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| Isidoro Gracia |
Las personas que trabajan en cualquier organización, la caracterizan y condicionan, son sus valores, virtudes y su concepción de la ética pública los que estarán en la base y esencia de esa organización, y por tanto condicionarán los éxitos y fracasos de las políticas, de las estrategias e incluso la mera administración de los recursos. Quien crea que lo privado está por encima de lo colectivo primará lo privado y eso en los gobiernos tiene unas consecuencias. La historia nos muestra algún ejemplo próximo.
Después de 12 años de gobiernos conservadores, el entonces primer ministro crea un comité al que solicita la elaboración de Normas de Conducta para los miembros del gobierno, para fomentar en ellos los valores deseables así como para evitar actitudes antiéticas. La creación del comité se llevo a cabo en virtud del clima de degeneración en el que los escándalos de tipo económico, político y sexual aparecen mezclados.
El llamado informe Nolan se publicó en mayo de 1995 y es una referencia no sólo para la vida pública inglesa sino para cualquier gobierno interesado por la ética de sus políticos y funcionarios. Me parece que en el actual momento político español es conveniente tener en cuenta estos antecedentes. Empecemos con las recomendaciones a ministros.
La Comisión sugirió incluir los siguientes principios esenciales:
· Los Ministros no deben engañar al Parlamento. Deben ser tan transparentes como sea posible con el Parlamento y con el público.
· Los ministros deben asegurase de que no surja, ni que parezca que surge, ningún conflicto entre sus obligaciones públicas y sus intereses privados. Los Ministros son responsables ante el Parlamento en cuanto a las políticas y operaciones de sus departamentos y agencias.· Los Ministros deberían evitar aceptar cualquier regalo u hospitalidad que pudiera comprometer su criterio o ponerlos bajo una obligación indebida.
· Los Ministros deben mantener separadas sus funciones de Ministros de las de Diputados por un distrito electoral.
· Los Ministros deben mantener separadas sus funciones ministeriales de las de partido. No pueden pedir a los funcionarios que realicen funciones de partido ni que actúen de una forma que crearía un conflicto con el Código de la Administración Pública.
¿Cuántos de los actuales ministros, incluyendo al presidente de gobierno, pasarían una evaluación basada en estos principios?
Quizá valga la pena seguir con el tema de la compatibilidad del interés privado con la moral pública, incluso de un posible manual para parlamentarios, jueces y gobiernos simplemente decentes. Continuará.
