hacer el avestruz: esconder la cabeza bajo tierra e ignorar el tema, capeándolo como se pueda.

¿Hacia una “secesión ligera”?

Ante este panorama, la desafección que impera en Cataluña tiene una solución compleja, porque el proceso convulso que ha seguido el Estatuto y su alambicado desarrollo han supuesto un agotamiento de tendencias y mitos políticos seculares. Y es que en las dos últimas centurias -siguiendo al politólogo Josep Mª Colomer- se han cerrado con el fracaso de todos los proyectos de rediseño de España promovidos desde Cataluña, incluyendo la independencia: “Si en el siglo XIX, Cataluña había sido un Piamonte o una Prusia frustrada, en el XX fue también una Hungría o una Irlanda frustrada. Ninguno de los proyectos catalanes mencionados, nacional, estatal o imperial, intervencionista o separatista, se pudo consolidar”, afirma. A la vez, destaca que Cataluña está obligada a mantener sus vínculos con España porque “es demasiado pequeña para gobernar España, pero demasiado grande para desentenderse de ello”.

Los problemas que rodean a la desafección no acaban aquí, pues en España existe un problema estructural en cuanto a sus idiomas oficiales, ya que la población castellanohablante mayoritaria “parece no ser suficientemente consciente” del plurilingüismo del Estado, según subrayó un informe sobre lenguas minoritarias elaborado por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa de 2008. Resulta sintomático de este hecho que el políglota príncipe Felipe no se haya molestado en dominar todos los idiomas oficiales españoles (catalán, vasco, gallego), indolencia poco justificable en quien no tiene otro trabajo que formarse como futuro Rey. Convendrá el lector que bajo esta realidad no sólo subyace una economía de costes lingüísticos (que la hay), sino una concepción de Estado. Para comprobarlo basta echar una mirada a Bélgica: ¿Sería imaginable allí un soberano que sólo hablara flamenco o francés?

Así las cosas, Cataluña se aleja de España como resultado de la doble desafección expuesta. Por una parte conoce la eclosión de un sistema político propio y cada vez más singular en relación al imperante en España: CiU, ERC e ICV son fuerzas de ámbito catalán; el PSC goza de importante autonomía en relación al PSOE; Ciutadans no se ha unido a UPyD, dando a entender que la “especificidad nacional catalana” que se afana en negar requiere –paradójicamente- una respuesta nacionalista española ceñida a Cataluña. Solo el PP rompe este escenario al constituir una sucursal de su dirección central (que ha cambiado sus líderes según su conveniencia), lo que le ha acarreado una pérdida progresiva de peso político.

¿Hacia dónde se dirige la proa de la Cataluña de la desafección? Desde nuestra perspectiva, su deriva actual puede designarse con el término que acuñó el periodista italiano Paolo Rumiz en el 2001 para aludir a la protesta que encarnó la Liga Norte liderada por Umberto Bossi en Italia, al abanderar éste un nacionalismo padano (en alusión a sus raíces en el valle del Po), pues la calificó como una “secesión ligera” para indicar un alejamiento progresivo de Roma –entendida como símbolo de Italia- por parte de los italianos del norte, los “padanos”. Rumiz ha descrito la “secesión ligera” en estos términos: “Levemente, de manera inadvertida, un hombre nuevo ha crecido en el ethnos italiano, y la secesión está antes que nada en su cabeza: es un alejamiento mental de la política, del Estado, de la res publica, incluso hasta de aquel supremo bien común que se llama territorio”. Desde nuestra óptica, en Cataluña existe un sentimiento “catalanista” ampliamente compartido y que genera una extensa unanimidad social en torno a la desafección o –en términos de Rumiz- al “alejamiento mental de la política, del Estado, de la res publica” que ha caracterizado la “secesión ligera” encarnada por la Liga Norte. En este sentido, nos atreveríamos a apuntar que la mayoría de los catalanes están dejando de sentirse españoles, sin devenir por ello antiespañoles.

A diferencia del País Vasco, en Cataluña no hay violencia política; ni –hasta el momento- abundan grandes manifestaciones callejeras; ni tampoco se tiende a magnas escenificaciones de política gestual. Pero esto no implica que su sociedad sea indiferente al curso político. Llegados a este punto, no está de más recordar que una de las dificultades que tienen los historiadores es explicar de manera satisfactoria cómo entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se pasó de un patriotismo dual –es decir, del amor a la “patria chica” y a España- en Cataluña, el País Vasco y en menor medida en Galicia a profesar sus respectivos nacionalismos. Pues bien, consideramos que el actual estadio de desafección catalán constituye un gradiente en esta evolución.

A nuestro juicio, la presencia del idioma catalán en Internet permite establecer un símil clarificador con la situación analizada. En la red, los internautas catalanohablantes han conseguido obtener el primer dominio que representa a una comunidad lingüística, ya que estos pueden recurrir al “.cat”. Pero para un sector nacionalista esta victoria es sólo un paso más hacia su objetivo final: lograr el dominio “.ct”, que identificaría a Cataluña como un Estado independiente. Haciendo una comparación con estos dominios de Internet, el sentimiento de pertenencia de buena parte de los catalanes hoy estaría transitando del dominio “.es” al “.cat”, pero sin migrar hacia el “.ct”. Dejarían de esta manera de sentirse vinculado a España en términos emocionales (otra cosa es ejercer de ciudadanos españoles con derechos y deberes), aunque sin devenir por ahora separatistas ni anti-españoles. Estos serían los peculiares parámetros de una “secesión ligera” que el paso del tiempo tiende a agravar en lugar de aminorar. Tal situación podría crear en la España del siglo XXI una situación política nueva: que el principal foco de tensión política del Estado se desplazara progresivamente del País Vasco a Cataluña durante la segunda Transición que ha empezado.

Cataluña en Datos - Contraposición

Cataluña (en catalán, Catalunya; en aranés, Catalonha) es una comunidad autónoma española considerada como nacionalidad histórica, situada al nordeste de la Península Ibérica. Ocupa un territorio de unos 32.000 km² que limita al norte con Francia (Mediodía-Pirineos y Languedoc-Rosellón) y Andorra, al este con el mar Mediterráneo a lo largo de una franja marítima de unos 580 kilómetros, al sur con la Comunidad Valenciana (Castellón), y al oeste con Aragón (Huesca, Zaragoza y Teruel). Esta situación estratégica ha favorecido una relación muy intensa con los territorios de la cuenca mediterránea y con la Europa continental. Cataluña está formada por las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. Su capital es la ciudad de Barcelona.

En el territorio catalán habitan actualmente 7.504.881 personas, en un total de 946 municipios, de los que 63 superan los 20.000 habitantes (en los que vive el 70 por ciento de la población catalana). Dos tercios de la población vive en la región metropolitana de Barcelona. Constituye un territorio muy denso y altamente industrializado, liderando económicamente España desde el siglo XIX hasta el año 2009, cuando por primera vez el Instituto Nacional de Estadística del Gobierno español, situó a Cataluña, con un PIB de 210.853,1 millones de euros, tras la Comunidad de Madrid. Respecto al PIB per cápita, se sitúa en cuarta posición, tras el País Vasco, la Comunidad de Madrid y Navarra.

Deuda española: quién debe y cuánto - Cristina Andreu

Cristina Andreu

La deuda total de un país se compone de la deuda pública y de la deuda privada. La primera engloba la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas y del Banco de España. La deuda privada se compone de la deuda de las familias, de la de las entidades financieras y de las empresas no financieras.

La deuda total española es del 400% del PIB, unos 4,3 billones de euros. Del total de la deuda, un 17%, menos de una quinta parte es deuda pública, el resto es privada. Es decir, unos 750.000 millones es deuda pública.

La deuda pública en términos de PIB en España, a fecha abril 2012 y según datos de Eurostat, era del 68,5%. La de Alemania es mas alta, el 81,2% y también la de Francia (85,8%), Austria (72,2%) y Reino Unido (85,7%). Luego no es la deuda pública española lo que genera desconfianza en los mercados financieros ni el principal problema de la economía española.

Entre la deuda privada, la de las familias es algo menor de los 870.000 millones de euros y la de las empresas no financieras es de 1,3 billones, de lo que se deduce que la deuda de los bancos es de unos 1,4 billones. Es decir, la deuda privada empresarial (financiera y no financiera) representa casi cuatro veces la deuda pública. ¿Dónde hay que buscar entonces las responsabilidades?

Respecto a los acreedores, a finales del 2011 del total de la deuda, 1,8 billones estaban financiados por bancos alemanes, franceses, británicos y norteamericanos, y el 40% de esa deuda estaba financiada por bancos españoles, especialmente el Santander y el BBVA. Es evidente que el sector financiero privado actuó irresponsablemente, favoreciendo un endeudamiento excesivo de los bancos y las empresas, ayudando a crear una crisis financiera sin precedentes, sólo porque en ese momento les era rentable. Sin embargo, desde la mayoría de los medios de comunicación, voceros del sistema financiero y político, están presentando al sector público como el causante de las dificultades de financiación. De este modo, justifican el desmantelamiento de la sanidad y la educación públicas y otros servicios públicos, vendiendo la imagen de que son insostenibles. Los acreedores, especialmente bancos extranjeros alemanes y otros, quieren garantizarse el cobro de una deuda privada que, a estas alturas, es claramente impagable. Por eso forzaron en el verano de 2011 una reforma de la Constitución, sin referéndum, que establece que el pago de la deuda tiene prioridad absoluta sobre los servicios a la ciudadanía. además, establece que los créditos que generan dicha deuda no podrán ser objeto de enmienda o modificación. Es decir, trataron de blindarse contra la amenaza de un posible impago de tan voluminosa deuda privada, limitando así la capacidad soberana a negociar una reestructuración de la deuda o incluso su repudio.

La Auditoria de la deuda puede ayudar a decidir soberanamente qué es legítimo pagar y qué no. Permitirá establecer y exigir responsabilidades políticas y judiciales. Ayudará a dirimir si es justo y legítimo que el Estado en 2012 tenga que pagar 28.848 millones sólo en intereses. Será una fuerte medida de presión para evitar que el Gobierno transfiera toda la deuda privada bancaria a deuda pública, como ya sucedió en Argentina en 2001, en Islandia en 2008, en Irlanda en 2010 y en Portugal en 2011. Y nos servirá a los ciudadanos para que no volvamos a dejar en manos de banqueros y políticos profesionales, que ya han demostrado su voracidad e irresponsabilidad, nuestro futuro y el de generaciones que todavía no han nacido.

España tiene muchos problemas, pero la deuda pública no es el principal problema económico. En mi opinión, lo son el déficit (derivado de la caída de ingresos y de la falta de voluntad política de terminar con la infinidad de organismos públicos que alimentan la partitocracia y el modelo territorial), la inmensa desigualdad en la distribución de la riqueza que se está produciendo con el sistema fiscal manifiestamente injusto, el incremento del paro y la eliminación de la clase media trabajadora y un sistema educativo que lleva años igualando a la baja, desde la enseñanza primaria hasta la universidad. Por decir sólo tres. Pero no es la deuda pública.

Redución de gastos e democracia - Xosé A. Gaciño

Xosé A. Gaciño

Baixo o réxime de Franco, os políticos falsamente representativos non cobraban soldo. Non había partidos políticos, claro, nin, por suposto, comunidades autónomas cos seus respectivos parlamentos. A presidenta manchega (e secretaria xeral do Partido Popular), tan preocupada por recortar gastos a costa da democracia, podería profundar no estudo dos mecanismos institucionais da ditadura, para ampliar criterios sobre o aforro aparente nos custos da representatividade.

Baixo o réxime de Franco, concelleiros, procuradores en Cortes ou conselleiros nacionais do Movemento só percibían dietas (nalgúns concellos especialmente desasistidos, nin sequera iso). Tampouco se gastaba moito en campañas electorais. Nos concellos e nas Cortes Españolas, só un terzo dos seus membros eran elixidos (o terzo familiar, que se dicía) e, nesas eleccións, só participaban, como votantes, os cabezas de familia e, como candidatos, persoas afectas a algunhas das poucas “familias” do réxime. O resto de “representantes” procedían dos sindicatos verticais de domesticación obreira (o terzo sindical) e de institucións e entidades de funcións variadas (terzo corporativo), pero coa característica común do nomeamento directo dos seus compoñentes por parte da Xefatura do Estado (é dicir, o ditador).  

Baixo o réxime de Franco, nas Cortes, a inmensa maioría dos “representantes” de figurón da “democracia orgánica” (como se definiu aquel réxime despois de culminar as súas leis fundamentais coa Lei Orgánica do Estado de finais do 1966, en cuxa elaboración participou o entón ministro Manuel Fraga) non necesitaba cobrar soldo porque xa o tiñan, abundante, no cargo previo que lle daba aceso a figurar na farsa parlamentaria.

Coa recuperación da democracia, abriuse paso o criterio de que os políticos debían recibir unha remuneración digna, para que se dedicasen exclusivamente á súa función pública e como xeito de garantir a súa independencia ante presións externas. As prácticas corruptas fan cambalear o criterio, porque as ambicións humanas, soas ou en partidos organizados, parecen non ter límites, pero ninguén pode negar que, nunha democracia, hai máis posibilidades de detectar a corrupción e, sobre todo, hai máis posibilidades de denunciala.

Coa recuperación da democracia, temos vivido tamén un proceso de profesionalización da actividade política e unha transformación progresiva dos partidos en puras maquinarias electorais, nas que o debate ideolóxico foi substituído polas pugnas internas para controlar o aparato. Paralelamente, e como consecuencia dunhas leis electorais preconstitucionais (os retoques feitos despois de aprobada a Constitución non modificaron a súa finalidade inicial), dous grandes partidos dominan a representatividade e impiden, na práctica, as posibilidades de renovar as alternativas partidistas.

En plena desmoralización cidadá ante a incompetencia dos gobernantes (estes e os anteriores, cada un cos seus matices e os seus graos de desprezo aos votantes) para facer fronte á crise causada pola especulación financeira, a ofensiva contra os políticos en xeral ten audiencia. E, dentro da disparatada carreira de austeridade compulsiva, xorden iniciativas como a de Dolores de Cospedal para reducir á metade o seu parlamento autonómico e suprimir os soldos dos parlamentarios, que ven sumarse ás insinuacións previas de Esperanza Aguirre para facer desaparecer as autonomías ou ao intento de Alberto Núñez Feijoo de alixeirarse o Parlamento Galego á medida das súas posibilidades electorais.

Recortes democráticos xustificados pola necesidade de reducir o gasto público, como antes se recortaron dereitos laborais ou servizos sociais pola mesma necesidade. Pero o gasto público segue vivo, e subindo, no Ministerio de Defensa, por exemplo. E sempre está dispoñíbel para cubrir os buratos que se van descubrindo en Bankia, tamén por exemplo.

Coa prioridade posta en salvar a incompetentes banqueiros (algúns deles tamén políticos incompetentes), non resulta estraño que algúns, algunhas, busquen reducir gastos na propia democracia. As ditaduras pode que resulten máis baratas en nóminas parlamentarias (deixando máis diñeiro público para os bancos), pero resultan ruinosas (para o conxunto da cidadanía) en materia de desigualdades e, por suposto, de dereitos humanos. 

Colegios de enseñanza diferenciada por sexos y financiación pública - Francisco Bastida Freijedo

Francisco Bastida Freijedo

El Tribunal Supremo (TS) acaba de dictar dos polémicas sentencias sobre la legalidad de la decisión de algunas comunidades autónomas (CC AA) de no financiar a colegios con una enseñanza diferenciada por sexos (sólo de niños o sólo de niñas). El TS sostiene que no es inconstitucional que haya este tipo de colegios, pero que para acceder a una financiación pública es necesario cumplir con los requisitos que la ley Orgánica de Educación establece, entre ellos, el de que la educación no sea discriminatoria por razón de sexo. El asunto no es nuevo y ya en 2008 el TS juzgó que las CC AA podían poner esta condición, al interpretar que la mejor manera de cumplir este requisito es exigiendo que los colegios que quieran concertarse con el sistema público de educación ofrezcan una educación mixta. A falta de una lectura de estas nuevas sentencias, parece que el TS da un paso más y considera que esa interpretación es la única correcta, ya que, según la cita literal que transcribe la prensa, el alto tribunal afirma que «es obvio, que, previamente, el artículo 84 de la Ley 2/2006 que expresamente se refiere a "la admisión de alumnos" ha excluido de la posibilidad de concertación a los centros de educación diferenciada por sexos, al prohibir [...] la discriminación por sexo».

Si esto es así, mientras no cambie dicha ley, que es de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional, las CC AA sin excepción -incluida la de Madrid- deberán eliminar de sus conciertos educativos a aquellos colegios que no respetan esa condición y supeditar la renovación de los conciertos vigentes al cumplimiento de tal requisito. La cuestión de fondo que se plantea es cómo se puede sostener que la educación diferenciada por sexos es constitucionalmente posible y a la vez afirmar que los colegios que la practican no pueden ser concertados porque su existencia implica una discriminación por sexo. Si hay una educación discriminatoria no caben colegios ni públicos, ni concertados, ni meramente privados con esa característica, ya que lo prohíbe la Constitución y, si no la hay, habrá que justificar de otra manera por qué se niega a tales colegios el acceso a la financiación.

Quizás el TS no ha estado muy afortunado en la argumentación, pero los detractores de sus dos sentencias basan su crítica en una falacia, la equidistancia desde el punto de vista jurídico entre enseñanza mixta y enseñanza segregada por sexos. La Constitución proclama la prohibición de discriminación por razón de sexo y, por tanto, establece una presunción de ilegitimidad, o sea, una fuerte sospecha de que allá donde exista una diferenciación de ese carácter se estará conculcando la Constitución. La enseñanza mixta no precisa de justificación constitucional, ya que parte de la igualdad de sexos, pero la segregada sí, y ha de ser una justificación muy poderosa, que deshaga aquella presunción. El hecho de que la Convención de la Unesco (¡de 1960!) remita a los Estados signatarios la apreciación de si la educación diferenciada es o no discriminatoria, no quiere decir que para la Unesco sea indiferente un sistema educativo u otro. En 1999 un Comité de la ONU aprobó una Observación al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1999, en la que afirma que «en algunas circunstancias» se considerará que el sistema de enseñanza segregada no constituirá violación del Pacto. Por tanto, ni constitucional ni internacionalmente se establece un principio de neutralidad entre enseñanza mixta y enseñanza segregada. Esta última nace bajo la sospecha de ilegitimidad.

Es posible pensar que la enseñanza diferenciada por sexos no tiene por finalidad una educación sexista y que sólo persigue un mejor rendimiento escolar de cada tipo de alumnado. Cuestión bastante dudosa, porque no hay ningún aval científico que justifique la segregación educativa y porque los colegios que optan por este tipo de enseñanza tienen un ideario que comulga con la diferenciación social de roles por sexo. Pero, aun admitiendo en abstracto esa posibilidad, a lo más a lo que se puede llegar es a la aceptación de que la existencia de tales colegios no es en sí misma contraria a la Constitución. Cosa distinta es que sean compatibles con el sistema público de educación (puramente público o concertado).

El objeto de la educación, según el art. 27.2 de la Constitución, es alcanzar «el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales», y parece obvio que como mejor se consigue este objetivo es mediante un sistema educativo que no esté bajo sospecha de inconstitucionalidad, o sea, el mixto. Los colegios privados que deseen acceder a la financiación pública deben concertarse con el sistema público de enseñanza y cumplir sus requisitos. El concierto escolar no es un pacto entre iguales, sino la adhesión a un régimen de condiciones que los poderes públicos estiman que es el mejor para cumplir con aquel objetivo. De acuerdo con el TS, no hay un derecho de los colegios a acceder a los financiación pública, sino a optar a ella en condiciones de igualdad, previo cumplimiento de los requisitos establecidos.

El ministro de Educación ha declarado que piensa cambiar la ley para incluir en los conciertos a los colegios de enseñanza diferenciada, pero es posible que se tope con la inconstitucionalidad de la reforma. Los fondos públicos deben destinarse a optimizar aquel objeto de la educación y cabría entender que la ley infringe la Constitución si pone en un mismo plano a colegios mixtos y a colegios sobre los que pesa la sospecha de inconstitucionalidad por segregación sexual, como sucede con los de enseñanza diferenciada. Una cosa es admitir la constitucionalidad de una excepción al sistema mixto de educación y otra afirmar que no es una excepción, sino un sistema educativo más, irrelevante a la hora de financiar la educación. La ley no puede establecer esa equidistancia sin infringir los arts. 14 y 27 de la Constitución y eso es lo que seguramente quiere decir el TS en sus dos sentencias.

El "problema catalán" / El "problema europeo" - Isidoro Gracia

Isidoro Gracia

Y de pronto, en medio de de la tempestad llamada crisis, de nuevo, al confundido ciudadano de a pie se le plantea la necesidad de afrontar demandas varias que llegan desde un gobierno de una Cataluña, que disfruta de su contrastada mayor capacidad histórica de autogobierno, so pena de irse del proyecto España, si no se atienden de la forma y manera que ese gobierno desea. Coinciden en el tiempo con demandas y altas exigencias que desde gobiernos y organismos con capacidad de mando (que no de autoridad) de lugares diversos de un espacio llamado Unión Europea, que indican que, si no se atienden, convertirán lo que hasta ahora ha sido fuente de solidaridad y apoyo en fuente de subordinación y castigo.

Ortega y Gasset, con motivo del debate del primer Estatuto de Cataluña ya reflexionó sobre el tema y llego a algunas conclusiones interesantes y aún hoy aplicables: reconozcamos que hay de sobra catalanes que, en efecto, quieren vivir aparte de España. Ellos son los que nos presentan el problema; ellos constituyen el llamado problema catalán, del cual yo he dicho que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar. Supongamos, que se concediera a Cataluña absoluta, íntegramente, cuanto los más exacerbados postulan. ¿Habríamos resuelto el problema? En manera alguna; habríamos dejado entonces plenamente satisfecha a Cataluña, pero ipso facto habríamos dejado plenamente, mortalmente insatisfecho al resto del país. El problema renacería de sí mismo, con signo inverso, pero con una cuantía, con una violencia incalculablemente mayor; con una extensión y un impulso tales, que probablemente acabaría llevándose por delante el régimen.

La fórmula de conllevarse, como única solución realista, también es de aplicación como respuesta  a los problemas planteados desde gobiernos, teóricamente socios y amigos, como el alemán, el finlandés o el holandés, empeñados en imponer sus propias fórmulas. Hay que recordar que la historia de Europa ha sido, hasta hace bien poco, la de las guerras de unos europeos contra sus vecinos, con ánimo de convertir a las otras naciones en entes subordinados. De una Europa que pierde el mando en el mundo, que ejerció hasta bien avanzado el siglo XX, por su propia decadencia fruto de esas guerras, de las que la segunda guerra mundial es el ejemplo de donde pueden llegar los excesos de los distintos nacionalismos. El que la imposición se intente mediante el uso de la fuerza militar, o mediante el uso de fórmulas económicas, al final puede quedar en cuestión de matices, por importantes que sean esos matices, dando así pábulo e impulso a la reacción, que se deriva de forma casi natural del nacionalismo francés, austriaco, finlandés, italiano, holandés, sueco, griego, etc., ya expresados en procesos electorales, y, porqué no del español o el alemán hoy más subsumidos en el sistema.

Para que las soluciones propuestas por el mismo Ortega, en su Meditación de Europa,  eviten la decadencia total de Europa en el mundo, es necesario que los hoy más afortunados ciudadanos del norte también conlleven y respeten las soluciones y opiniones de los que hoy somos algo menos afortunados, en el sur del mismo espacio geográfico.

Romney: un candidato penoso - David E. Santos

Mitt Romney

Bajo la parafernalia y las luces de la Convención Republicana, que la semana pasada nombró a Mitt Romney como su candidato oficial para las presidenciales de noviembre, el partido conservador de Estados Unidos mostró su cara más patética.

Una en la que infundir miedo y criticar el presente parece ser más trascendental que ofrecer propuestas.

El encuentro de tres días se planteó como una fiesta de la democracia pero resultó ser una desteñida y vergonzosa radiografía de las águilas que intentan retomar el poder.

Todas las esperanzas estaban puestas fundamentalmente en tres hombres. El candidato Romney, su recién elegido vicepresidente Paul Ryan, y la estrella latina Marco Rubio . Los tres desencantaron con discursos flojos, postizos y símiles refritos, en los que fue imposible encontrar propuestas concretas. Romney, como cabeza visible de la empresa que pretende recuperar la Casa Blanca para los republicanos, fue vago en su intervención, repetitivo en sus acusaciones e incluso postizo en su lenguaje verbal. Un desastre. Parecía que iba a llorar en cualquier momento.

Marco Rubio, hijo de exiliados cubanos, quien en su momento estuvo en el llavero para ser candidato a vicepresidente, dio un discurso llamativo, con algunas frases en español, pero fue incapaz de traer a la mesa el tema de la inmigración ilegal, dolor de cabeza de la comunidad latina que tanto lo admira.

Del trío político fue quizá Ryan el que más entusiasmó al público, solo para pasar vergüenza horas después cuando medios como CNN, el Huffington Post o el mismo Fox News, revelaran mentiras e inconsistencias en su alocución.

Entre otras, se destacó la acusación de que Obama había cerrado una planta de GM en Wisconsin cuando en realidad la empresa había dejado de funcionar desde épocas de George W. Bush. “Fue un ataque deshonesto”, escribió el Washington Post.

Entre lavadas de manos, acusaciones y mentiras, lo que no reconocieron los republicanos es que buena parte de la crisis estadounidense recae en ellos, al interponerse, desde el Congreso, a aprobar propuestas de Obama por el hecho de venir del bando demócrata.

La economía fue y es el eje del interés ciudadano y de las promesas que se hagan al respecto depende qué tan bien le va a un candidato.

Lo que reveló la Convención Republicana es que ese discurso altanero y criticón los aleja cada vez más de la posibilidad de volver al Salón Oval y, por el contrario, facilita la idea de que Barack Obama es un hombre de buenas intenciones pero con un legislativo enemigo.

Romney es un candidato tan malo que es al mismo tiempo su peor adversario.

¿Es saludable decir siempre la verdad? - Beatriz G. Portalatín

"Con la verdad se llega a todas a partes". Con esta frase, seguramente hayamos recorrido parte de nuestra enseñanza más arraigada. Decía Platón que "hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad". Pero además de actos de valentía y franqueza que hemos aprendido desde niños, ¿podría tener consecuencias positivas en nuestra salud?

"Asociar verdad con salud es una relación problemática y compleja", afirma el psicólogo Rubén González, autor del artículo 'El engaño y la mentira en los trastornos psicológicos y sus tratamientos', publicado en la revista Papeles del Psicólogo. Pero esta conexión ha tenido una respuesta afirmativa en un estudio realizado por investigadores de la Universidad americana de Notre Dame y cuyos resultados han sido presentados en la 120ª Convención de la Asociación Americana de Psicología. Uno de los datos más llamativos fue la media de mentiras por semana que verbalizaban los americanos: 11 mentiras.

Durante 10 semanas analizaron las respuestas de 110 personas ante ciertas situaciones. La mitad de ellas fue entrenada para decir menos mentiras. Precisamente, este grupo fue el que, según Anita E. Kelly, profesora de psicología en dicha universidad y autora principal del estudio, "presentó mejoras significativas en su salud". Tales beneficios iban desde menos sentimientos de tensión y melancolía a un menor número de cefaleas y molestias de garganta.

Sin embargo, la mentira ofrece ciertas ventajas en las relaciones sociales. El psicólogo y criminólogo Jaime Gutiérrez, perteneciente al Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, asegura que "mentir es una conducta adaptativa". "Podemos asociar los beneficios con la ansiedad, es decir, con la verdad se disminuye la ansiedad. Pero tampoco podemos afirmar que esto sea mejor o peor para la salud", indica este experto apuntando a que las personas tienen distinto nivel de activación que, traducida en forma de ansiedad, es buena y necesaria.

Fundamentalmente, explica este experto, las personas mienten por tres motivos: para adaptarse a un ambiente hostil, para evitar castigos y para conseguir premios o ganancias sobre los demás. "Por ejemplo, la gente en su curriculum vítae pone un nivel de inglés más alto del que realmente sabe, pero lo hacen para conseguir un premio, un puesto de trabajo en este caso, y esa conducta no tiene porqué ser necesariamente mala", desarrolla.

Decía el médico y psicoterapeuta austríaco Alfred Adler que "la verdad es a menudo un arma de agresión. Es posible morir, e incluso asesinar, con la verdad", por lo que a veces ser honesto no podría resultar tan bueno. "En ocasiones decir la verdad, puede ser contraproducente", asegura Gutiérrez, no obstante, aclara que la sinceridad es buena cuando las consecuencias son positivas para la persona que emite la conducta y para su entorno.

Por su parte, Rubén González también apoya esta afirmación. "Hay que buscar el equilibrio entre lo que es bueno para nosotros y para el que recibe la notica". Además, asegura que algunas veces puede asociarse decir la verdad con signos de inocencia o falta de madurez, por tanto, en ocasiones la mentira puede ser incluso necesaria.

Este experto divide la mentira en mentira 'prudente' e 'imprudente'. La primera es aquella que se dice para adaptarse a la situación, la que es "necesaria" decir en ocasiones para evitar un mal mayor. Pone de ejemplo, una situación peligrosa como estar en una habitación con mucha gente y que haya un incendio. "Puedes mentir y decir a la gente que no está pasando nada y evitar así el caos. El control es necesario en estos casos", detalla.

La segunda es cuando lleva consecuencias peores que dificultan ese equilibrio mencionado anteriormente. Decir la verdad, puede tener consecuencias negativas en el otro. Esto es, hay personas que tienen que decir siempre la verdad, "tener la conciencia tranquila", y esto "no siempre es bueno", puntualiza el psicólogo. "Esta sensación de conciencia tranquila es la creencia de creer que han actuado bien y por ello 'se sienten mejor' físicamente", explica.
 
La honestidad, explica este experto, refuerza el que una relación, sea del tipo que sea, pueda ser mucho más consistente y estable. Pero, "tiene que haber también otras cosas, es un valor que no puede ir separado del resto", matiza.

"La honestidad absoluta en el ser humano no existe, es imposible que un hombre siempre diga la verdad". Ésta, asegura, es un valor que debe ir añadido junto a otros: "De nada vale que una persona sea sincera, si le faltan otros valores".

Como conclusión, los expertos aseguran que no podemos relacionar mentir en contextos cotidianos con una peor salud, pero que es bueno que en la sociedad se eduque desde la honestidad y la franqueza. "Un desarrollo moral adecuado desde la infancia, orientado en la verdad, es positivo", finaliza Gutiérrez.

El Tea Party en EE.UU. (y en España) - Vicenç Navarro

Vicenç Navarro

En las elecciones al Parlament de Catalunya de 2006 en uno de los periódicos más conservadores de Catalunya, La Vanguardia, un columnista próximo ideológicamente a la banca y a la gran patronal, entrevistó al candidato socialista, el Sr. José Montilla, y con gran arrogancia le preguntó como una persona como él (el Sr. Montilla, procedente de una familia obrera, ha sido elegido a cargos políticos en varias ocasiones), que nunca había gestionado una empresa privada, tenía la osadía de presentarse a un cargo como el de presidente del gobierno de la Generalitat de Catalunya, que tiene grandes responsabilidades gestoras. Implícita en esta pregunta estaba el supuesto de que el mejor aprendizaje para gestionar lo público era haber gestionado lo privado (el Sr. Montilla había gestionado instituciones públicas, pero no privadas, durante su vida profesional).

Esta postura está ampliamente generalizada entre los grupos empresariales de cualquier país. Según ellos, la mejor manera de gestionar lo público es inspirándose en cómo lo hace la empresa privada. Esta mentalidad se reproduce también en ocasiones incluso dentro de las izquierdas. El propio gobierno tripartito en Cataluña convocó una Comisión para hacer propuestas de cómo mejorar la gestión del sector público sanitario en el que nombró gran número de grandes empresarios y banqueros para que ayudaran con propuestas a mejorar la gestión pública del empleador más grande de Catalunya, el Servei Català de la Salut.

Esta postura asume también, por lo general, aunque raramente se explicita, que las empresas privadas están mejor gestionadas que las públicas. Este debate está apareciendo también con gran intensidad en las elecciones estadounidenses. El candidato republicano Mitt Romney cuestiona las credenciales del presidente Obama, pues subraya que su inexistente experiencia como gestor de empresas privadas le obstaculiza para gestionar lo público. El candidato Romney es un hombre que se considera exitoso en el mundo de los negocios y se refiere a su larga experiencia empresarial como la mejor garantía de que sabrá cómo gestionar el Estado federal.

El mayor problema de este componente del postulado neoliberal es desconocer que el objetivo de una empresa define ya en sí la metodología de su gestión. Una empresa privada tiene como objetivo principal hacer dinero. Una pregunta que podría hacerse es “dinero, ¿para quién?, ¿para los gestores?, ¿para los accionistas?”. Parece que la evolución de las grandes empresas (sobre todo las financieras) muestra que los que dirigen tales empresas acentúan más los beneficios de los gestores que los de los accionistas. Pero sea quien sea el beneficiario, el hecho es que hacer dinero es el objetivo fundamental de una empresa. A este objetivo está supeditado todo.

El objetivo de una entidad pública, como es la administración pública, no es hacer dinero, sino servir a la ciudadanía, un objetivo muy diferente al de conseguir dinero. Esta distinción es fundamental para entender el tipo de gestión que cada entidad necesita. Un empresario –como el candidato republicano a la Presidencia de EEUU, el Sr. Mitt Romney- puede haber conseguido mucho dinero en la empresa privada (siendo una de las personas más ricas de aquel país), y ello no lo acredita para ser mejor presidente de EEUU que el presidente Obama, que carece de experiencia empresarial privada. En realidad, viendo como Mitt Romney consiguió el dinero, la conclusión opuesta parece ser la más adecuada. El candidato Romney consiguió su dinero especulando en los mercados financieros, arruinando deliberadamente empresas para que se colapsaran, comprándolas a bajo precio (destruyendo miles de puestos de trabajo, en la estrategia conocida como “buitre empresarial”) y evitando pagar impuestos. Sus propuestas para cuando gobierne incluye enormes rebajas fiscales a las grandes fortunas, a las grandes empresas, y a la banca, privatizando la Seguridad Social y la gran mayoría de servicios públicos, medidas que beneficiarían enormemente a las personas de rentas superiores que derivan sus ingresos de las rentas del capital, a costa de las clases populares, que verían sus rentas y su calidad de vida claramente recortadas. Por cierto, poco se ha dicho en los medios españoles de los orígenes empresariales del Sr. Romney. El capital inicial que tal candidato obtuvo en sus negocios empresariales procedió de familias de El Salvador (Poma, Dueñas, de Sola y Salaverria) que financiaron las milicias paramilitares que impusieron un enorme terror en aquel país, responsables de que 35.000 salvadoreños fueran asesinaos en el periodo 1979-1984. Fue en 1984, cuando tales familias conocieron al Sr. Romney e invirtieron en las actividades del hoy candidato republicano (ver Sandy Smith-Nonni “Romney’s Blood Money”, Counter Punch. Agosto 24-26 2012). El sector que Romney representa del mundo empresarial estadounidense es el más reaccionario de aquel país, hoy centrado en el Tea Party.

Una situación semejante aparece en el gobierno conservador-neoliberal que existe en España, donde hay un gran número de empresarios privados que están trasladando, una vez en el gobierno, políticas claramente derivadas de su experiencia, que entran claramente en conflicto con el objetivo principal de la administración pública, que es el de servir a la ciudadanía. Ejemplos de ellos hay muchos. Pero uno de los más llamativos es en sanidad donde, a través de una serie de medidas que impone a las CCAA (que gestionan la sanidad pública), el gobierno está empobreciendo a los servicios públicos, favoreciendo a los servicios privados, medidas que responden a un proyecto conservador-neoliberal que tiene como objetivo el desmantelamiento de la sanidad pública. Nunca antes, tal sistema público ha estado tan atacado –con peligro de desmantelamiento- como ahora. Una de las razones de los recortes, que teóricamente se presentan como necesarios para reducir el déficit, es precisamente conseguir tal desmantelamiento.

Se me dirá, con razón, que el sector público puede y debe aprender del sector privado. Pero este argumento, aunque válido, se presenta constantemente como una justificación de unas prácticas que, en la práctica, consisten en la introducción de objetivos privados, como la optimización de beneficios empresariales a costa de los objetivos de los servicios públicos, que deberían siempre ser beneficiar el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía.